Hugo Motta, el falsario que preside la Cámara de Diputados de Brasil
Fernando de la Cuadra
No había pasado ni siquiera una semana desde que Hugo Motta asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados, para que declarara que los actos del día 8 de enero de 2023 no pueden ser clasificados como un intento de Golpe de Estado. Además, el ahora presidente afirmó posteriormente que hubo un cierto desequilibrio para parte del Supremo Tribunal Federal (STF) en la aplicación de las penas a quienes fueron condenados por los actos vandálicos y sediciosos cometidos ese día.
Antes de ser electo presidente de la Casa el día 1 de febrero, Motta había conseguido pasar incólume los casi 100 días de su campaña a la presidencia de la Cámara evitando cualquier alusión sobre los condenados del 8 de enero de 2023 y negándose a dar entrevistas a la prensa para no comprometer su candidatura. Ahora, ya confirmado en el cargo, ha tratado de omitir las responsabilidades de quienes invadieron las sedes de los Tres Poderes, llamándolos simplemente de un grupo minúsculo de vándalos frustrados por el resultado de las urnas, aunque sin atribuirle a estos la pretensión de aplicar un Golpe de Estado encabezado por el ex presidente Bolsonaro.
Las declaraciones realizadas por Motta han recibido el rechazo unánime de muchas autoridades y políticos, entre ellos, de la diputada Eliziane Gama, que fue presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre los actos del 8 de enero: “Como relatora de la CPMI puedo atestar categóricamente que después de cinco meses de investigación, de recibir cientos de documentos y de escuchar decenas de testimonios, de que si hubo intención de aplicar un Golpe de Estado y el responsable por liderar esos ataques tiene nombre y apellido, es Jair Messias Bolsonaro”.
Con estas declaraciones Motta está poniendo a prueba la reacción de los parlamentarios, de la clase política, de la prensa y de la sociedad civil para pautar dentro de los trabajos de la corporación la posibilidad de legislar sobre una amnistía para los condenados y conceder un indulto al ex presidente Bolsonaro para que pueda candidatearse en las próximas elecciones presidenciales de 2026.
Condenado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro se encuentra actualmente inelegible hasta octubre de 2030, por dos acciones movidas en su contra: por la diseminación de información falsa sobre las urnas electrónicas en una reunión con diversos embajadores y por los actos del 7 de septiembre en que llamó a sus militantes a preparar un Golpe de Estado y subvertir el Estado Democrático de Derecho. A pesar de ello, sigue promocionándose como el candidato de la extrema derecha para el próximo pleito presidencial.

Se espera que la PGR emita su veredicto en este mes, lo cual puede significar ampliar o disminuir la gravedad de los crímenes, entender que se configuraron otros delitos y establecer responsabilidades particulares a cada uno de los denunciados.
Junto con ello, la posición de Motta con relación a la revisión de la Ley de la Ficha Limpia propuesta por aliados de Bolsonaro, también figura en la pauta de nuevo presidente de la Cámara, lo cual reduciría de ocho para solo dos años la punición de inelegibilidad de aquellos políticos que han sido condenados por la Justicia por abuso de poder político o por el uso indebido de los medios de comunicación. Por supuesto, el ex presidente que actualmente se encuentra inelegible hasta el año 2030, podría presentarse a las próximas elecciones de 2026 si entra en vigor esta nueva normativa de la Ficha Limpia impulsada por la derecha.
En los pocos días que lleva al frente de la Cámara, Hugo Motta demostró comportarse como un buen simulador. Luego de elegirse con el apoyo del gobierno y los diputados del PT y de exaltar en su primer discurso, los valores de la democracia y la tolerancia, ahora comienza a dar su viraje hacia las pautas de la derecha y la extrema derecha
Asimismo, el actual presidente de la Cámara es un protegido del abyecto y deshonesto diputado Eduardo Cunha, que poco después de abrir y liderar el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, fue apartado de su mandato como diputado por orden de la Justicia Federal que lo condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero. Según la documentación producida en el proceso, en ese periodo Hugo Motta operaba como intermediario de Cunha, presentando enmiendas y propuestas a nombre del diputado, que se ocultaba de estos requerimientos que podían denunciar sus reales intereses en determinadas tareas legislativas.
* Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)