El intento de asesinato a Donald Trump, la posterior elección de su compañero de fórmula James David Vance, la difusión de medidas de gobierno para el caso de ser electo y la condena por corrupción del ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Bob Menéndez, exhiben el profundo grado de degradación en el que se encuentra emplazado el sistema político de los Estados Unidos.

Esa decadencia, sin embargo, es invisibilizada por las usinas mediáticas occidentales, mientras se insiste en presentar a la democracia de Washington como el paradigma institucional más loable y meritorio.

El joven senador de Ohio J.D. Vance, elegido por Trump, es el mismo que en 2021 se refirió a la existencias de poderes malignos: “el diablo es real y hace cosas terribles en nuestra sociedad”. Ante esa peligrosidad convocó a los estadounidenses a defenderse de sus perversidades.

En una conferencia realizada para la Red Teneo –financiada por grupos supremacistas– agregó que “debe castigarse a los empresarios que apoyan a los demócratas”, y que dicho escarmiento debe llevarse a cabo con medidas económicas y fiscales.

El senador por New Jersey, otrara máximo exponente de la gusanera anticubana y enemigo del chavismo, fue condenado el último martes por un tribunal por beneficiar a traficantes de armas (Wael Hana, Fred Daibes) y ejercer tráfico de influencias para eludir persecuciones judiciales contra un empresarios corrupto (José Uribe). Los organismos de seguridad, en el marco de un allanamiento dispuesto por el tribunal, encontraron en su domicilio medio millón de dólares, trece lingotes de oro y un descapotable Mercedes Benz.

 

Esos hallazgos –nunca declarados por el senador– son solo una parte de lo que se pudo probar de la larga carrera de comercialización política. Según el fiscal Damian Williams, el todavía legislador se dedicó durante décadas a “la política con ánimo de lucro». Menéndez es senador desde 2006 y previamente integró la Cámara de Representantes durante 14 años, desde 1992, dedicando más de tres décadas al cohecho y el hostigamiento a los gobiernos populares latinoamericanos.

En 2014 el entonces influyente senador condenó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por “no pagar sus deudas” a los Fondos Buitres y por motorizar acciones que “ni siquiera son llevada a cabo por Corea del Norte”. Según los más graneados seguidores trumpistas, Bob aparece muy bien posicionado como para recibir un indulto en el caso que el candidato republicano sea electo. El CPI y la Heritage Fundation son las dos instituciones que se encuentran trabajando en las potenciales medidas del programa de gobierno del magnate reconvertido en político.

En los últimos meses se conocieron detalles del Proyecto 2025 producido por ex funcionarios del primer gobierno trumpista, gracias a la donación de 22 millones de dólares concedidos por aportantes de la ultraderecha supremacista.

Dicho documento plantea cuatro grandes objetivos gubernamentales:

  1. Una guerra cultural contra el catalogado como “progresismo woke» incluyendo la supresión del derecho a la interrupción del embarazo, la prohibición de la discursividad relativa a las perspectivas de género y la restauración del principio de familia tradicional;
  2. La configuración de un Poder Ejecutivo Unitario a partir del cual se supriman las autarquías gubernamentales, por ejemplo, la del Departamento de Justicia, medida que el medio New Republic caracterizó como fascista al incluir el despido de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos, el Departamento de Educación e incluso la destrucción del FBI, por haberse convertido en una «organización arrogante y cada vez más al margen de la ley». Para operativizar estas medidas, el Programa 2025 contrató a la empresa de tecnología Oracle con el
    Larry Ellison, el fundador de Oracle

    objetivo de confeccionar una base de datos sobre veinte mil funcionarios de carrera de la administración pública, donde se llevan a cabo investigaciones sobre los perfiles personales y las publicaciones en las redes sociales de los empleados federales;

  3. Actualización de una legislación sobre insurrección popular que permita al presidente el envío de tropas miliares para servir como una fuerza de seguridad interna. Esa misma normativa –consigna el Programa 2025– deberá servir para limitar la inmigración y perseguir a los indocumentados. La propuesta incluye una deportación anual de un millón de personas y el emplazamiento de “zonas de internamiento” (eufemismo de campos de concentración) y edificación de muros en las frontera con México;
  4. Recortes en el financiamiento federal relativos a la investigación e inversión en energías renovables, considerando que se debe detener “la guerra contra el petróleo y el gas natural”.

Uno de los máximos aportantes a la campaña de Trump es el empresario petrolero texano Tim Dunn, quien financia al CPI y a la Heritage. Esta última institución envió el último 24 de febrero un obsequio a Javier Milei: una medalla conmemorativa por su participación en la Conferencia de la Acción Política Conservadora.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Publicado en Página12