Escasa protección social e invisibilidad estadística atenta contra 55 millones de indígenas
Eduardo Camín
La crisis provocada por la Covid-19 puso en evidencia la vulnerabilidad en la que viven más de 800 pueblos indígenas en América Latina, y replanteó el desafío de lograr una mejor cobertura de los sistemas de protección social en toda la región, destacó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Las brechas preexistentes en el acceso a la protección social han colocado a estos pueblos en una situación de mayor vulnerabilidad enmarcada en el contexto pandémico”, añade.
El documento titulado “Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina: La protección social como ruta hacia una recuperación inclusiva frente a la pandemia de Covid-19 ” presenta un panorama sobre las características socioeconómicas de los pueblos indígenas en América Latina y el estado de su acceso a la protección social.
El documento resalta que en la región hay casi 55 millones de mujeres y hombres indígenas, representando el 8,5 por ciento del total de la población latinoamericana y advierte que “hay tendencias globales que se reproducen en la región, como la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y entre los más pobres, el bajo acceso al trabajo decente, así como los obstáculos a su acceso a la educación y a la participación política”.
Destaca que entre los pueblos indígenas se está produciendo una tendencia importante, como es el crecimiento de la población que vive en centros urbanos. Aproximadamente el 52 por ciento de la población indígena vive en zonas urbanas y el 48 por ciento vive en zonas rurales.
La migración hacia zonas urbanas está impulsada por la búsqueda de mejores oportunidades de generación de ingresos y también por factores impulsores como el despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, los desplazamientos debido a conflictos y violencia, entre otros.
Con respecto a la situación en el empleo, datos de la OIT demuestran que un 85 por ciento de las mujeres y hombres indígenas en América Latina y el Caribe están ocupados en la economía informal, muy por encima de la tasa de alrededor de 50 por ciento para la población ocupada en general.
Los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población. El 16 por ciento de los indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del cuatro por ciento. Además, América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos laborales. Los salarios indígenas equivalen a un 33 ciento de los que perciben los no indígenas.
Los datos recopilados por la OIT provienen de las encuestas de hogares de los países. Aún así, de los 18 países de América Latina y el Caribe que disponen de información de encuestas de hogares y empleo, solo ocho cuentan con información étnica de las personas, indagando sobre su pertenencia a pueblos indígenas, a saber, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú.
La OIT considera que esto genera una situación de “invisibilidad estadística”, que constituye “el primer peldaño dentro de una secuencia de tratos no igualitarios que pueda recibir este segmento de la población”. Al no estar representados en las estadísticas oficiales es más difícil incluirlos dentro de los indicadores de metas de desarrollo de los países, y su condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas públicas.
Garantizar el acceso a oportunidades de trabajo decente para los indígenas, así como su acceso a la protección social, son pasos decisivos para corregir la situación de postergación, dice el informe. En cuanto a la protección social, los pueblos indígenas de la región son en menor proporción aportantes y pensionistas que los no indígenas, y tienen menor acceso a los sistemas de salud, dice el informe.
Al mismo tiempo señala que en los países analizados, las mujeres y hombres indígenas dependen más de los sistemas de ayuda social que sus homólogos no indígenas. Frente a este escenario socioeconómico, la OIT considera que el establecimiento de sistemas de protección social, incluidos los pisos de protección social, que consideren las particularidades de los pueblos indígenas es fundamental para acortar la brecha de las desigualdades y vulnerabilidades que los afectan.
El documento recuerda que la Recomendación número 202 de la OIT, indica que los pisos de protección social deberían comprender por lo menos cuatro garantías básicas:
- La protección social de la infancia: beneficios familiares y por niño
- La protección social de las mujeres y de los hombres en edad de trabajar: prestaciones de maternidad y discapacidad, protección en caso de accidentes laborales, enfermedad profesional y desempleo, pensiones de invalidez, prestaciones de enfermedad
- La protección social de las mujeres y de los hombres mayores: las pensiones de vejez y sobrevivientes
- La protección de la salud
La necesidad de garantizar una mayor protección en materia de seguridad social y en salud a los pueblos indígenas también está claramente establecida en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT . América Latina y el Caribe es la región que más ha ratificado esta norma internacional, con 14 de las 24 ratificaciones.
De discursos y buenas intenciones a la aniquilación indigena
La larga lucha de los pueblos indígenas de América en defensa de sus derechos por mantener una existencia digna en medio de numerosas formas de injusticia sistémica continua inexorablemente camino a su desaparición. La escala de las dificultades que millones de indigenas enfrentan alrededor del mundo es indecente, un calvario permanente derumba sus vidas, siendo desalojados, desplazados y a veces asesinados mientras intentaban proteger sus derechos y su culturas.
El documento de la OIT centra su estudio sobre la situación de los pueblos indígenas en América Latina, no obstante en nuestra cultura globalizada, algunos estudios destacan que existen alrededor de 370 millones de indigenas de 15.000 grupos distintos viviendo en mas de 70 paises alrededor del planeta. Y la escala de desigualdad es enorme entre las poblaciones indigenas y no indigenas de cada pais.
Se destaca la marginalidad, la falta de acceso a la vivienda, educación, servicios de salud y otros servicios básicos, como claras manifestaciones de la pobreza y la exclusión de las personas y comunidades indígenas.
Estas personas continuan enfrentando amenazas de desalojo y desplazamiento de sus tierras ancentrales en nombre de la modernidad y el progreso, en una total falta de reconocimiento legal de sus derechos y recursos. La jurisprudencia reinante los despojan de sus habitat porque no tienen los titulos formales de la tierra o son simplemente invisibles para los registros de tierras oficiales de los gobiernos, lo cual los hace susceptibles a violaciones de sus derecho a la tierra.
En los últimos años asistimos impunemente a la pobreza y el despojo de la tierra que llevan a los indigenas a mudarse a zonas urbanas donde sufren de condiciones de vida aún peores, marcado por diferentes estereotipos que abundan ahondando en las dificultades para mantener su cultura y valores indígenas. Hace mucho tiempo que l
os informes nos dejan un sabor amargo entre las intenciones y la realidad como el síndrome una dicotomía eterna.
Si las autoridades están realmente preocupados por la aplicacion de las recomendaciones de la OIT, si van encaminados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si llenan el planeta de todo tipo de cumbres para proteger los preciados ecosistemas del mundo, deberian trabajar sinceramente con las personas y comunidades indigenas para resolver estos desafíos.
Eso comienza con proteger y reconocer sus derechos a su tierra, su cultura y recursos, con lo que sin dudas protegeremos nuestro planeta. En realidad deberiamos entender de una buena vez que la lucha de los pueblos indígenas por la tierra es una lucha de todos. Pero entre la retórica de los organismos internacionales, se establece una concepción pragmática de la orgía neoliberal.
*Periodista uruguayo residente en Ginebra, fue miembro de la Asociacion de Periodistas de Naciones Unidas (ACANU). Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Analisis Estratégico (CLAE)