La deuda venezolana, las sanciones del gobierno de Trump y la salida a la crisis desde una perpectiva revolucionaria

Que tenemos o qué nos queda? Innegablemente, tenemos una estructura económica hiperdependiente de la renta petrolera que durante los últimos 34 años ha presentado varios momentos críticos de su crisis de carácter estructural, dando cuenta de una realidad que ya se hace insostenible para la población venezolana. Nos referimos al quiebre del modelo rentista petrolero que ha definido a la economía venezolana desde inicios del siglo pasado, siendo el actual momento expresión del carácter estructural de dicha crisis, aunque con manifestaciones como nunca antes había vivido y soportado el pueblo venezolano. Por otra parte, nos sigue quedando la profundización de un modelo diseñado para la extracción delictiva de capital que no genera riquezas, sino que por el contrario, se sustenta en el control del estado por parte de elites de poder, que van surgiendo o transformándose a la luz de cada boom petrolero, para buscar capturar parte importante de esa renta petrolera en confabulación con intereses transnacionales.

Por otra parte, tenemos que reconocer que esta situación de crisis venezolana, está ocurriendo en el marco de profundas modificaciones que viene sufriendo el sistema capitalista mundial en este siglo XXI, proceso caracterizado por una reconfiguración de las relaciones de poder, surgidas a raíz de la crisis financiera del 2008 |1| que tiene su expresión en las propias contradicciones del sistema que dan cuenta de cambios cualitativos. Esos que nos obligan a repensar el uso de categorías y conceptos para poder comprender la actual geopolítica mundial y caracterizar con mayor nivel de claridad al capital en el siglo XXI.

Nos referimos concretamente a la importancia y al papel que juega en la correlación de fuerzas mundial, el sector financiero y sus diversos vasos comunicantes con élites políticas y sectores de la economía real. En este sentido, cabe mencionar las innumerables publicaciones donde se menciona que la economía financiera se ha devorado en más de tres veces a la economía real, es decir, la economía financiera representa 150 trillones de dólares, mientras que la real representa aproximadamente 48 trillones de USD |2| (un trillón es aproximadamente cien veces la edad del nuestro universo). Tal situación obliga al capital a tener que generar mecanismos para su permanente reproducción y acumulación, lo que ha ido fomentando en este siglo XXI la confrontación entre empresas transnacionales y grupos de poder, por el control y la monetización de: recursos naturales, fuentes energéticas, recursos minerales, entre otros, que van tributando al capital financiero internacional, como el gran colofón del espiral de acumulación del capital a nivel planetario.

Pues bien, es en el marco de este contexto internacional, donde se desarrolla la actual crisis venezolana, queremos referirnos en este trabajo a la situación actual de la deuda venezolana y como ésta incide negativamente en nuestra crisis. Igualmente hacemos referencia a los efectos que sobre dicha crisis tienen las sanciones impuestas por la administración de Trump y a las posibles salidas para minimizar el impacto negativo que, desde una perspectiva revolucionaria o mejor dicho de izquierda, tendrían dichas medidas. Esto implica no tener que seguir cargando la crisis sobre los hombros del pueblo venezolano, tal como hasta ahora lo viene haciendo el actual gobierno, con la venia y complicidad de los sectores políticos y económicos que se organizan en torno a la denominada Mesa de la Unidad Democrática, MUD.

Cuál es el Perfil de la deuda venezolana

El hecho de que una nación defina dentro de su estrategia de desarrollo, sea cual sea, adquirir deuda, no es una situación que sea mala per se, el asunto está en cuando dicha estrategia se convierte en un mecanismo delictivo de apropiación de capitales que termina conduciendo a situaciones de vulnerabilidad social y política que atentan no solo contra la soberanía de un pueblo, sino que como un hecho inadmisible comprometen el futuro soberano de la nación.
En los actuales momentos, sin considerar otros elementos, la deuda pública total (soberana y de PDVSA) de Venezuela se ubica en aproximadamente 181.038 millones de dólares |3|, monto cuya composición mayoritaria, aproximadamente entre el 77 y 80%, está organizado en bonos.

