Fujimori vs Fujimori, ¿por fin el fin del fujimorismo?
Mariana Álvarez Orellana
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que el Ejecutivo observó, y por lo tanto no promulgó, la ley aprobada por el Congreso el pasado 11 de octubre que habilitaba la liberación del exdictador genocida Alberto Fujimori, conocida mediáticamente como “Ley Fuji”.
Vizcarra fundamentó su decisión en el hecho de que el Parlamento no había dedicado tiempo suficiente para analizar una medida de esas características. “Amerita debatirse y buscar el consenso necesario entre las diversas fuerzas políticas”, indicó Vizcarra, quien se mostró a favor de crear una ley que posibilite que personas de avanzada edad, con males de salud, sigan cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario.
El fujimorismo está herido y algunos dicen que de muerte, gracias a la serie de errores que se iniciaron desde la llegada del exdictador a Chile en 2005 y que culminaron con Alberto y su hija Keiko privados de su libertad, mientras los fujimoristas duros responsabilizan a Keiko por la caída de su líder histórico.
El Parlamento peruano, dominado por los fujimoristas de Fuerza Popular, aprobó de manera exprés y sin pasar por las comisiones correspondientes una ley para liberar, por “razones humanitarias”, con grilletes electrónicos a presos ancianos, lo que impediría el reingreso en prisión de Fujimori, de 80 años, cuyo indulto fue anulado a principios de este mes.
El exdictador se encuentra nuevamente internado en un hospital de Lima a la espera de que los médicos le den el alta médica para poder reingresar en prisión. Los partidos Peruanos Por el Kambio, el centrista Acción Popular y los grupos de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio cuestionaron al fujimorismo por promover esta polémica ley y advirtieron que fomenta la impunidad.
Una semana atrás, mientras Keiko iba a brindar una declaración en el proceso que se le sigue, fue arrestada por casos de corrupción. El caso de los Cuellos Blancos del Puerto identificaba cada vez más a la “Señora K” como Keiko Fujimori y establecía su relación con el fugado exmagistrado César Hinostroza, sindicado como jefe de la organización criminal. El empresario Antonio Camayo se sometió a la colaboración eficaz y no paró de hablar.
Paralelamente, el caso Cocteles agregaba más indicios sobre la existencia de una organización criminal al interior de Fuerza Popular que perpetró una serie de acciones para el lavado de dinero ingresado de forma irregular, gracias al famoso “Aumentar Keiko para 500” de Marcelo Odebrecht.
El fiscal José Domingo Pérez investiga a 49 integrantes de la organización de lavado de activos que Keiko Fujimori encabeza en Fuerza Popular, la que actuaba para obtener el poder político, recibir aportes ilícitos y, luego, estando en el poder, retribuirlos. Además de Keiko, a la cabeza de esta organización están Vicente Silva Checa (vinculado a Vladimiro Montesinos), Pier Figari y Ana Herz. El juez Richard Concepción debe decidir si otorga los 36 meses de prisión preventiva que solicitó el fiscal.
Francisco Pérez García se pregunta en La Otra Mirada, cómo el fujimorismo pasó a convertirse de una de las dinastías políticas más poderosas e influyentes en el país a una agrupación arrasada en las últimas elecciones y con dos de sus principales líderes coqueteando con la prisión.
Hoy el fujimorismo está perdiendo el control político de país, que mantuvo por más de una década, mientras se va dividiendo por el enfrentamiento entre los hermanos Keiko y Kenji, que precipitó, tras el indulto, la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuzcynski, antes de ser expulsado.
El retorno sin gloria
Para comprender este entramado, hay que remontarse al año 2000, cuando tras la difusión de los vladivideos (por el asesor de Seguridad del dictador, Vladimiro Montesinos), la convocatoria a nuevas elecciones, la fuga de Montesinos y la revelación de la corrupción del régimen, Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón, donde se escudó en su doble nacionalidad: el imperio japonés no entrega a sus súbditos, aun por crímenes de lesa humanidad.
