Exjefe policial guatemalteco condenado por ataque a Embajada de España

Louisa Reynolds

Treinta y siete personas murieron calcinadas dentro de la sede diplomática española en 1981 por órdenes del dictador Lucas García y altos mandos policiales.
El 31 de enero de 1980, integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC) junto con un grupo de estudiantes del Frente Estudiantil Robin García (FERC) ocuparon la Embajada de España. Mucho antes de la aparición de los medios sociales y con las corporaciones de noticias fuertemente censuradas por el régimen militar del general Romeo Lucas García (1978-82), ocupar embajadas era una estrategia desesperada usada con frecuencia por organizaciones guerrilleras para atraer la atención del mundo sobre las masacres perpetradas por el Ejército guatemalteco en el altiplano.

Poco después que habían ingresado a la sede diplomática, residentes de la zona 9 de Ciudad de Guatemala, donde estaba ubicada la embajada, vieron una espesa nube de humo saliendo del lugar y escucharon los gritos de agonía de las personas que se encontraban atrapadas dentro. Mientras observaban la escena de horror, efectivos policiales acordonaron el edificio y evitaron que los bomberos ingresaran.

Los agentes seguían estrictas órdenes de sus superiores: no debían dejar  salir a nadie. Esas fueron las órdenes dadas por el dictador Lucas García quien murió en el exilio en Venezuela en el 2006; el ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz (actualmente buscado por la Interpol); el jefe de la Policía Nacional, coronel Germán Chupina, que se entregó a las autoridades policiales en el 2006 y murió en el 2008 mientras se encontraba hospitalizado; y el entonces jefe de investigaciones especiales, Pedro García Arredondo.

Treinta y siete personas murieron calcinadas, entre ellos líderes campesinos como Vicente Menchú, el cónsul español Jaime Ruiz y el exvicepresidente Eduardo Cáceres. Sólo dos personas sobrevivieron: el campesino Gregorio Yujá Xona y el embajador español Máximo Cajal. Yujá fue secuestrado del hospital al día siguiente del incendio y su cuerpo fue arrojado en el campus de la Universidad de San Carlos con una nota amenazando a Cajal con la misma suerte. El embajador logró escapar de la muerte al buscar refugio en la Embajada de EEUU y salió clandestinamente del país.

Quemados vivos con lanzallamas
Treinta y cinco años después, García Arredondo ingresó esposado a la sala del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo. Enfrentaba cargos por homicidio y crímenes de lesa humanidad.

En 1999, ella presentó una demanda contra García Arredondo y todos los responsables de los asesinato pero el sistema de justicia se movió muy lentamente y no fue sino hasta el 1 de octubre del 2014 que ella se enfrentó con uno de los hombres que ordenaron que su padre y otros 36 civiles inocentes fueran quemados vivos con un lanzallamas.

Por años, el aparato militar negó cualquier responsabilidad por la masacre e insistió que los líderes campesinos se inmolaron usando granadas de mano. Sin embargo, durante el curso del juicio, fotografías, videos y testimonios de testigos presenciales probaron que el asistente de García Arredondo había irrumpido en la embajada con el lanzallamas. Evidencias forenses también mostraron que los cuerpos de las víctimas estaban carbonizados de las rodillas hacia arriba, pero que sus pies se encontraban intactos, lo que demostró que no podrían haber muerto como resultado de la explosión en el suelo de granadas de mano.

Uno de los bomberos que atendió las llamadas de emergencia hechas por transeúntes declaró al tribunal que cuando llegó a la escena, la policía impidió por la fuerza que ingresara a la embajada.

El tribunal también escuchó el testimonio de Cajal, grabado en España en el 2012, en el que comparó el ataque a la sede diplomática con una “película de horror” y precisó que los policías ingresaron por el techo y rompieron la puerta, armados con fusiles y hachas.

El agua que sofoque las llamas

El pasado 19 de enero, la juez Jeannette Valdez inició la audiencia de la sentencia con una metáfora: El fuego ha estado ardiendo desde el 31 de enero de 1980 y el fallo será el agua que sofoque esas llamas.

Mientras los manifestantes en las afueras del tribunal gritaban “¡Asesino, asesino!”, Valdez leyó la sentencia: García Arredondo deberá cumplir 90 años de cárcel aunque lo más probable es que sólo cumpla 30 años debido a que era la pena máxima en el momento que ocurrió el ataque a la embajada.

“He cumplido con mis difuntos”, dijo Rigoberta Menchú al periodista Rodrigo Veliz luego de conocerse el fallo. “Estamos agotados, con audiencia tras audiencia; es algo muy difícil. Sin embargo, estamos muy contentos. Este es un ejemplo de que debemos acudir a la justicia y debemos trabajar para ello. Los años [de la sentencia] no son los más importantes para nosotros; la importancia grande es la acreditación de la verdad”.

En el 2012, García Arredondo ya había sido condenado y sentenciado en otro juicio a 70 años de cárcel por la desaparición y tortura en 1981 del estudiante universitario Edgar Sáenz Calito.

Durante el proceso judicial, el exjefe de investigaciones especiales se sentó solo, sin familiares o amigos que le brindaran apoyo, a diferencia del exdictador Efraín Ríos Montt (1982-83) que durante el transcurso del juicio que enfrentó en el 2013, acusado de genocidio contra el pueblo Maya Ixil, fue acompañado por un gran séquito de familiares, abogados y simpatizantes del Ejército.

En referencia a la forma en la que la sentencia contra Ríos Montt fue revocada en mayo del 2013, como resultado de la intensa presión del presidente Otto Pérez Molina —general retirado del Ejército— y la clase empresarial guatemalteca, el periodista salvadoreño Rodrigo Baires twitteó: “Por Arredondo no saltó la cúpula empresarial, ni vi campos pagados [en los diarios], ni despotricaron funcionarios… Un peón sigue siendo un peón…”.—Noticias Aliadas

* International Women’s Media Foundation (IWMF) Elizabeth Neuffer Fellow 2014-2015