El poder judicial, utilizado como punta de lanza para la intervención de EEUU en Brasil
Ana Livia Esteves-Sputnik
Investigadores revelaron que el Poder Judicial brasileño fue utilizado como instrumento de intervención extranjera y trazan estrategias para garantizar que este importante poder de la república no vuelva a ser utilizado como instrumento para la intervención estadounidense en Brasil.
Con el inicio de un nuevo ciclo político en Brasil, abogados y juristas han estado defendiendo el cierre definitivo de la Operación Lava Jato, incluso defendiendo el castigo de jueces y fiscales que adoptaron procedimientos turbios para conducir la fuerza de tarea.
Según el abogado Fernando Augusto Fernandes, autor del libro “Geopolítica de la Intervención”, el gobierno de EE.UU. utilizó cursos y capacitaciones para orientar las actividades de jueces y fiscales en suelo brasileño.
Según un telegrama revelado por WikiLeaks , EE.UU. entrenó a miembros de la Policía Federal y del Poder Judicial de Brasil, como Sérgio Moro, para crear grupos de trabajo para la “investigación de delitos de financiamiento ilícito”.
“De esa manera, se pueden formar grupos de trabajo y se puede utilizar una investigación real como base para la capacitación”, revela un telegrama de la Embajada de EE. UU. en Brasilia enviado a Washington. expertos para orientación y apoyo en tiempo real”.
El telegrama también revela la intención norteamericana de promover la formación de largo plazo de las autoridades brasileñas, en “grandes centros urbanos” como São Paulo, Campo Grande y Curitiba.
En retrospectiva, está claro que estas capacitaciones valieron la pena . Durante la Operación Lavado de Autos, funcionarios del Departamento de Justicia y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sostuvieron reuniones periódicas con el grupo de trabajo en Curitiba, a menudo sin el conocimiento del Ministerio de Justicia de Brasil.
“Hay un vacío en esa relación directa entre el Ministerio Público de Paraná y autoridades extranjeras, sin pasar por el Ministerio de Justicia, como determina la legislación brasileña”, dijo Fernando Augusto Fernandes a Sputnik Brasil. “ Una autoridad nacional no puede relacionarse con una extranjera sin que el Poder Ejecutivo se involucre y evalúe los impactos sobre la soberanía nacional”.
Alcance internacional de la legislación estadounidense
El carácter extraterritorial de las investigaciones anticorrupción en EE.UU. está garantizado por una ley que tipifica como delito el pago de sobornos en el extranjero por parte de empresas extranjeras que operan en el mercado estadounidense , como lo hicieron Petrobras, Odebrecht y JBS.
Las multas impuestas por EE.UU. dañaron gravemente la economía nacional , que habría perdido cerca del 3,6% del PIB y 4,4 millones de empleos por la Operación Lava Jato, según un informe del DIEESE publicado en 2021.
“Esto no hubiera sido posible si los fiscales no se hubieran asociado, contrariamente a la ley, con fiscales extranjeros”, explicó Fernandes a Sputnik Brasil. “Entregaron información clasificada […] y permitieron que estos fiscales estadounidenses vinieran a Brasil e interrogaran a personas en el territorio nacional, sin la participación del Ministerio de Justicia”.
De hecho, un artículo de The Intercept Brasil reveló que 17 autoridades estadounidenses estuvieron en Curitiba en octubre de 2015, sin el conocimiento del Ministerio de Justicia, para reuniones con abogados de 16 denunciantes de Lava Jato.Cuando la visita fue revelada por la prensa, el fiscal de Curitiba Marcelo Miller le dijo al entonces Fiscal General de la República, Augusto Aras, en un mensaje revelado por Vaza Jato, que “el FBI confirmará su presencia en Brasil, pero no hará comentarios” . sobre el motivo o la investigación” .
Una nueva visita norteamericana se realiza en 2016, esta vez con conocimiento de las autoridades brasileñas competentes, para interrogar a los exdirectivos de Petrobras Nestor Cerveró y Paulo Roberto Costa , en un total de nueve horas de interrogatorio cada uno, revela el libro” Geopolítica de la Intervención”.