Cabe destacar que dicha deuda, tiene una situación muy particular y es que, lamentablemente, lo que podríamos llamar como deuda interna, salvo que nos demuestren lo contrario, la podemos tipificar como “deuda interna externalizada” ya que gran parte de dicha deuda, está relacionada con bonos que se han pagado y pagaran a su vencimiento en dólares estadounidenses. Nos referimos a bonos que fueron adquiridos en bolívares pero que, tanto su cupón como su pago al vencimiento, se deben realizar en dólares. Tal situación, nos hace suponer que cuando nos referimos a deuda interna, estamos hablando de un eufemismo porque nos referimos concretamente a una deuda adquirida en el territorio nacional, pero cuyo compromiso de pago se realizara en una moneda extranjera, es decir, en dólares.

Nuestro país no siempre realizó este tipo de operaciones de deuda (deuda interna externalizada), este tipo de apalancamiento financiero se inició a partir del año 2007, cuando PDVSA emitió bonos pagados en USD |4| que, aunque era un monto relativamente bajo (7.500 millones de USD con respecto a la deuda total de 16.006 millones USD de PDVSA para el año 2007) para aquel momento, es indudable que estas operaciones, abrieron las compuertas para el desarrollo de una forma de captar renta petrolera como expresión de un patrón mafioso de acumulación, ya que en Venezuela a partir del año 2003, se inició como política económica para evitar la “fuga de capitales” el establecimiento de un control cambiario, el cual ha seguido operando hasta nuestros días sin mayores efectos, salvo los que se han ido creando como producto de la corrupción expresada, entre otras estrategias, en la fuga delictiva de capitales.
El uso de la deuda como mecanismo de captura de capitales, se puede corroborar a través del comportamiento de algunos indicadores que nos definen el perfil de la actual deuda venezolana. Nos referimos al hecho de que el país incrementa su deuda durante el período de mayor boom petrolero de toda su historia, y que a pesar de ocurrir una disminución del precio de la cesta petrolera venezolana -como se puede observar a partir del año 2013 – continua la tendencia de crecimiento de la deuda pública total, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.

Deuda Total (No incluye PDVSA) vs Cesta Petrolera

Fuente: Ministerio de Energía y Petróleo (precio del petróleo), Ministerio de Economía y Finanzas (Deuda Pública).

En el siguiente cuadro, veamos como en el caso de PDVSA se incrementó la deuda durante el período 2009 al 2014, siendo emblemático el 2011 cuando el precio del barril de la cesta petrolera pasa la barrera de los 100 dólares por barril, y la tasa de variación de la deuda se ubicó por el orden del 39%.

  Deuda Financiera de PDVSA 2007 – 2016 |5|

En cuanto a la deuda como porcentaje del PIB, se puede ver en el siguiente gráfico cómo ésta pasa de ubicarse para el año 2008 en torno a un 17,6%, a un 71% en el año 2015. Cabe destacar que nos referimos a la deuda pública total, sin considerar la deuda de PDVSA, lo que nos lleva a inferir que la deuda total, incluyendo PDVSA, pudiera estar ubicándose para el año 2016 como porcentaje del PIB en torno al 100%.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Deuda Pública) y CEPAL (Producto Interno Bruto), elaboración propia.

En cuanto a la relación deuda versus reservas internacionales, tenemos que la deuda total, sin incluir a PDVSA, pasó de estar ubicada en torno al 104% para el año 2008 a 1502% para el presente año, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Deuda Pública) y Bcv (Reservas Internacionales), elaboración propia.

Perfil de la deuda venezolana tomando en cuenta algunos criterios de sostenibilidad social

Partiendo de la resolución de las Organización de las Naciones Unidas, ONU, que en el año 2012 estableció Principios Rectores sobre la Deuda Externa y los Derechos Humanos, donde expresamente busca priorizar a las personas por encima de lo que es y significa el pago del servicio de la deuda para algunas naciones al “garantizar la primacía de los derechos humanos”, donde los estados, independientemente de sus obligaciones de deuda, no pueden ir en contra de las condiciones de vida de la población, veamos en el caso venezolano cómo entender el criterio de sostenibilidad social de la deuda, a partir de algunos indicadores e información relacionada con el hecho social.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Crédito Publicó, el país tiene una proyección en cuanto a pagos de servicios de la deuda pública total anual (sin PDVSA) que se ubica para el presente año y los próximos años como se muestra en el siguiente cuadro.

