El plan Bolsonaro para armar Brasil: más bandas criminales y peligro para los niños
Brasil de Fato
Legisladores de la llamada «bancada de la bala» del Congreso Nacional anunciaron una iniciativa para derogar todos los decretos de control de armas dictados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lo que provocaría un reabastecimiento inmediato del crimen organizado y elevaría el riesgo de muertes violentas de niños y adolescentes.
Así lo advierten especialistas en seguridad pública, inteligencia balística y derechos de la infancia consultados por Brasil de Fato. Según señalan, las medidas para flexibilizar sin control el acceso a las armas cobrarían especial impulso si Flávio Bolsonaro (PL) llega a la presidencia.
La ofensiva legislativa está encabezada por el diputado federal reelecto Paulo Bilynskyj (PL-SP), comisario de policía en licencia, quien convirtió la eliminación de las restricciones en una prioridad de la bancada conservadora en la Cámara de Diputados. «Vamos a derogar todos los decretos de Lula sobre tiro. ¿Y qué vuelve entonces? Vuelve a permitirse el calibre de 9 mm, el porte durante los traslados y los clubes abiertos las 24 horas; se eliminan los niveles, la exigencia de práctica habitual y el límite de armas», declaró en una entrevista durante la Shot Fair Brasil.
El 7 de octubre, en declaraciones a Folha de S. Paulo, el senador y candidato a la presidencia por el PL, Flávio Bolsonaro, afirmó que «la legítima defensa tiene que volver, ¿no? Los únicos que están armados son los delincuentes», en referencia a la posibilidad de ampliar el acceso a las armas para defensa personal.
A juicio del abogado Ariel de Castro Alves, miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), la iniciativa legislativa retoma una política deliberada de promoción del armamento generalizado de la población.
«Jair Bolsonaro decía que quería a todo el mundo armado en Brasil. También tomó a niños en brazos y los animó a hacer el gesto de una pistola con las manos. En otros casos, cargó a niños que tenían armas de juguete. Siempre alentó el uso de armas por parte de todos, incluidos los niños, lo que provocó el rechazo de las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en distintos momentos de su gobierno», recuerda el abogado.
Alves advierte que la flexibilización de las normas y las facilidades para tener armas en los hogares vulneran principios centrales de la legislación de protección de la infancia y la adolescencia. Según el especialista, tanto la Constitución Federal como el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) consagran el principio de protección integral con prioridad absoluta y establecen que los niños y adolescentes deben estar permanentemente a salvo de cualquier situación de peligro, riesgo y violencia.
La ofensiva apunta a los decretos 11.366 y 11.615, dictados en 2023 para revertir la política de armas del gobierno de Jair Bolsonaro (PL). Las normas vigentes suspendieron la venta a civiles de armas de calibres de uso restringido, como las pistolas de 9 mm y los fusiles de 5,56 mm y 7,62 mm; redujeron los cupos de armas y municiones permitidos a cazadores, tiradores y coleccionistas (CAC), y transfirieron la fiscalización del sector del Ejército a la Policía Federal (PF).
«La derogación facilitaría el acceso a otros calibres, que volverían a inundar el mercado legal de armas y municiones de mayor calibre», advierte la directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo. «Hoy estamos viendo cómo el Comando Vermelho se abastece de municiones fabricadas y vendidas entre 2019 y 2022. No se puede negar que la flexibilización de los calibres permitidos y el mayor acceso a armas y municiones durante ese período también abastecieron al crimen organizado».
La especialista subraya que las incautaciones policiales revelan una conexión directa entre el comercio formal brasileño y los arsenales del narcotráfico: «Un porcentaje significativo de las armas y de las municiones que pudieron rastrearse y que fueron incautadas al Comando Vermelho se desvió de instituciones de seguridad y también de cazadores, tiradores y coleccionistas. Esto demuestra que sí existe ese vínculo entre el mercado legal nacional y el mercado ilegal. Tenemos que reconocerlo si realmente queremos quitarles las armas y las municiones a los delincuentes», afirmó Carolina.
El abastecimiento del Comando Vermelho
La constatación de que el crimen organizado se abastece dentro del país contradice la tesis de los dirigentes favorables a flexibilizar el acceso a las armas, según la cual el armamento pesado de las bandas criminales proviene exclusivamente del contrabando a través de las fronteras.
Un informe reciente del Instituto Sou da Paz, titulado «¿De dónde viene el disparo?», analizó 31.699 cartuchos de fusil incautados al Comando Vermelho entre 2018 y 2025 en Río de Janeiro y constató el predominio de la industria brasileña en el arsenal de la organización criminal.
Del total de municiones de fusil sometidas a peritaje, el 40,9% fue producido por la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), por encima de fabricantes de países como Rusia (28,1%) y Estados Unidos (14,1%).
En los calibres de mayor poder destructivo, la dependencia de la producción nacional es aún más marcada: el 74,3% de los cartuchos de 7,62 × 51 mm —utilizados en fusiles FAL— y el 58,4% de los cartuchos de 5,56 × 45 mm —de la plataforma AR-15— eran de fabricación brasileña.
Aunque la mitad de las municiones nacionales incautadas tenía marcas que acreditaban su desvío de las existencias de las fuerzas de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, las investigaciones registraron que, en el 20,7% de los casos, el suministro contó con la participación directa de agentes de seguridad o de cazadores, tiradores y coleccionistas.
Durante el gobierno de Bolsonaro, las compras autorizadas de munición de fusil por parte de civiles pasaron de 69.000 unidades en 2018 a un promedio de 4,1 millones al año entre 2020 y 2022, para abastecer un arsenal que llegó a superar los 40.000 fusiles en manos de tiradores civiles.