Cinco años después Alberto Fujimori decide viajar a Chile, para luego entrar al Perú e una nueva campaña política. Pero Chile lo apresó y extraditó a Perú para ser procesado por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, además de otros actos de corrupción que aumentarían su curriculum delictivo. Preso en la Diroes, siguió coqueteando con su regreso político, pero en 2007 fue sentenciado a 25 años de prisión.
El 2006, Keiko, la hija de Fujimori, postuló al Congreso, desde donde comenzó a reorganizar la fuerza naranja. En 2011, con Fuerza 2011 (semilla de Fuerza Popular), con la “K” en el logo, Keiko asumió la dirección, acompañada de su hermano Kenji y se postuló a la presidencia en dos oportunidades, fallando en segundas vueltas ante Ollanta Humala y Kuzcynski, mientras , Kenji era el congresista fujimorista más votado.
En 2016 Keiko se deshace del ala dura del fujimorismo en busca de los votos de los liberales de la derecha. Pensaba que así le daba otra cara al fujimorismo, de acuerdo a las exigencias de Washington. Es más, ofreció un discurso en la Universidad de Harvard donde saludaba el informe de la Comisión de la Verdad y “renunciaba” a usar su poder político para beneficiar a cualquier familia.
Los hermanos sean unidos…
De allí en más, todo fue guerra fratricida entre Keiko y Kenji, quien buscaba a toda costa negociar un indulto para la liberación de su padre, con acercamientos a Kuczynski, sumando a su campaña al ala dura que habían sido alejada por su hermana y sus asesores Pier Figari y Ana Hertz.
La bomba fratricida explotó durante el primer pedido de “vacancia” contra Kuczynski (implicado en los sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht) el 17 de diciembre de 2017, promovido por el Frente Amplio y respaldado por casi todas las agrupaciones, incluyendo a fujimoristas y apristas. Durante la votación, la televisión mostró a diputados fujimoristas peleando con Kenji , mientras se hablaba de la negociación de un indulto al exdictador.
Kucxynski fue salvado por Kenji y 12 legisladores más. Una semana más tarde, el presidente pagó el salvataje, indultando en Nochebuena al exdictador. A principios de enero de 2018, una serie de videos y audios presentados por el hoy presidente del Congreso, Daniel Salaverry, revelaron que un grupo de “kenjistas” había negociado votos a cambio de favores políticos.
En ellos, el mismo Kenji ofrecía a un congresista –Moisés Mamani- dádivas para votar en contra de la vacancia. Mala puntería: era el hombre elegido por los “keikistas” para sembrarle la trampa a Kenji y sus aliados. La mayoría fujimorista pidió la cabeza de Kenji y los implicados en los videos.
Pocas semanas después, Kuczynski seguía mintiendo y no tuvo más remedio que renunciar. Tampoco le fue bien a Kenji: Keiko, Figari, y Vega lo desaforaron, dejándolo fuera del Congreso. La guerra civil entre los hermanos produjo un tremendo hoyo en el fujimorismo.
Pero sin proponérselo, los videos grabados por Mamani a pedido de Keiko, sirvieron para que los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, sustentaran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el indulto era irregular. Ésta exigió al Estado peruano que se revisara si se cumplió o no con los requisitos necesarios para un indulto humanitario. La sentencia de la sala Penal anuló el indulto.
Los fujimoristas duros quedaron molestos con los errores Keiko Fujimori y le pasaron la factura en las elecciones regionales y municipales. Mientras, las encuestas de opinión muestran que su desaprobación ha alcanzado niveles máximos.
¿Será el fin del fujimorismo? ¿Se hará justicia para los familiares de asesinados y desaparecidos durante la dictadura? Sólo el tiempo lo dirá, pero la capacidad de negociación del fujimorismo va en caída libre.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)