Proyecciones del Pago en Servicio de la Deuda en millones de dólares del 01/01/17 al 31/12/19 |6|

Por otra parte, el Presidente Nicolás Maduro ha informado públicamente (el 25 de agosto del presente año) que su gobierno había cancelado por concepto de compromisos internacionales durante los últimos veinticuatro (24) meses, la cantidad de 65.000 millones de dólares de EEUU. Es obvio que una cantidad como esa lleva incluido el pago del servicio de la deuda pública y otros compromisos más. Hasta los momentos el gobierno se ha ufanado de decir que se ha “portado bien con el capital internacional”, ya que, a pesar de la crisis y las penurias por las que viene atravesando el pueblo venezolano, el gobierno ha cumplido fielmente con sus compromisos internacionales.

De acuerdo con la información suministrada en la Memoria y Cuenta del 2014 del Ministerio de Salud, el Servicio de Elaboración Farmacéutica, SEFAR adscrito a dicho ministerio, durante el referido año por falta de dólares, se vio obligado a reducir la fabricación de medicamentos genéricos, logrando fabricar tan solo 8.035.701 unidades de fármacos, cuando la meta era producir 18.730.000 unidades, es decir, solo se logró producir un 43% de la meta fijada. Esa información tan solo la tenemos en un sector, pero sabemos que la escasez de productos básicos, que forman parte de la canasta alimentaria del venezolano se ha ido profundizando, como también se ha incrementado la pérdida de poder adquisitivo de las familias venezolanas. De acuerdo con información suministrada por el FMI, para el presente año se estima que el país cierre con una inflación cercana al 1.134% y una caída de 7.4 del producto interno bruto.

Por otra parte, teniendo como referencia el año 2012, sin considerar otros elementos de análisis crítico, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el país importó en medicamentos durante ese año, la cantidad de 2.761.276.699 de USD, lo que equivale a decir, que si el gobierno quisiera paliar el drama de la escasez de medicamentos que está viviendo el venezolano, podría destinar más recursos para la salud y menos para el pago de deuda, ya que como se puede observar, la necesidad de medicamentos en términos de dólares que necesita el país, durante un año representa, aproximadamente un 8,4% |7| del monto total cancelado en compromisos internacionales, tal como lo expresó el presidente Nicolás Maduro. Pero también podemos decir, que esta misma cantidad representa un 29% del pago del servicio de la deuda para el presente año y un 15% para los años 2018 y 2019.

Las sanciones ejecutivas de Trump y cómo afectan a la estrategia financiera del gobierno de  Maduro

Como se puede observar en el punto anterior relacionado con el perfil de la deuda venezolana, y ante una importante caída en los precios internacionales del barril de petróleo, para el actual gobierno su prioridad ha sido el tener que cumplir a cabalidad con los compromisos internacionales, antes que buscar resolver el profundo drama social que tiene el pueblo venezolano. En este sentido, como producto de la merma significativa de los ingresos petroleros, variable que escapa al control del propio gobierno, la estrategia financiera desarrollada ha sido en tres vertientes. Una el tener que seguir endeudándose con aliados internacionales, bien sea a través de préstamos pagaderos con petróleo y colocando como garantía las acciones de Citgo |8|.

La segunda, mediante la emisión de bonos como fue la última realizada en diciembre 2016 |9| al margen de lo que establece la Constitución, ya que este tipo de operaciones debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, y la tercera mediante la realización de operaciones de reingeniería financiera. Esta estrategia con estas tres vertientes, ha representado el establecimiento de compromisos que han sido lesivos para la república. En este sentido, vale citar los casos de algunos convenios firmados en torno a las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco |10|, los convenios firmados en torno al Arco Minero del Orinoco y la venta de deuda con apetitosos descuentos para los inversionistas mejor denominados como “fondos buitres”, siendo el caso más emblemático la venta de bonos al Banco de Inversión norteamericano Goldman Sachs realizado en mayo del presente año con un descuento estimado en aproximadamente 69% de su valor facial. Venta que se realizó el BCV a Goldman Sachs a través de un intermediario financiero.

Ante la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que por su constitución e instalación ha sido nefasta para el país, y a pesar del pago de lobistas que ha venido realizando el gobierno del presidente Nicolás Maduro a la administración de Estados Unidos para “ablandar” la actitud belicista que mantienen algunos grupos de poder, el pasado 25 de agosto el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva imponiendo sanciones financieras al gobierno de Maduro, siendo dichas sanciones parte de un conjunto de amenazas y acciones que han ido del micrófono a hechos concretos.

