Inseguridad social creciente en un planeta polarizado: 4.000 millones sin protección
Sergio Ferrari, desde Suiza
Una de cada dos personas en el mundo no cuenta con ningún tipo de protección social. Realidad que desnuda asimetrías continentales y sectoriales significativas.
Aunque la crisis producto del COVID 19 promovió una expansión sin precedentes de iniciativas y programas de protección social, más de 4.000 millones de personas continúan completamente desprotegidas. La respuesta social a la pandemia ha sido desigual e insuficiente: aumentó la brecha entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos y no logró brindar una cobertura básica para el conjunto de la población mundial. 
La cobertura que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera como esencial, cuando se refiere a la protección social, incluye el acceso a la atención médica y a la percepción de ingresos en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida de la principal fuente de ingresos de la familia.
Diagnóstico preocupante
En la actualidad, sólo un 47% de la población mundial está cubierta como mínimo por una prestación de protección social, en tanto el resto, 4.100 millones de personas, no cuenta con ningún tipo de cobertura. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022 que la OIT, con sede en Ginebra, Suiza, acaba de publicar la primera semana de septiembre. (https://www.ilo.org/wcmsp5/
Según este organismo internacional, las diferencias regionales son significativas. El continente americano, por ejemplo, cuenta con una tasa superior a la media mundial, con un 64.3% de cobertura, aunque lejos por detrás del 84% de Europa y Asia Central. Los Estados Árabes, con un 
40% y África, con apenas un 17.4%, confirman las evidentes deficiencias globales en el plano de la protección social.
La niñez, las mujeres, las personas con capacidades diferentes y los desempleados son los sectores más perjudicados por este sombrío panorama. Solo uno de cuatro niños y niñas se beneficia de una prestación social. Únicamente el 45% de las mujeres con hijos recién nacidos tiene derecho a una prestación de maternidad en efectivo. Y solo una de cada tres personas con alguna discapacidad grave recibe beneficios por invalidez. En cuanto a la población desempleada a nivel mundial, apenas un 18.6% cuenta con una cobertura efectiva.
La OIT constata que, si bien el 77% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben un aporte jubilatorio, persisten importantes disparidades regiones, así como entre zonas urbanas y rurales y entre hombres y mujeres.
Los números hablan por sí mismos: el gasto público en concepto de protección social varía de manera significativa a través del planeta. Como promedio los países destinan a la protección social un 12.8% del Producto Interior Bruto (PIB) — promedio internacional–, porcentaje que no incluye los presupuestos específicos para salud. Sin embargo, los países de altos ingresos invierten un 16.4% de su PIB en protección social mientras que los de bajos ingresos apenas un 1.1%.
La encrucijada
El nuevo Informe Mundial 2020-2022 que se publicó el 1 de septiembre, afirma que la comunidad internacional en su conjunto se confronta a una encrucijada esencial: seguir un “camino óptimo” de inversión en el refuerzo de sus sistemas de protección social o bien un “camino fácil” de provisión minimalista, sucumbiendo con ello a las presiones fiscales o políticas.
Y ratifica que el objetivo último debería ser que todas las personas estén protegidas tanto contra los impactos sistémicos como contra los riesgos ordinarios del ciclo de vida. La clave para lograrlo radica en dedicar más esfuerzos a la construcción de sistemas de protección social universal. Estos deben ser integrales, adecuados y sostenibles, y deben incluir un piso de protección social sólido que garantice al menos un nivel básico de seguridad social para todas las personas a lo largo de sus vidas.
Estos sistemas son esenciales para prevenir la pobreza y la desigualdad, así como para hacer frente a los retos hoy y mañana. El desafío esencial para reforzar este andamiaje de protección universal es el trabajo decente. Que permita a las mujeres y a los hombres afrontar mejor “sus transiciones vitales y laborales, facilitando la transición de los trabajadores y las empresas de la economía informal a la economía formal, impulsando la transformación estructural de las economías y apoyando la transición hacia economías y sociedades más sostenibles desde el punto de vista ambiental”.
Dicho informe insiste en que establecer la protección social universal – clave para la realización del derecho humano a la seguridad social para todos — es la piedra angular de una propuesta de justicia social con un enfoque centrado en las personas.
Con ello se contribuiría a la prevención de la pobreza y la contención de las desigualdades, la mejora de las capacidades humanas y la productividad, el fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad, y a la revitalización del contrato social.
Ideas no faltan
En junio pasado, representantes de 181 países miembros de la OIT aprobaron el Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación centrada en las personas ( https://www.ilo.org/ilc/
Este compromiso consensuado durante la Conferencia Internacional del organismo, incluye dos tipos de recomendaciones. En primer lugar, las medidas que deben adoptar los gobiernos nacionales y sus “interlocutores sociales” empresariales y sindicales, para lograr una recuperación del empleo, reforzar sustancialmente las protecciones sociales y las de los trabajadores y apoyar a las empresas sostenibles.
En segundo lugar, el papel tan decisivo de la cooperación internacional y el rol de las instituciones multilaterales, incluida la OIT, en la generación y promoción de estrategias 
nacionales de recuperación de la pandemia que beneficien esencialmente a las personas y grupos familiares.
¿Cómo se financia?
Mejorar la cobertura social implica, esencialmente, discutir en cada país las formas de financiamiento en juego, lo cual debe formar parte del debate de fondo sobre la redistribución del ingreso de una nación.
El próximo 26 de septiembre, el pueblo suizo se pronunciará en las urnas sobre la Iniciativa popular 99%, promovida por partidos de izquierda, ecologistas, sindicatos, ONG y otras asociaciones de muy variada naturaleza.
La misma propone que las ganancias de capital, proveniente de intereses, dividendos, alquiler de propiedades, entre otras, de un valor mayor a los 100.000 francos (110.000 dólares estadounidenses), paguen impuestos una vez y media más altos que las ganancias producto del trabajo. Los ingresos fiscales adicionales que podría generar esta iniciativa, que se calculan serán de 10.000 millones de francos anuales, se utilizarían para reducir los impuestos que deben pagar los sectores de ingresos bajos y para financiar servicios sociales como guarderías infantiles, seguros médicos y educación.
Los promotores de la propuesta están convencidos de que solo una reforma fiscal de este tipo puede frenar el aumento de la brecha entre ricos y pobres en el país. En la actualidad, cerca del 43% de los activos financieros en Suiza están en manos de solo el 1% de la población, lo que determina que el mayoritario 99% se distribuya el resto y de ahí el nombre de esta iniciativa popular.
Los informes, documentos, reuniones y eventos internacionales que proponen un sistema social universal abundan y siguen multiplicándose. Sin embargo, los desheredados de la Tierra siguen 
esperando. En particular, la población desempleada, las mujeres, la infancia, y las personas con capacidades diferentes.
No faltan conceptos, sino mecanismos efectivos que aseguren que esa necesaria redistribución del ingreso comience a concretarse, en cada país, a nivel mundial. No se trata de ideas, sino de voluntad política, es decir, de dar respuestas concretas a los gritos crecientes a favor de la dignidad humana postergada por la brecha creciente entre enriquecidos y empobrecidos.