Carolina Ricardo explica que la falta de marcaje en las municiones comercializadas en el mercado civil favorece la impunidad e incentiva las redes delictivas.
«El mercado civil es enorme en Brasil y esa falta de marcaje dificulta mucho el rastreo y priva al Estado y a las policías de una herramienta para combatir el crimen y producir inteligencia de calidad. Si no se cuenta con esa posibilidad, se crea un incentivo adicional para que los tiradores, coleccionistas y cazadores puedan ser captados por el crimen organizado», destaca.
La directora del Instituto Sou da Paz también alerta sobre el peligro de que proliferen las armas artesanales fabricadas con impresoras 3D, conocidas como *armas fantasma*, si se eliminan las restricciones a los equipos de recarga y los insumos químicos:
«Incluso con las restricciones impuestas a esos equipos a partir de 2023, hemos visto crecer en Brasil el fenómeno de las armas fantasma, que no tienen número de serie y no pueden rastrearse. Si facilitamos la venta de equipos e insumos, creamos otro incentivo para la producción casera de municiones. Con talleres clandestinos y la compra legal de máquinas de recarga y pólvora, se dan todas las condiciones para ello. Y, sin munición, el crimen no puede sostener un tiroteo. Sin munición, el fusil pierde fuerza, pierde valor».
Riesgos para el sistema federal y corrupción policial
Además de la ofensiva contra los decretos del Ejecutivo, la bancada de la bala intenta aprobar en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 108 de 2023. Presentado por la diputada Caroline de Toni (PL-SC), y con el propio Paulo Bilynskyj como ponente en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ), el texto autoriza a los estados y al Distrito Federal a legislar de manera autónoma sobre el porte y la tenencia de armas para defensa personal y la práctica de tiro.
Para el especialista en seguridad pública Benedito Mariano, exdefensor de los ciudadanos ante las policías de São Paulo y coordinador institucional de la Oficina Nacional contra las Organizaciones Criminales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la propuesta desarticula la seguridad nacional y responde a intereses corporativos.
«La circulación masiva de fusiles y pistolas de 9 mm en el mercado civil genera más inseguridad que seguridad. Quienes deben portar armas de fuego son los agentes de seguridad pública», afirma Mariano. «La propuesta del proyecto de ley complementaria de transferir a los estados y al Distrito Federal la competencia para legislar sobre el porte y la tenencia de armas no es buena. La centralización en la Policía Federal garantiza un mínimo de control sobre el porte y la tenencia de armas en Brasil».
Mariano subraya que combatir el crimen organizado exige un control interno riguroso de las propias instituciones policiales para frenar el desvío de armas y municiones de sus cuerpos.
«El crimen organizado solo puede organizarse con la participación de agentes del Estado. Es fundamental fortalecer los órganos de control interno de las policías. La propuesta de enmienda constitucional sobre seguridad pública plantea fortalecer las inspectorías policiales. En el futuro, además de ser autónomas respecto de las direcciones policiales, estas deberían contar con garantías de inamovilidad para sus agentes; es decir, que estos desarrollen su carrera dentro del propio órgano de control. Fortalecer las inspectorías es una de las formas de combatir el crimen organizado», sostiene el exdefensor.
Tragedias en el hogar y amenazas para la infancia
Si en las calles la circulación descontrolada de armas alimenta las guerras entre bandas criminales y los enfrentamientos armados, dentro de los hogares las facilidades de acceso multiplican las tragedias domésticas y dejan víctimas entre niños y jóvenes.
«Podemos sufrir retrocesos en las cifras de asesinatos de niños y adolescentes», afirma el abogado y especialista en derechos de la infancia Ariel de Castro Alves, exsecretario nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente.
Según estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), recopilados en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, Brasil registraba un promedio de 19 niños y adolescentes asesinados al día en 2021, en pleno período de vigencia de los decretos de Bolsonaro que flexibilizaron el acceso a las armas. Tras el restablecimiento de los requisitos de control de armas durante el gobierno de Lula, el promedio descendió a unas seis víctimas mortales diarias.
«Menos armas de fuego en circulación y menos estímulo a su uso generan menos homicidios y menos muertes accidentales con armas de fuego», señala Ariel de Castro Alves.
Para el especialista, la entrada de armas de alto calibre en los hogares expone a niños y jóvenes a lesiones y muertes por la negligencia de los adultos en la custodia de sus arsenales. A principios de octubre, en Chapecó, en el estado de Santa Catarina, un adolescente de 13 años tuvo acceso a una pistola de 9 mm de su padre, registrado como cazador, tirador o coleccionista, y disparó en el rostro a un compañero de 14 años mientras jugaban dentro de la casa. En el lugar, la policía también incautó una carabina de calibre .357 y cientos de municiones.
En Parnamirim, en el estado de Río Grande del Norte, se abrió una investigación de protección de la infancia después de que un niño fuera grabado bailando con un arma de fuego en la mano sobre el capó de un vehículo durante una celebración electoral bolsonarista.
El peligro en el hogar también se conecta con la ola de violencia en el ámbito escolar. Datos del Instituto Sou da Paz señalan que, en la abrumadora mayoría de los ataques con armas de fuego registrados en escuelas brasileñas en los últimos años —como los de Sobral, en Ceará; Aracruz, en Espírito Santo, y Barreiras, en Bahía—, los atacantes utilizaron armas guardadas en sus propias viviendas, pertenecientes a familiares que tenían permiso de porte o registro de tirador deportivo.
La derogación de los decretos vigentes por parte del Congreso, advierten los especialistas, volvería a poner arsenales letales sin fiscalización al alcance de disputas familiares, accidentes que involucran a niños y del crimen organizado.