La apropiación de conocimientos y los beneficios del Big Pharma en tiempos del coronavirus

 Las patentes, los ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), el Big Pharma…

El saber, los descubrimientos científicos, los procedimientos técnicos deberían constituir un bien común de la humanidad. Cuanto más se extendió el capitalismo, más favoreció la apropiación privada de los conocimientos y de las técnicas, especialmente por medio del sistema de patentes. Porque el gran capital no solo no comparte los conocimientos sino que se los apropia y luego el público los ha de pagar.

El gran capital acapara los resultados de las investigaciones efectuadas en universidades o en centros de investigación públicos. También patenta las semillas que son el resultado de múltiples selecciones realizadas a los largo de los siglos por los campesinos y campesinas. Como ejemplo, la firma Del Monte, del agronegocio, hizo patentar tomates producidos por las poblaciones de los Andes, y ahora pretende hacerles pagar un derecho sobre sus semillas.

El gran capital no solo no comparte los conocimientos, sino que se los apropia y luego el público los ha de pagar

Cuando la Organización Mundial del Comercio se estableció en 1995, el Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (ADPIC) (en inglés TRIP’s, Trade Related Intelectual Property Rights) permitió que las grandes empresas capitalistas reforzaran su poder. Ese acuerdo concierne a ámbitos tan diversificados como son la programación informática y el diseño de circuitos impresos, los productos farmacéuticos y los cultivos transgénicos. Define unas normas mínimas sobre las patentes, los derechos de autor, las marcas comerciales y los secretos de fabricación. Esas normas las genera la legislación de los países industrializados e imponen, por lo tanto, a todos los miembros de la OMC el tipo y nivel de protección de esos mismos países.

El Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (ADPIC) permitió a las grandes empresas capitalistas reforzar su poder

Esas normas son netamente más estrictas que la legislación vigente en la mayoría de países en desarrollo antes de su adhesión a la OMC, y entran, a menudo, en conflicto con los intereses y necesidades propias de esos países. Es posible obligar a un país a aplicar el acuerdo ADPIC de la OMC por medio del sistema integrado de arreglo de diferencias. En la práctica, eso significa que si un país no respeta sus obligaciones en materia de derechos de propiedad intelectual, puede que se le impongan sanciones comerciales, y eso constituye una seria amenaza.

El FMI, el Banco Mundial y las grandes potencias utilizaron toda su influencia, especialmente mediante su calidad de acreedores, para obligar a los países en desarrollo reacios a respetar el acuerdo ADPIC. Más aún, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países ricos consiguieron acuerdos bilaterales que ofrecen una protección de sus patentes todavía más estricta que las «normas mínimas» definidas en el acuerdo ADPIC: son las normas «ADPIC más».

En el seno del comité ADPIC de la OMC, desde 2020, varias grandes potencias, entre las cuales la Unión Europea, el Reino Unido y Japón se oponen al levantamiento temporario de las patentes sobre las diferentes vacunas contra el coronavirus (Covid-19) (véase más adelante). Por su parte, el gobierno de Biden, que había anunciado en mayo de 2021 que era favorable al levantamiento temporario de dichas patentes, hasta ahora no ha hecho nada en concreto para hacer avanzar ese tema.

La razón principal reside en el hecho de que esas patentes son la fuente de enormes beneficios para las grandes firmas farmacéuticas privadas. Estas industrias están protegidas y favorecidas por gobiernos que les permiten abusar de su posición.

El FMI, el Banco Mundial y las grandes potencias utilizaron toda su influencia, especialmente mediante su calidad de acreedores, para obligar a los países en desarrollo reacios firmar el ADPIC.

Como escribe Peter Rossman: «Las empresas farmacéuticas financiarizadas deben considerarse como organizaciones que gestionan sus operaciones en términos de un conjunto de activos financieros más que activos físicos. Su principal activo financiero está constituido por las patentes, que generan el 80 % de sus beneficios.»

Rossman precisa que: «En 1980, Estados Unidos adoptó una ley que autorizaba a las pequeñas empresas y a las universidades patentar sus invenciones desarrolladas con fondos públicos. Antes, esas invenciones o descubrimientos iban automáticamente al gobierno que los concedía, bajo licencia, a fabricantes de productos genéricos, o estaban directamente introducidas en el dominio público. Las universidades y los jóvenes emprendedores están ahora integrados en un complejo de conocimientos dirigido por las empresas. La ‘transferencia de tecnología’ transformó la investigación pública en patentes privadas.» [1]

Las patentes generan el 80 % de los beneficios del Big Pharma, según Peter Rossman

Rossman prosigue: «las empresas están cada vez más financiarizadas, reduciendo los gastos ligados a las capacidades de producción, a los empleados e incluso a la I+D, con el fin de liberar liquidez para distribuir entre los accionistas bajo forma de dividendos y realizando recompras de acciones. [2] En dos de las mayores empresas, Pfizer y Johnson &Johnson, los gastos ligados a la recompra de acciones y a los dividendos entre 2006 y 2015 superaron sus ingresos netos totales.

