Injerencia: EEUU contra el Tribunal Supremo de Justicia brasileño

Juraima Almeida

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este sábado que Estados Unidos ha cometido un acto de «injerencia» al revocar los visados de los magistrados del Tribunal Supremo, con su presidente, Alexandre de Moraes a la cabeza, tras la imposición de medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro por la financiación de una trama en Estados Unidos para defender su inocencia

De acuerdo con el breve comunicado de prensa de la cancillería estadounidense, «la cacería de brujas política emprendida por De Moraes creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no sólo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las costas de Brasil y ataca a los estadunidenses». El comunicado señaló que ésto es intolerable para la administración Trump y su defensa de la libertad de expresión.

El mensaje incluyó además críticas al juicio que enfrenta Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022. “He visto el terrible trato que recibe a manos de un sistema injusto que se ha vuelto en su contra. ¡Este juicio debe terminar de inmediato!”, publicó Trump en Truth Social.

Trump aludió también a la polémica en torno al control de redes sociales en Brasil, donde un tribunal ordenó bloquear el acceso a Rumble, una plataforma de video afín a grupos conservadores, por negarse a suspender la cuenta de un ciudadano brasileño acusado de difundir desinformación. “Estoy muy preocupado por los ataques a la libertad de expresión en Brasil provenientes del actual gobierno”, afirmó.

Trump señaló que Bolsonaro  “Fue un líder muy respetado y fuerte que sirvió bien a su país. No me sorprende verlo liderando las encuestas”. No obstante, según datos del centro de estudios Quaest, Lula encabeza la intención de voto para la primera vuelta de las elecciones de 2026. Bolsonaro, aunque es considerado el principal referente de la oposición conservadora, permanece inhabilitado para cargos públicos por decisión de la justicia electoral tras cuestionar sin prueba alguna la fiabilidad del sistema de votación.

Dos días antes, Trump instó al gobierno brasileño a modificar su política y cesar los ataques contra su predecesor Jair  Bolsonaro, intensificando así la crisis diplomática entre Estados Unidos y Brasil. Además de la carta enviada al Ejecutivo brasileño, en su red social Truth Social, reiteró su apoyo a Bolsonaro y condicionó la relación bilateral a cambios concretos en la política interna de Brasil.

Lula criticó la decisión de Estados Unidos por ser una injerencia en su sistema judicial que es «inaceptable y viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones». En un mensaje transmitido por radio y televisión, calificó la advertencia de Trump como “inaceptable” y un acto de presión sobre las instituciones brasileñas. “No podemos permitir que el presidente Trump olvide que fue elegido para gobernar Estados Unidos. No fue elegido para ser el emperador del mundo”, declaró Lula.

«Mi solidaridad y apoyo a los magistrados del Tribunal Supremo Federal, quienes se han visto afectados por otra medida arbitraria y completamente infundada del gobierno de Estados Unidos», ha lamentado Lula en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Los investigadores sostienen que Bolsonaro ha utilizado hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, Eduardo, en Estados Unidos desde marzo, en favor de estas sanciones, todo ello en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado un interés por la situación de su aliado hasta el punto de criticar abiertamente el proceso judicial en su contra.

El Departamento de Estado de EEUU defendió su decisión tras asegurar que Bolsonaro estaba siendo objeto de una «cacería política» por parte del juez De Moraes, quien ha creado «un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos fundamentales de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil y afecta a los estadounidenses».

Está claro que la embestida de Washington contra el gobierno, el sistema judicial y la economía brasileños no tiene nada que ver con la libertad de expresión, un derecho que en estos momentos goza de mucha mejor salud en Brasil que en Estados Unidos. Se trata de un inadmisible injerencismo con que el trumpismo pretende apuntalar a sus aliados en la región y profundizar la normalización de las prácticas golpistas de la ultraderecha.

El doble rasero siempre ha caracterizado la política exterior de EEUU, pero pocas veces ha alcanzado los extremos vistos en su cruzada para garantizar la impunidad de su aliado ultraderechista en Brasil. Para los analistas, resulta delirante invocar la libertad de expresión para librar de la acción de la justicia a quien se empeñó en borrar de las instituciones públicas cualquier vestigio de pensamiento crítico, pluralidad, tolerancia y todo lo que él y sus correligionarios consideran ideología de género o comunismo.

Cabe recordar que en su mandato (2019-2023), Bolsonaro exhortó a los estudiantes a denunciar en redes sociales a los profesores que enseñaran ideas de izquierda, entre las cuales se contaba llamar dictadura militar a la que usurpó el poder en Brasil de 1964 a 1985, y buscó eliminar de los libros de texto toda referencia al feminismo, la homosexualidad y la violencia contra las mujeres.

Se trata de la misma glorificación de la violencia que lleva adelante el trumpismo al amenazar con la asfixia presupuestal y la persecución judicial a toda dependencia del gobierno, organización sin fines de lucro o empresa que mantenga iniciativas destinadas a subsanar la discriminación histórica y estructural que padecen mujeres, afrodescendientes, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, entre otros colectivos.

Es contradictorio que la Casa Blanca se lance contra la justicia brasileña en nombre de la libertad de expresión el mismo día que su titular demanda a un medio de comunicación por 10 mil millones de dólares por publicar un artículo en el cual se le atribuye una carta lasciva enviada a Jeffrey Epstein, el fallecido multimillonario líder de una red de explotación sexual infantil con quien Trump mantuvo a lo largo de tres lustros una amistad documentada en fotografías, grabaciones y declaraciones de afecto.

Redes

Tampoco le gustó a la administración Trump que el 10 de julio la Corte Suprema de Brasil decidiera aumentar las obligaciones y responsabilidades de las plataformas digitales sobre los contenidos publicados por sus usuarios, en un proceso inédito en América latina sobre la propagación de noticias falsas y discursos de odio en Internet.

La decisión afecta a empresas como X, TikTok, Instagram y Facebook, que en adelante deberán «eliminar de inmediato» publicaciones que promuevan crímenes graves, sin esperar la orden de un juez. Aunque analizaron casos puntuales, los jueces sentaron un precedente para los usuarios de redes sociales en Brasil, un país de 203 millones de habitantes hiperconectados.

La Justicia brasileña  declaró inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet, que establecía que, «con el fin de garantizar la libertad de expresión y evitar la censura», las plataformas solo podrían ser consideradas responsables de las publicaciones de sus usuarios si, tras una orden judicial, no tomaban medidas para retirar el contenido ilegal.  De esa forma, las empresas llamadas ‘grandes tecnológicas’ no respondían civilmente por los mensajes antidemocráticos, el discurso de ocio y los ataques personales publicado por sus usuarios.

*Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)