Según Fernandes, los fiscales brasileños no solo garantizaron a EE.UU. las condiciones para investigar y multar a las empresas brasileñas, sino que también determinaron que parte de esa multa, estimada en R$ 2,5 mil millones, debe quedar en manos del Ministerio Público de Curitiba.
“Incluso intentaron enriquecerse en este acuerdo hecho por Petrobras por la multa, para que el propio Ministerio Público recibiera una cantidad multimillonaria”, explica Fernandes. “Incluso abrieron una fundación, que recibiría estos recursos”.
Fernandes celebra que el Supremo Tribunal Federal “abrió los ojos” y actuó para evitar que esos recursos fueran destinados a la fundación que el fiscal Deltan Dallagnol pretendía coordinar.
Bufetes de abogados estadounidenses en Brasil
Después de imponer multas a la empresa estatal, el Departamento de Justicia de EE. UU. ofreció un acuerdo a la empresa. Entre las cláusulas estaba la apertura de un “departamento de cumplimiento” dentro de Petrobras , donde abogados externos supervisarían permanentemente las actividades de la empresa.
El estudio de abogados brasileño responsable del “compliance”, Trench Rossi & Watanabe, está siendo investigado por la Asociación de Abogados de Brasil (OAB), por actuar como sucursal del estudio de abogados norteamericano Baker McKenzie , reveló la revista Piauí.
Esta maniobra legal, típica del llamado “lawfare”, garantiza la supervisión permanente de EE.UU. sobre las actividades de Petrobras.
Según Fernandes, la intervención a través de bufetes de abogados aún no está en el radar de la oficina de transición del gobierno, que estudia formas de prevenir nuevos ataques extranjeros al Poder Judicial.
“Brasil no permite esto como una especie de reserva de mercado para los abogados brasileños […] pero hay áreas donde esto se está eludiendo, utilizando abogados y oficinas brasileñas, pero que en realidad están sirviendo a oficinas internacionales “, dijo Fernandes.
¿Futuro brillante?
“El papel más importante en esta respuesta lo debe jugar el propio Poder Judicial”, cree Fernandes. “El poder judicial ha revisado los errores que dieron lugar a los abusos”.
El abogado, sin embargo, reconoce que ” el Poder Judicial no solo participó en estos abusos, sino que lo hizo , no solo a través de Moro, sino también a través del Supremo Tribunal Federal, que negó un habeas corpus sobre la presunción de inocencia de Lula, culminando en su prisión.”
“Incluso la Corte Suprema fue coautora de estos abusos. Pero en un momento, algunos ministros del STF se dieron cuenta del caos que estas decisiones estaban generando y cambiaron de posición”, recordó Fernandes, citando los cambios de postura de los ministros Gilmar Mendes y Carmen Lúcia.
Fernandes aún celebra decisiones del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) que estipulan procedimientos más claros para llevar a cabo un acuerdo de culpabilidad y el castigo de los fiscales que financiaron campañas en vallas publicitarias para promocionar la propia institución durante la Operación Lava Jato.
Pero el abogado revela que existe potencial para la oposición política al nuevo gobierno dentro de los órganos de justicia, ya que “el 70% del poder judicial brasileño es bolsonarista” .
“El dique que está deteniendo todo esto es el STF y el STJ, porque la verdad es que llevará años delegar el Poder Judicial brasileño, que lamentablemente quedó al margen del proceso de redemocratización. Definitivamente necesitamos democratizar el Poder Judicial”, concluyó. el abogado
La Operación Lava Jato se llevó a cabo entre marzo de 2014 y febrero de 2021, para investigar delitos como corrupción activa y pasiva y gestión fraudulenta en empresas brasileñas. La nueva edición del libro “Geopolítica de la Intervención”, escrito por el abogado Fernando Augusto Fernandes, fue publicada en Brasil por Geração.