Durante el período de 2006 a 2015, Pfizer pagó 131.000 millones de dólares a sus accionistas

»Estas dos empresas apuntaron hacia el mercado de préstamos para financiar los crecientes rendimientos de los inversores y de sus altos ejecutivos, utilizando los activos de propiedad intelectual como garantía.» Durante ese período de 2006-2015, Pfizer pagó 131.000 millones de dólares a sus accionistas, al mismo tiempo que gastaba 82.000 millones de dólares en I+D. [3]

 En el contexto de la pandemia de la Covid-19

Desde la extensión de la pandemia a todo el mundo, el debate sobre las patentes se volvió fundamental. En el seno de la OMC, 62 países, liderados por India y Sudáfrica, propusieron el 2 de octubre 2020 la renuncia a las obligaciones de los Estados miembros con respecto al acuerdo ADPIC, y que esa determinación se aplicara a todos los productos necesarios a la prevención, el confinamiento y el tratamiento de la Covid-19.

La propuesta quedó bloqueada en la OMC, especialmente por la posición de la Comisión Europea que rechazó adherirse a la opinión del Parlamento Europeo, aunque éste había votado dos veces a favor de la retirada de las patentes sobre las vacunas. [4] En septiembre 2021, 105 países apoyaban la propuesta de la India y de Sudáfrica. [5]

En la OMC, 105 países apoyan India y Sudáfrica a favor de la renuncia a las obligaciones de los Estados miembros con respecto a las patentes concernientes a la Covid-19

 Una doble dosis de desigualdad

Es una cuestión literalmente vital. Si se mantienen las patentes, una gran parte de la población de los países del Sur global que desee vacunarse no lo podrá hacer, ya que no tendrá acceso a esas vacunes en unos plazos razonables. En agosto de 2021, menos del 2 % de los 1.300 millones de habitantes de África tenían la pauta de vacunación completa, cuando en Europa occidental, Estados Unidos y Canadá era del 60 %.

Con fecha de junio de 2021, de las 2.295 millones de las dosis administradas en el mundo un cuarto fue administrado en los países del G7, donde vive solamente el 10 % de la población mundial. Según los datos recogidos por un grupo de investigadores de la universidad de Oxford, en septiembre de 2021, únicamente el 2,1 % de la población de los 27 países más pobres habían recibido una dosis de una vacuna contra la Covid-19. [6] Y solo el 0,3 % fue a los países de ingresos bajos, según la OMS, aunque en ellos vivan cerca de 700 millones de personas..

Según Amnistía Internacional, menos del 1 % de la población recibió dos dosis de vacuna en dichos países. Siguiendo con el informe publicado por esa organización el 22 de septiembre de 2021, sobre los 5.760 millones de dosis inyectadas, solamente el 0,3 % fue en los países de ingresos bajos. [7] En ese informe con título sugestivo, «Una doble dosis de desigualdad», AI denuncia el comportamiento de las 6 grandes compañías privadas que producen la mayoría de las vacunas anticovid en los países ricos (Astra Zeneca, BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer).

Según Amnistía: «Esas seis empresas, al mando del despliegue de vacunas contra la Covid-19, alimentan una crisis de derechos humanos sin precedentes al negarse a renunciar a sus derechos de propiedad intelectual y compartir su tecnología, y además, la mayoría de esas industrias farmacéuticas se abstienen de enviar vacunas a los países pobres.» [8]

En agosto de 2021, menos del 2 % de los 1.300 millones de africanos estaban completamente vacunados contra más del 60 % de las poblaciones de Europa occidental y de Estados Unidos y Canadá

 COVAX no es la solución

Los gobiernos de los países del Sur deberán endeudarse si quieren ver a su población vacunada, ya que las iniciativas del tipo COVAX son totalmente insuficientes y consolidan la influencia del sector privado. COVAX está codirigido por tres entidades: 1. La Alianza GAVI, una estructura privada en la que participan empresas y Estados. 2. La Coalición para las innovaciones sobre la preparación a las epidemias (CEPI), que es otra estructura privada en la que participan igualmente firmas capitalistas y Estados. 3. La Organización Mundial de la Salud, OMS, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas.

