Nicolás Centurión

Una acusación de A Ultranza PY reconstruye cómo Alberto Koube, operador financiero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, colocó más de cuatro millones de dólares en sociedades vinculadas a lo que después sería Ueno Bank. Mientras el dinero circulaba entre préstamos, inversiones y certificados de depósito, Santiago Peña era accionista del conglomerado. Cinco años después, el Banco Central paraguayo intervino el banco tras descubrir graves irregularidades financieras. 

El dinero de la cocaína no siempre termina escondido en una propiedad de lujo, una valija enterrada o una cuenta bancaria en algún paraíso fiscal. A veces circula a plena luz del día, entre empresas registradas, contratos firmados y operaciones autorizadas por instituciones financieras.

El 28 de diciembre de 2021, apenas dos meses antes del mayor operativo contra el narcotráfico realizado hasta entonces en Paraguay, el empresario Alberto Koube movilizó más de dos millones y medio de dólares mediante préstamos e inversiones en sociedades vinculadas al conglomerado que terminaría convirtiéndose en Ueno Bank. Ese mismo día colocó otros 1.300 millones de guaraníes a nombre de su pareja.

Koube administraba parte de la estructura financiera de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que había construido junto a Miguel Ángel Insfrán Galeano una organización dedicada al envío de toneladas de cocaína hacia Europa.

Entre sus accionistas se encontraba Santiago Peña, futuro presidente de Paraguay. Cinco años después, el Banco Central dispuso la resolución de Ueno Bank, tras descubrir irregularidades que comprometían gravemente su solvencia. Dos investigaciones separadas por el tiempo terminaron colocando bajo la lupa a un mismo conglomerado financiero.

El dinero que entraba por una puerta y salía por otra

Para comprender el funcionamiento de la organización de Marset hay que abandonar por un momento las rutas de la cocaína y observar las del dinero.

El tráfico internacional genera enormes cantidades de efectivo, pero ese dinero necesita circular, adquirir una explicación económica y transformarse en patrimonio utilizable. La organización requería una estructura empresarial capaz de recibir ganancias, justificar ingresos, obtener financiamiento y adquirir propiedades sin que cada operación remitiera directamente al negocio de la droga.

Alberto Koube Ayala ocupaba un lugar central en ese entramado. Vinculado a sociedades como Are Inversiones SA y Grupo Tapyracuai SA, había desarrollado una estructura que le permitía intervenir en operaciones comerciales y financieras. La Fiscalía paraguaya lo identificó como uno de los encargados de administrar recursos y bienes relacionados con Marset.

El 11 de noviembre de 2021, Koube realizó una inversión de 10.000.568.456 guaraníes en IOIO SAECA, una sociedad que posteriormente quedó integrada a Ueno Holding. La operación fue formalizada a través de Grupo Tapyracuai, con vencimiento previsto para el 9 de mayo de 2022. Para justificar la procedencia del dinero, Koube presentó un préstamo que habría recibido de Financiera El Comercio el 18 de agosto de aquel año.

La Fiscalía consideró que esa explicación formaba parte de una simulación destinada a ocultar el verdadero origen de los recursos. El préstamo permitía presentar el capital como una obligación financiera legítima, mientras la inversión generaba un nuevo documento que respaldaba su presencia en otra empresa.

El mecanismo volvió a repetirse el 28 de diciembre. Koube obtuvo dos préstamos de Ueno Holding por 1.015.197 y 1.523.627 dólares. En la misma jornada colocó esos recursos en Credicentro mediante contratos de inversión, con vencimiento previsto para junio de 2022.

Los fondos fueron prestados y reinvertidos dentro de una estructura de sociedades vinculadas. El dinero adquiría así distintas identidades contables: primero aparecía como un préstamo, después como una inversión y finalmente como un activo financiero respaldado por contratos.

Ese día se realizó otro movimiento. María Noelia Colmán, pareja de Koube, figuró como titular de un certificado de depósito por 1.300 millones de guaraníes en Credicentro.

La acusación fiscal presentada en febrero de 2023 identificó aproximadamente 4.2 millones de dólares canalizados mediante las operaciones investigadas en IOIO y Credicentro. El Ministerio Público incorporó esas inversiones, junto con otros saldos bancarios, entre los activos sobre los que solicitó medidas patrimoniales.

De las empresas del narcotráfico al sistema financiero

El vínculo entre Koube y Marset no comenzó con aquellas inversiones. En abril de 2021 ambos viajaron a Dubái junto con María Noelia Colmán. Los registros migratorios incorporados a la acusación establecieron que salieron de Paraguay el 15 de abril y regresaron el 22.

En ese mismo período, Federico Ezequiel Santoro Vasallo, otro integrante del entorno financiero de Marset, estuvo en Emiratos Árabes Unidos. Las coincidencias entre viajes, reuniones y movimientos empresariales permitieron reconstruir una red que excedía ampliamente las fronteras paraguayas.

