EEUU despliega una nueva arquitectura de inteligencia sobre el Cono Sur
La guerra 2.0 contra las drogas
Nicolás Centurión
La DEA, la oficina antinarcóticos estadounidene, reunió en Buenos Aires a representantes de más de cien países, donde el gobierno de Estados Unidos prometió aumentar la presión sobre Bolivia, Perú y la Triple Frontera mientras la Hidrovía del Río Paraná aparece como uno de los principales objetivos. Coincidentemente, el Comando Sur de EEUU puso en funcionamiento una fuerza de tareas para el hemisferio.
Asimismo, Argentina anunció que construirá con financiamiento estadounidense un centro regional de inteligencia criminal y aunque Uruguay no integra todavía el Escudo de las Américas, profundizó su cooperación con la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA): firmó un nuevo memorando y participa del intercambio de inteligencia regional.
Sebastián Marset es el antecedente inmediato de cómo funciona esa red. El combate al narcotráfico vuelve a convertirse en una puerta de entrada para una presencia estadounidense cada vez más profunda en Sudamérica.
Reunidos
Entre el 18 y el 20 de agosto Buenos Aires fue sede de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, IDEC por sus siglas en inglés. La reunión, organizada conjuntamente por el gobierno argentino y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, reunió según la DEA a casi 500 funcionarios y delegados de 110 países. La mayor parte de las actividades se desarrolló a puertas cerradas y estuvo dedicada al intercambio de inteligencia, investigaciones transnacionales, lavado de activos, nuevas rutas del narcotráfico y lo que Washington comenzó a definir de manera creciente como “narcoterrorismo”.
El término “narcoterrorismo” se empezó a utilizar luego de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de setiembre de 2001 en Nueva York. Según la propia DEA, narcoterrorismo es “una subcategoría del terrorismo en la que grupos terroristas, o individuos asociados a ellos, participan directa o indirectamente en el cultivo, la fabricación, el transporte o la distribución de sustancias controladas y en el manejo de los fondos derivados de estas actividades». Asimismo, la DEA emplea este término para describir la participación de dichos grupos o individuos en actividades tales como «el cobro de impuestos, la prestación de seguridad o cualquier otra forma de ayuda o colaboración con el narcotráfico, con el fin de promover o financiar actividades terroristas”.
Añade que este hecho induciría consecuentemente a una escalada militarista por parte de los distintos grupos armados que intervienen en la disputa, al propiciarse la intervención de actores poderosos como Estados Unidos, los cuales buscan terminar con estas “amenazas” por la vía militar. Por su parte, los consumidores de drogas también estarían siendo estigmatizados por “contribuir al terrorismo”.
No fue solamente otra conferencia internacional sobre drogas. La elección de Buenos Aires, la participación del director de la DEA Terry Cole y el contenido de las reuniones terminaron de mostrar una arquitectura de seguridad que Estados Unidos viene construyendo aceleradamente durante 2026 y que tiene en Argentina uno de sus principales centros de operaciones para América del Sur.
En pocos meses Washington impulsó una coalición político-militar contra los carteles, creó junto con gobiernos aliados nuevos mecanismos de intercambio de inteligencia, reforzó la estructura del Comando Sur, constituyó una fuerza de tareas específica para el hemisferio y financió en Argentina un centro diseñado para reunir información criminal de los países del Cono Sur. Paralelamente, la DEA intensificó sus contactos bilaterales con policías sudamericanas. Uruguay participa de esta segunda capa del dispositivo aunque, por ahora, no se haya incorporado formalmente al denominado Escudo de las Américas.
Estados Unidos no necesita instalar una base militar en cada país para aumentar su capacidad de intervención. Puede hacerlo mediante acuerdos de cooperación, oficiales de enlace, sistemas compartidos de inteligencia, capacitación, acceso a bases de datos, tecnologías de vigilancia, financiamiento, investigaciones conjuntas y estructuras regionales capaces de convertir información producida en Montevideo, Asunción, Buenos Aires, La Paz o Ciudad del Este en un único mapa criminal. La batalla ya no se libra exclusivamente sobre un territorio. Se libra también sobre los datos que permiten conocerlo.
Presión sur
El 24 de abril el gobierno de Javier Milei inauguró en Buenos Aires el Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado, conocido como CRIACO. En el acto participaron la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el subsecretario estadounidense Thomas Di Nanno y el embajador Peter Lamelas. El gobierno argentino explicó el alcance de la herramienta: el objetivo consiste en integrar información hoy dispersa, construir una visión en tiempo real de lo que ocurre en la región y, por primera vez, mapear las organizaciones criminales que operan en Sudamérica, sus conexiones y sus patrones de tráfico.
Estados Unidos no aparece simplemente como invitado. La documentación oficial argentina señala que Washington contribuye financieramente al centro y que participa a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. El CRIACO comenzará trabajando con los países del Cono Sur.