Dichas sanciones, que posteriormente fueron definidas con mayor precisión por el Departamento del Tesoro, se resumen en: restricciones o impedimentos para que el sistema financiero norteamericano sirva de plataforma a operaciones financieras tanto del gobierno como de PDVSA; sobre todo en operaciones de emisión de nueva deuda y de algunos bonos como es el caso del Bono Soberano Internacional Amortizable 2036, así como el pago de dividendos de la empresa Citgo a su casa matriz PDVSA.

Uno de los aspectos que llama poderosamente la atención, porque a todo evento no es denunciado por el gobierno de Venezuela, es que al precisar las sanciones por parte del Departamento del Tesoro, aparecen en la lista de los activos financieros perdonados, tres (3) bonos identificados: ISIN XS0838835451, XS0504851535 y XS0838864808 que suman la cantidad de 1.022 millones de dólares que si bien se confunden con bonos de la deuda venezolana, no forman parte de la deuda. Según la nota de prensa que lo denuncia, son de carácter privado y fueron constituidos por “empresas de maletín” en paraísos fiscales. Esta situación nos corrobora que dichas sanciones indudablemente tienen vínculos con grupos de poder e intereses económicos más allá de los “intereses del pueblo venezolano” que dice la Orden Ejecutiva defender.

Es indudable que las sanciones impuestas al gobierno de Venezuela, están dirigidas a generar ahogo financiero, ya que, como comentábamos anteriormente, las mismas restringen el uso de la plataforma bancaria de Estados Unidos para la estrategia que en materia financiera ha venido ejecutando el gobierno de Nicolás Maduro en aras de paliar en el corto plazo, las necesidades de flujo de caja en dólares y poder garantizar, aunque ello implique mayores penurias para el pueblo venezolano, el perfil de buen pagador y garante de los intereses del capital transnacional. Pero también debemos decir, que estas sanciones contribuyen, de alguna manera, a fortalecer las relaciones que en el plano de la geopolítica mundial viene consolidando el gobierno del presidente Maduro con los capitales chinos y rusos |11|, aunque ello signifique, como efectivamente está ocurriendo, ceder progresivamente soberanía. En síntesis, para el gobierno del presidente Maduro, en el marco de las piezas del rompecabezas mundial, pareciera que al país no le queda otra opción, que formar parte importante de la estrategia de otros intereses imperiales en el reparto y control de territorios y países en este siglo XXI.

Ante esta dramática situación que salidas dignas y soberanas tendría Venezuela

Cualquier propuesta en materia económica, desde una perspectiva de izquierda, debe plantear colocar como condición sine qua non, atender con dignidad y soberanía el drama social que actualmente aqueja al pueblo venezolano. Para ello es fundamental que con transparencia y equidad, se construyan salidas estratégicas a la crisis económica partiendo por resolver los problemas concretos que en el corto plazo aquejan al pueblo venezolano como lo es el tema de la escasez en cuanto a bienes esenciales (caso dramático es el de las medicinas), el crecimiento económico (PIB) y la pérdida de poder adquisitivo de los precarios ingresos de las familias venezolanas.

En este orden de ideas, vemos como diversos economistas -inclusive tan renombrados como Ricardo Hausmann – han venido planteando como aspecto fundamental para que el país pueda salir de la dramática situación de crisis, la necesidad de realizar una reestructuración negociada de la deuda en aras de buscar realizar una quita tanto de capital como de intereses. Nosotros consideramos que una gran parte de la deuda venezolana está asociada a un mecanismo delictivo de captura de renta petrolera.

Por lo que reiteramos que la solución a la crisis por la que está atravesando el país, amén del fenómeno político expresado en la ilegitimidad de propuestas estratégicas viables (visión de país) y poca credibilidad y perdida de los liderazgos tanto del PSUV-Gobierno como de la Oposición-MUD, pasa necesariamente, tal como lo planteamos en un documento publicado en mayo del presente año por: declarar la moratoria unilateral de la deuda y, abrir, con el apoyo internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegitimas (CADTM), una auditoria publica y ciudadana, con la participación de los movimientos sociales y pueblo organizado, para determinar que parte de esa deuda legalmente y legítimamente debe ser reconocida para plantear un proceso de reestructuración que implique una quita de su capital e intereses y que parte de esa deuda, por considerarla ilegal, ilegitima y odiosa, no debe ser reconocida. De esta manera, ante el pago nefasto del servicio de la deuda, tal como lo viene haciendo el Gobierno, darle prioridad a resolver los múltiples problemas de salud, alimentación y condiciones de precariedad por las que está atravesando el pueblo venezolano.