Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales

Hace pocos días, el congresista republicano Thomas Massie presentó ocho cargos para promover un juicio político contra el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Dos de las acusaciones involucran a Venezuela. En una, se le acusa de ordenar ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico que habrían causado al menos 243 muertes. En la otra acusación se le responsabiliza de dirigir la operación militar que incluyó “el secuestro del presidente de una nación soberana”.

La doctrina
Las operaciones denunciadas por Massie forman parte de la política de Trump, dirigida a imponer por la fuerza el control estadounidense sobre los demás países del hemisferio occidental. Trump ha definido América Latina y el Caribe como “nuestro hemisferio”, un espacio bajo dominio estadounidense. Desde esa concepción, la seguridad regional queda subordinada a los intereses de Washington. La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo sirve de pretexto para justificar intervenciones militares en otros países.

Los ataques de EEUU y la soberanía
Trump ha presentado los ataques contra lanchas en el Caribe como operaciones contra organizaciones narcotraficantes calificadas de terroristas. Pero esa calificación no convierte en objetivo militar a cualquier persona señalada como integrante de ellas. Si no existe una amenaza inminente que justifique el uso letal de la fuerza, matar a esas personas constituye una ejecución extrajudicial.

El 3 de enero, la intervención militar estadounidense llevó la escalada a territorio venezolano. Se usó la fuerza contra otro Estado. No fue una operación policial de gran escala, sino un acto de agresión en toda regla. Aun si se hubiera configurado un conflicto armado, eso no justificaría el uso desproporcionado de la fuerza ni las muertes causadas por ataques contrarios al derecho internacional humanitario. Eso tampoco eximiría a las fuerzas estadounidenses de cumplir esas normas y responder por su incumplimiento.

La intervención del 3 de enero abrió una nueva etapa de operaciones. El 12 de junio, Trump anunció un ataque del Comando Sur en Las Claritas, estado Bolívar, donde murió alias Niño Guerrero. La operación mostró que Estados Unidos seguía usando fuerza militar en Venezuela. Pero pertenecer a una organización delictiva no autoriza la eliminación física de una persona. No había una amenaza inminente que justificara el uso letal de la fuerza: se realizó una ejecución extrajudicial.

The Wall Street Journal confirmó que drones militares estadounidenses atacaron en Apure un lugar donde habría un campamento del ELN. Se argumenta que el objetivo era un grupo armado organizado, pero se ha denunciado la muerte de varios civiles. La presencia de un grupo armado en una zona rural no convierte a los campesinos en objetivos legítimos. Todo ataque debe distinguir entre combatientes y población civil, respetar la proporcionalidad y tomar precauciones para evitar víctimas civiles. Un bombardeo que ignore esas obligaciones es ilegal.

Las operaciones militares en el Caribe y en territorio venezolano plantean un problema que va más allá de la legalidad de cada ataque. Las incursiones en Venezuela vulneran la soberanía del país y el principio de no intervención. Ningún gobierno extranjero puede atribuirse la facultad de operar militarmente en otro Estado. A ello se suman las responsabilidades por las muertes y el incumplimiento de las normas que protegen la vida. Los militares estadounidenses han actuado como jueces, jurados y verdugos en alta mar y en territorio venezolano.

El impeachment y el silencio
La iniciativa de Massie muestra que la actuación de la maquinaria militar estadounidense empieza a encontrar resistencia dentro de sus propias instituciones. Aunque la iniciativa no haya reunido hasta ahora respaldo suficiente en el Congreso, ha puesto en discusión la facultad que se atribuyen los altos mandos para ordenar operaciones letales en otros países y decidir sobre la vida de otras personas.

El problema trasciende a Pete Hegseth y a la administración Trump. Se refiere a la entrada y salida constante de tropas estadounidenses, a la pretensión de mantener una presencia militar permanente y de obtener acuerdos que garanticen inmunidad jurídica a sus efectivos. Mientras en Washington se discuten esas actuaciones, en Venezuela y en buena parte de la comunidad internacional predomina un silencio difícil de entender.

No es aceptable que una potencia convierta su superioridad militar en un derecho para intervenir y permanecer en otros países sin responder por sus consecuencias.