Meses después, en setiembre de 2021, Marset fue detenido en Dubái por utilizar documentación paraguaya falsa. El episodio desencadenó una crisis diplomática y política en Paraguay y Uruguay, donde las autoridades habían intervenido en la expedición de documentos que facilitaron su situación migratoria.

Mientras Marset enfrentaba problemas en Emiratos Árabes Unidos, las operaciones financieras de su entorno continuaban en Paraguay. Los depósitos de noviembre y diciembre de 2021 ocurrieron después de aquella detención y antes de que A Ultranza PY desarticulara una parte importante de la organización.

En enero de 2022, Koube volvió a viajar a Emiratos Árabes Unidos. Para la Fiscalía, el desplazamiento estuvo relacionado con la administración de los bienes que Marset mantenía bajo su control.

El 22 de febrero de 2022, las autoridades paraguayas desplegaron A Ultranza PY. El operativo incluyó allanamientos, detenciones, incautaciones de vehículos, aeronaves, propiedades y documentación empresarial. Koube fue detenido aquella mañana.

El clan Insfrán y las distintas formas de lavar dinero

La estructura financiera de Marset no dependía exclusivamente de Koube. Miguel Ángel Insfrán Galeano, conocido como Tío Rico, había desarrollado una red empresarial y familiar que proporcionaba cobertura económica a distintas actividades de la organización.

Empresas vinculadas al transporte, la metalurgia, la actividad agroganadera y el comercio permitían movilizar recursos y justificar ingresos. Las operaciones de estas sociedades convivían con la adquisición de propiedades, vehículos de alta gama y otros activos.

Una de las instituciones que apareció en la investigación fue la Cooperativa San Cristóbal, presidida durante años por el exdiputado Juan Carlos Ozorio. La Fiscalía reconstruyó operaciones de préstamos y descuentos de cheques mediante las cuales se habrían introducido más de tres millones de dólares procedentes del narcotráfico.

El procedimiento difería del utilizado por Koube en Credicentro e IOIO, pero respondía a una lógica semejante. Los préstamos y documentos comerciales proporcionaban una explicación formal para el movimiento de capitales, mientras los recursos ingresaban en circuitos financieros regulados.

El entorno familiar de Insfrán incorporaba otras actividades. Su hermano José Alberto Insfrán Galeano dirigía el Centro de Convenciones Avivamiento, una organización religiosa que administraba importantes recursos económicos y propiedades. Las investigaciones examinaron ingresos provenientes de diezmos, actividades comerciales y operaciones patrimoniales que involucraban a integrantes de la familia.

La acusación también identificó sociedades como Metalúrgica El Porvenir, Barakah y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. El entramado permitía diversificar las actividades económicas y distribuir los bienes entre diferentes titulares. La organización combinaba así varias modalidades de administración patrimonial. Por un lado, unas empresas servían para justificar movimientos financieros y otras intervenían en actividades comerciales, transporte, inversiones y adquisición de propiedades.

Federico Santoro: el hombre que lavaba los millones de Europa

Mientras Koube y el entorno de Insfrán operaban en Paraguay, Federico Ezequiel Santoro Vasallo cumplía una función decisiva en la circulación internacional de las ganancias. Conocido como Capitán, Santoro era uno de los colaboradores más cercanos de Marset. Su actividad consistía en recibir y movilizar dinero procedente de la venta de cocaína en Europa, utilizando intermediarios, empresas y transferencias internacionales.

La investigación estadounidense reconstruyó un procedimiento que comenzaba con grandes cantidades de euros en efectivo. Los integrantes de la organización coordinaban entregas mediante correos y mecanismos de identificación que permitían reconocer a quienes debían recibir el dinero.

Una vez recolectados los fondos, otros operadores los introducían en el sistema bancario internacional. Santoro dirigía posteriormente las transferencias hacia distintos países, generalmente en dólares y mediante bancos corresponsales estadounidenses.

Para justificar esos movimientos utilizó al menos siete empresas registradas en Sudamérica y Asia. Las sociedades declaraban actividades comerciales diferentes y emitían facturas falsas que permitían presentar las transferencias como pagos por operaciones empresariales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció que, durante un período inferior a cinco meses, Santoro dirigió movimientos de más de once millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Su actividad incluía la utilización de sociedades aparentemente independientes, documentación comercial falsa y mecanismos destinados a ocultar la propiedad real de los recursos. Cuando la protección del capital no funcionó, recurrió a amenazas de violencia para proteger sus operaciones.