Según Amnistía Internacional, Astra Zeneca, BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer, al mando del despliegue de vacunas contra la Covid-19, alimentan una crisis de derechos humanos sin precedentes

Entre las empresas que financian e influyen en GAVI se encuentran, especialmente, la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, Blackberry, Coca Cola, Google, la Federación internacional de comercialización de productos farmacéuticos (International Federation of Pharmaceutical Wholesalers), el banco español CaixaBank, el banco UBS (principal banco suizo privado y el mayor banco de gestión de fortunas en el mundo), las sociedades financieras Mastercard y Visa, el constructor de motores para aviones Pratt & Whitney, la firma multinacional estadounidense especializada en los bienes de consumo corrientes (higiene general y personal) Procter & Gamble, la multinacional agroalimentaria neerlando-británica Unilever, la sociedad petrolera Shell International, la firma sueca de streaming musical Spotify, la firma china TikTok, la compañía de automóviles Toyota,… [9]

Entre las empresas que financian e influyen Covax: la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, Blackberry, Coca Cola, Google, el banco USB principal banco privado suizo y el mayor banco de gestión de fortunas en el mundo), las sociedades financieras Mastercard y Visa, la sociedad petrolera Shell

La segunda estructura que codirige COVAX es la Coalición para las innovaciones sobre la preparación para las epidemias (CEPI), que fue fundada en Davos en 2017, con ocasión de una reunión del Foro Económico Mundial. Entre las sociedades privadas que financian e influyen fuertemente en el CEPI, encontramos, otra vez, a la Fundación Bill & Melinda Gates, que invirtió 460 millones de dólares.

La composición de la iniciativa COVAX nos dice mucho sobre la renuncia de los Estados y de la OMS a responsabilizarse de la lucha contra la pandemia en particular y con respecto a la salud pública en general. Eso se enmarca en la ola de neoliberalismo que inunda el planeta desde los años 1980. El Secretario General de las Naciones Unidas así como las direcciones de las agencias especializadas del sistema de la ONU (por ejemplo la OMS encargada de la salud y la FAO encargada de la agricultura y de la alimentación) sufrieron una fuerte evolución, en la mala dirección, durante los últimos treinta o cuarenta años.

Desde esa época se remitieron cada vez más a la iniciativa privada dirigida por un número restringido de grandes empresas de acción planetaria. Los jefes de Estado y de gobierno tomaron el mismo camino. Podríamos decir que son los gobiernos los que tomaron la iniciativa pero, al hacerlo, se aceptó que esas grandes empresas se vean asociadas a las decisiones, y salgan favorecidas en las opciones elegidas. [10]

La composición de la iniciativa COVAX dice mucho sobre la renuncia de los Estados y de la OMS a responsabilizarse de la lucha contra la pandemia y con respecto a la salud pública en general

Recordemos que hace más de 20 años que los investigadores y las investigadoras y los movimientos sociales, especializados en el ámbito de la salud, propusieron que las administraciones públicas invirtieran dinero suficiente para producir medicamentos eficaces y vacunas contra los diferentes virus de «nueva generación» ligados al aumento de las zoonosis. Una gran mayoría de Estados prefirió remitirse para ese problema al sector privado, permitiéndole tener acceso a los resultados de investigaciones realizadas por organismos públicos, cuando, en realidad, lo necesario era invertir directamente en la producción de vacunas y de tratamientos en el marco de un servicio público de salud.

Ya lo hemos visto: la iniciativa COVAX no constituye en absoluto una solución. COVAX había prometido suministrar, antes del final de 2021, 2.000 millones de dosis a los países del Sur que las pidieran y que estén asociados a la iniciativa. En realidad, se constató que a principios de septiembre de 2021, solamente 243 millones de dosis fueron enviadas al Sur. [11] Así que, como consecuencia, el objetivo de los 2.000 millones de dosis se retrasa al primer semestre de 2022.

Todas las grandes potencias del Norte no cumplieron las promesas que habían hecho. Por ejemplo: La Unión Europea se había comprometido a librar 200 millones de dosis a los países más pobres antes del final de 2021, pero, hasta ahora solo se envió unos 20 millones, como lo reconoció el martes 7 de septiembre de 2021, Clement Beaune, secretario de Estado encargado de los Asuntos europeos dentro del gobierno francés. [12]

