El viejo cuento de que “el rico no necesita robar”

Clodovaldo Hernández – Rotos & Descosidos 

Uno de los argumentos falaces más socorridos de las derechas en muchos lugares del mundo es que a los pueblos les conviene elegir a candidatos millonarios porque “no les hace falta robar”.

Bajo esa premisa, grandes masas empobrecidas, así como sectores de clase media han votado a favor de poderosos magnates con la esperanza de que salven a sus países del terrible mal de la corrupción, fenómeno que se considera inherente a los políticos tradicionales.

Tal creencia, convenientemente fraguada y reforzada por los aparatos mediáticos, de redes, publicitarios y mercadotécnicos, es de una falsedad absoluta porque ignora la esencia misma del capitalismo, un sistema intrínsecamente depredador e insaciable. Son muy extraños —casi pueden considerarse aberraciones del modelo— los empresarios que, una vez adquirido un determinado nivel de riqueza, se sienten satisfechos y deciden no buscar más dinero. “Mientras más tienen, más quieren”, decía mi madre sobre los avariciosos del barrio.

Pero, no solo se trata de esa vocación ontológica por amasar fortunas cada vez mayores. Los millonarios electos en cargos públicos se dedican a saquear los fondos estatales por una razón inherente a la estructura misma de la burguesía. Quien asume el poder político tiene el compromiso de responder a los intereses de los grupos económicos a los que pertenece y, en general, de sus pares de clase.

Creer que una persona adinerada no va a incurrir en actos de corrupción y aprovechamiento del patrimonio del colectivo es, por lo demás, una ingenuidad solo posible por desconocimiento de la historia nacional y universal.

Desde los orígenes mismos de la explotación de los humanos, los propietarios (esclavistas, señores feudales y burgueses, en orden de aparición) han controlado directa o indirectamente el poder político y se han consolidado en sus posiciones a costillas del bien público, es decir, de lo que debería repartirse en forma equitativa.

En Venezuela, el remedo de burguesía nacional que tuvimos durante el siglo pasado (casi en su totalidad subsidiaria del capital de los centros imperiales), succionó la renta pública derivada del petróleo, tanto en tiempos de bonanza como en época de vacas flacas. Se trata de un hecho bien documentado, no por propagandistas de izquierda ni por gente resentida, sino por los estudiosos más serios de nuestro devenir económico y político.

El Viernes Negro de 1983 y la crisis bancaria de 1994 fueron dos demostraciones palmarias del intrincado tejido de corrupción y complicidades entre la clase política del puntofijismo y la élite económica asociada a ella. En esos dos casos —y en muchas otras incidencias no tan sonadas— fue evidente que el pueblo pobre y las clases medias pagaron los platos rotos de la burguesía y sus aliados políticos.

Luego del ascenso al gobierno del comandante Hugo Chávez, los grupos económicos que ejercían el poder a través de los partidos políticos de la etapa previa entraron en modo conspiración, con el propósito de recuperar sus privilegios. No es de extrañar que al mermar el apoyo del Estado muchas de sus empresas, antes supuestamente prósperas, se desinflaran de manera veloz.

Desde entonces, esos factores han tratado asumir el poder político sin intermediarios. Lo lograron en abril de 2002, pero la experiencia les duró apenas 47 horas. Luego, han procurado retomar posiciones mediante figuras políticas ligadas directamente a la clase privilegiada. Hasta ahora no lo han logrado, pero el empeño está más vigente que nunca.

Lo que ha pasado y está pasando en Estados Unidos y en Nuestra América son pruebas constantes de lo absurdo que es creer en ese cuento de que votar por un rico es vacunarse contra la corrupción. A cada paso, esa idea se confirma como una gran mentira. El ejemplo más reciente ocurre en Paraguay, donde un presidente millonario que, según la narrativa, no necesitaba robar, andaba haciendo jugosos negocios entre su banco y el Estado. Una historia ya clásica de nuestros países que, según la tradición, tendrá al pueblo (votante del presidente y cliente de su banco) como la víctima que pagará la factura.