Santoro fue detenido en Paraguay en agosto de 2023 y extraditado a Estados Unidos en julio de 2024. El 23 de julio de 2025 recibió una condena de quince años de prisión. La justicia estadounidense dispuso además el decomiso de 11.537.860 dólares. Su condena permitió reconstruir una parte del sistema internacional de lavado utilizado por el entorno de Marset. La investigación paraguaya sobre Koube, por su parte, expuso el circuito de inversiones y administración patrimonial dentro del país.

Los dos expedientes describen funciones complementarias: recolectar ganancias de la cocaína en Europa, introducirlas en el sistema financiero internacional y administrar capitales mediante sociedades e instrumentos de inversión en Sudamérica.

Ueno, Santiago Peña y el banco que terminó intervenido

Credicentro, IOIO y otras entidades formaron parte del proceso de reorganización y expansión del conglomerado financiero asociado al Grupo Vázquez. Esa transformación desembocó en la creación y consolidación de Ueno Bank, una institución que amplió rápidamente su presencia dentro del sistema bancario paraguayo.

Uno de sus accionistas fue Santiago Peña. El dirigente colorado ingresó en 2019 con una inversión inicial de 1.500 millones de guaraníes y mantuvo su participación hasta marzo de 2025, cuando se desvinculó de la sociedad. Para entonces, el valor de su paquete accionario ascendía a aproximadamente 6.144 millones de guaraníes.

Esto significa que Peña era accionista durante las operaciones que la Fiscalía atribuyó a Koube en noviembre y diciembre de 2021.

El crecimiento de Ueno se aceleró durante los años siguientes. En noviembre de 2023 recibió autorización para operar como banco y en 2024 absorbió Visión Banco, ampliando considerablemente su presencia en el mercado.La transformación empresarial coincidió con el período en que Peña llegó a la Presidencia de Paraguay, en agosto de 2023. Sin embargo, el episodio más grave ocurrió tres años después.

El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión había sido adoptada por unanimidad el día anterior, después de que las autoridades comprobaran que el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo del 50 % del mínimo exigido.

La medida reveló problemas que iban más allá de una dificultad transitoria de liquidez.La calificadora FIX SCR informó que el proceso de supervisión había identificado operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador que no habían sido oportunamente reveladas.

De acuerdo con FIX, el Grupo Vázquez controlaba indirectamente más del 90 % de Ueno Bank. A diciembre de 2025, el conglomerado registraba activos por aproximadamente 1.362 millones de dólares, descontada la deuda con los ahorristas de la entidad bancaria.

Paraguay y la memoria de sus crisis bancarias

La crisis de Ueno Bank se inscribe en una historia financiera que Paraguay conoce desde hace décadas. En 1995 comenzó una de las mayores crisis bancarias del país. Las autoridades intervinieron Bancopar, Banco General, Bancosur y Banco Mercantil, mientras una sucesión de problemas de liquidez, créditos irregulares y préstamos a empresas relacionadas revelaba las debilidades del sistema.

Entre 1995 y 1998 desaparecieron trece bancos y treinta y cinco compañías financieras. Las pérdidas asociadas a la crisis fueron estimadas en alrededor del 10 % del producto interno bruto.

La expansión de instituciones financieras con mecanismos deficientes de supervisión, los créditos concedidos a empresas vinculadas y las operaciones que no aparecían adecuadamente registradas habían contribuido a deteriorar la solvencia de varias entidades.

El problema reapareció durante la crisis regional de 2002. El Banco Alemán, vinculado al Grupo Velox, fue intervenido en junio de aquel año. El conglomerado tenía ramificaciones en Argentina y Uruguay, donde la familia Peirano Basso controlaba instituciones financieras y sociedades relacionadas.

En Uruguay, el Banco Montevideo había protagonizado uno de los episodios más graves del colapso financiero. Las investigaciones revelaron transferencias de recursos hacia Trade and Commerce Bank, una institución radicada en Islas Caimán y vinculada al mismo grupo económico. La crisis atravesó fronteras porque las estructuras empresariales también lo hacían. Las sociedades, los bancos y las operaciones entre compañías relacionadas permitían mover capitales dentro de un conglomerado que operaba simultáneamente en varios países.

En Argentina, el colapso del Banco Mayo en 1998 había expuesto irregularidades financieras y el manejo de préstamos y asistencia del Banco Central. En Brasil, el caso Banco Santos, intervenido en 2004, reveló operaciones fraudulentas, lavado de dinero y un agujero patrimonial que terminó estimándose en miles de millones de reales.

Otro antecedente brasileño fue Banestado, una investigación sobre transferencias internacionales mediante cuentas CC-5 que permitió reconstruir remesas fraudulentas por decenas de miles de millones de dólares.

Otro episodio más en la historia reciente de Paraguay en el que el narcotráfico, los grandes conglomerados empresariales y el sistema financiero terminaron apareciendo dentro de una misma trama criminal.

Y lo que queda por destapar…

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)