EEUU sancionó al fiscal boliviano que investiga el caso Cerimedo (+VIDEO)
Boris Acosta Reyes
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien investiga el caso Cerimedo, rechazó la decisión de Estados Unidos de revocar su visa y la de otros 12 compatriotas con un llamado a preservar la soberanía y la independencia institucional. El Gobierno boliviano anunció que solicitará a Washington información y elementos probatorios sobre las acusaciones formuladas contra los afectados.
La sanción se enmarca en una política más amplia de restricciones de visa contra funcionarios de países con gobiernos afines a Washington, bajo la lógica del bloque “Escudo de las Américas” promovido por la administración de Donald Trump. Una fotografía oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicada en la plataforma Flickr el 7 de marzo de 2026, muestra a Cerimedo en una reunión bilateral entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, en el marco de la Cumbre del Escudo de las Américas.
Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca «ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer».
“Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó Mariaca en una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional en la que rechazó las acusaciones. Durante la rueda de prensa, el funcionario judicial y aseguró que la medida decretada por EEUU no alterará las investigaciones del Ministerio Público.
Mariaca atribuyó la decisión de Washington a las investigaciones de su despacho, citando específicamente el caso Cerimedo. Dijo que “algunas investigaciones tienen implicaciones que trascienden las fronteras nacionales” y que su trabajo “no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera de nuestro país”. Esta declaración configura una hipótesis política —que la sanción es una represalia por investigar a un aliado— pero no constituye una prueba presentada por el gobierno estadounidense.
Asimismo, el Legislativo de Bolivia solicitó s a la Cancillería que pida información al Departamento de Estado de EEUU sobre sus acusaciones de presunta corrupción contra Mariaca, por las que esa nación le revocó el visado junto a otros funcionarios y exfuncionarios.
La acusación de EEUU
Washington sostiene que el fiscal general abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. La acusación forma parte de una política de restricciones de visa anunciada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a los que señala de corrupción o de socavar gobiernos elegidos democráticamente.
Mariaca aseguró que recibió “con mucha sorpresa” la noticia, pero sostuvo que una decisión migratoria de otro Estado no puede condicionar sus atribuciones constitucionales. “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, afirmó, al mencionar el proceso contra el ex asesor del presidente Rodrigo Paz -y de gobiernos ultraderechistas regionales, incluido Javier Milei-, Fernando Cerimedo.
Además del controvertido estratega y fundador del portal La derecha diario -recluido en el penal de Chonchocoro por el intento de asesinato de su expareja Nadia Beller- Mariaca inició investigaciones sobre las denominadas “narcomaletas” y los combustibles, hechos que generaron gran controversia política en el país andino.
La respuesta oficial boliviana también se hizo conocer públicamente y el ministro de Defensa Ernesto Justiniano calificó de “muy graves” las acusaciones. Al mismo tiempo, el Gobierno dijo que solicitará información complementaria y elementos probatorios para que puedan ser conocidos en Bolivia y se investiguen los hechos. El ministro de Gobierno Marco Oviedo informó que se iniciará una investigación sobre la lista difundida por Estados Unidos contra los ciudadanos bolivianos observados y señaló que se realizarán las acciones necesarias para que las personas involucradas comparezcan ante la justicia boliviana.
Cerimedo piloteaba una “infraestructura transnacional de influencia político-mediática de ultraderecha en América Latina y el Caribe , que llega hasta el Secretario de Estado de EEUU, y se benefició de sus vínculos privilegiados con las principales estructuras de poder del gobierno de Trump, en particular con Marco Rubio. Al argentino se lo vincula a campañas de desinformación en Brasil (la tesis del fraude electoral de 2022), Argentina (la campaña digital de Javier Milei en 2023) y Chile (el plebiscito constitucional).
Para los analistas, estos elementos permiten calificar la caracterización de Cerimedo como “activo del Departamento de Estado” de EEUU como una interpretación fundamentada, no como una designación oficial. No existe un documento de Washington que lo acredite como empleado o contratista del gobierno de Washington. Lo que sí está documentado es su acceso a reuniones de alto nivel, su mención en informes de redes de influencia y su rol como operador digital de la derecha regional.