C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool, en castellano Grupo de acceso a las tecnologías contra la Covid-19) es otra iniciativa decepcionante tomada por la OMS. C-TAP incluye los mismos protagonistas que COVAX. Fue creada para poner en común la propiedad intelectual, los datos y los procedimientos de fabricación, alentando a las firmas farmacéuticas poseedoras de patentes a conceder a otras compañías el derecho de producir vacunas, medicamentos o tratamientos, facilitando la transferencia de tecnología. Ahora bien, hasta hoy, ningún fabricante de vacunas compartió sus patentes o sus conocimientos por medio del C-TAP. [13]

Hasta hoy, ningún fabricante de vacunas compartió sus patentes o conocimientos por medio del C-TAP

Frente al fracaso de COVAX y de C-TAP, los y las firmantes del manifiesto ¡Acabemos con el sistema de patentes privadas!, lanzado por el CADTM en mayo de 2021 tienen razón en afirmar que: «Iniciativas como COVAX y C-TAP fracasaron lamentablemente, no solo debido a su falta de adecuación, sino, sobre todo, porque responden al fracaso del sistema actual de gobernanza mundial por parte de iniciativas en las que los países ricos y las multinacionales, a menudo bajo la forma de fundaciones, tratan de remodelar el orden mundial a su gusto.

La filantropía y las iniciativas público-privadas en pleno auge no son la solución. Y todavía lo son menos frente a los retos planetarios actuales en un mundo dominado por Estados e industrias guiadas solamente por la ley del mercado y el máximo beneficio.» [14] Volveremos sobre las alternativas en la segunda parte de esta serie.

  Los colosales beneficios acumulados por el Big Pharma

Los ingresos brutos y los beneficios netos que están acaparando las industrias del Big pharma gracias a las patentes son escandalosos. Según el informe de Amnistía Internacional citado antes, tres de las seis grandes firmas producen vacunas anticovid. «BioNTech, Moderna y Pfizer tendrían que obtener 130.000 millones de dólares USD de recaudación desde hoy a fines de 2022» Esa cantidad es dos veces y medio el Producto Interior Bruto de la República Democrática del Congo, que cuenta con 100 millones de habitantes.

Otra comparación: 130.000 millones de dólares son 20 veces el presupuesto de la RDC para el año 2021. Esa suma de 130.000 millones de dólares equivale a 2/3 del presupuesto total de la Unión Europea para el año 2021. 130.000 millones de dólares son 10 veces el presupuesto de salud de India del año fiscal 2020-2021. [15]

Tres de las mayores industrias privadas del Big pharma tendrán unos ingresos de 130.000 millones de dólares de aquí hasta finales de 2022, o sea, 20 veces más que el presupuesto completo para 2021 de la República Democrática del Congo, que cuenta con cerca de 100 millones de habitantes

Aproximadamente, el coste de producción de una dosis de vacuna anticovid varía entre 1 y 2 euros, mientras que los gobiernos del Norte la compran a un precio entre 10 y 20 veces mayor. [16] Así es como Pfizer vende una dosis al Estado de Israel por 23 euros y a la Unión Europea por 19,50 euros.
Hay que señalar que el precio pagado por la Comisión Europea por una dosis de vacuna Pfizer pasó de 15,50 a 19,50 euros entre fines de 2020 y el verano de 2021. La vacuna de Moderna, que costaba 19 euros pasó a 21,5 euros. [17] Y esos aumentos se producen cuando los costes de producción están disminuyendo, ya que cuando aumenta la producción el coste unitario se reduce.

 La acción puede producir resultados positivos

La industria farmacéutica quiere hacernos creer que sus patentes y sus beneficios son indispensables `para la investigación y la salud humana. Pero el proceso de Pretoria, en 2001, ¡demuestra lo contrario! Son capaces de aceptar cientos de miles de muertos con tal de defender sus beneficios y sus patentes. Sudáfrica había votado en 1997 una ley que le daba la posibilidad de hacer importaciones paralelas, de licencias obligatorias o de sustitución por genéricos frente a la urgencia del sida. Los 39 mayores grupos farmacéuticos mundiales atacaron esa ley en 1998.

Según el Big Pharma esa ley contravenía los derechos de exclusividad conferidos por las patentes. Una vigorosa movilización de organizaciones sudafricanas, entre las cuales la TAC, Treatment Action Campaign, extendida a todo el mundo por campañas de petición y de denuncia, en particular, por Médicos sin fronteras, Aides, Act-Up, demostró que privados de un tratamiento antiviral desde el bloqueo de esa ley, 400.000 habitantes de Sudáfrica habían muerto de VIH. Ante el escándalo mundial, los laboratorios se vieron obligados a retirar su denuncia en pleno proceso. En esa ocasión, el derecho a la salud prevaleció sobre el derecho de las patentes. [18] Un ejemplo a seguir en estos tiempos de Covid.