La lucha por el derecho al aborto: una deuda de la democracia argentina
Cristina Brítez|
Desde el año 2005 la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha dado fuerza, visibilidad y organización al reclamo, convirtiéndolo en un debate público e instalando el tema en la agenda política.
En países donde el aborto se reguló de manera más permisiva, las tasas de mortalidad materna por abortos disminuyeron considerablemente. En Uruguay los abortos eran responsables del 37% de las muertes maternas hasta el año 2005, y desde 2012, cayeron hasta representar alrededor de un 8%, ocupando uno de los lugares con menor índice de mortalidad materna en toda América. En España, el número de abortos descendió en términos absolutos y relativos desde que se legalizó esta práctica en 2010, de igual manera sucedió en Portugal a partir del año 2007.
Como demuestran los índices internacionales, la aprobación de la despenalización del aborto no sólo ha contribuido a disminuir la mortalidad de mujeres en período de gestación, sino que también promueve la concientización y la igualdad de oportunidades en las sociedades.
Ha llegado la hora de atender el reclamo de la lucha que ha enarbolado el colectivo de mujeres en Argentina, para establecer políticas públicas e inclusivas que contemplen y protejan la integridad de la mujer, dentro de un marco de respeto y aceptación sobre la autonomía del cuerpo femenino.
Argentina como país signatario de pactos y convenciones de DDHH y sus protocolos facultativos, está obligada a garantizar a las mujeres los derechos a la vida, al máximo nivel posible de salud física y mental, a la igualdad y no discriminación, a la intimidad y a la autonomía reproductiva, a la libertad, a la libertad de conciencia y religión, entre tantos otros. La prohibición del aborto y la falta de acceso a procedimientos seguros, de calidad y gratuitos constituyen una clara violación a los mismos.
El aborto clandestino es desde hace décadas la primera causa de muerte materna. El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es integral y contempla educación sexual, acceso a anticoncepción gratuita, cuidados a todas las personas gestantes que deciden abortar y acompañamiento psicológico. La criminalización del aborto solo da como resultado abortos inseguros y la muerte de mujeres.
*Diputada nacional argentina, del Frente para la Victoria