Esa infraestructura empezó además a conectarse con los corredores económicos reales. En mayo, el Ministerio de Seguridad argentino creó una Mesa de Coordinación Federal para prevenir y combatir el narcotráfico y el crimen organizado en los corredores bioceánicos. La resolución incluye rutas, ferrocarriles, pasos fronterizos, nodos logísticos, puertos fluviales, puertos marítimos y sistemas multimodales. También habilita mecanismos de cooperación con operadores logísticos, empresas de transporte y concesionarios de infraestructura, mientras coloca a la inteligencia criminal como uno de los componentes centrales para decidir dónde desplegar las fuerzas de seguridad.
Cuando Terry Cole, director de la DEA y Alejandra Monteoliva, ministra argentina de Seguridad, fueron consultados sobre las nuevas rutas del narcotráfico, la argentina ubicó entre las prioridades las fronteras, la Hidrovía Paraná-Paraguay y el tráfico aéreo irregular. Cole fue más lejos y anunció que Estados Unidos aumentará la presión sobre Perú y Bolivia y agregó especialmente la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Según el director de la DEA, esa presión provocará modificaciones en las tendencias del tráfico regional.
La afirmación merece atención porque la Hidrovía Paraná-Paraguay constituye uno de los grandes sistemas logísticos del continente. Conecta el corazón productivo de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina con los puertos del Río de la Plata y el Atlántico. Los mismos contenedores, barcazas, puertos privados, depósitos y corredores terrestres utilizados por el comercio legal son aprovechados por organizaciones criminales para introducir cocaína en cadenas logísticas que terminan en Europa.
No existe una hidrovía legal y otra clandestina. Existe una misma infraestructura disputada por actores legales e ilegales, donde detectar unos
Durante los días de la conferencia, Monteoliva llegó a señalar que los puertos uruguayos habían superado a los argentinos en incautaciones de droga. La comparación puede utilizarse políticamente de varias maneras, pero confirma algo que las investigaciones judiciales vienen mostrando desde hace años: Uruguay dejó de poder observar el narcotráfico regional como un problema que ocurre al norte de sus fronteras.
Hidrovía, Triple Frontera y rutas
La Triple Frontera constituye el otro gran laboratorio,el nodo donde Estados Unidos posa su mirada. Argentina, Brasil y Paraguay cuentan desde 1996 con un Comando Tripartito que permite intercambio de información y coordinación policial. Argentina asumió en mayo la presidencia pro tempore de ese mecanismo y el acto contó con representantes de la Policía Federal brasileña, Policía Rodoviária Federal y la Agencia Brasileña de Inteligencia. El sistema tiene décadas de existencia, pero ahora empieza a quedar inserto en una estructura de seguridad internacional mucho más amplia que coloca a Estados Unidos nuevamente en el centro de la estrategia hemisférica.
La frase pronunciada por Cole en Buenos Aires acerca de que habrá “más presión” en la Triple Frontera no apareció aislada. Desde marzo Washington viene construyendo la estructura política y militar necesaria para esa nueva etapa.
El 7 de marzo Donald Trump reunió en Miami a una serie de gobiernos latinoamericanos aliados y presentó el Escudo de las Américas. En su discurso no habló solamente de cooperación policial. Definió la iniciativa como una nueva coalición militar contra los carteles y explicó que su núcleo sería el uso de “fuerza militar letal” contra organizaciones criminales y redes consideradas terroristas. Días antes representantes de 17 países habían suscrito la declaración de seguridad que dio origen a la Americas Counter Cartel Coalition. Argentina y Paraguay estuvieron entre los países que se sumaron al mecanismo. Uruguay quedó afuera.
La distinción entre delincuencia organizada y enemigo militar comienza de esta manera a hacerse más borrosa. La vieja y fracasada guerra contra las drogas, inaugurada por Richard Nixon en la década de 1970 y desplegada luego mediante la DEA, la CIA, programas de erradicación, cooperación policial y asistencia militar, regresa con otra tecnología y una retórica todavía más amplia.
El traficante ya no es presentado únicamente como un delincuente: puede convertirse en narcoterrorista. Una organización criminal puede pasar a ser tratada como amenaza para la seguridad nacional. Una ruta comercial puede ser definida como infraestructura crítica. Una frontera nacional puede transformarse en espacio de una guerra hemisférica.
Ese cambio conceptual no es solamente semántico. El 4 de agosto el Comando Sur creó la Joint Task Force-Western Hemisphere, una fuerza de tareas para el Hemisferio Occidental que funciona como brazo operativo de esta nueva estrategia.
El propio Comando Sur informó que la unidad trabajará junto con los miembros de la coalición contra los carteles. Su comandante, el general Francis Donovan, fijó entre sus prioridades fortalecer el comando y control hemisférico, imponer lo que denomina “fricción sistémica” a los carteles y organizaciones terroristas y evitar que adversarios de Estados Unidos ganen posiciones o influencia en la región. La estrategia antidrogas se mezcla así con otra preocupación histórica de Washington: quién controla política, económica y militarmente el continente.
Más allá del narcotráfico
Ahí aparece el elemento central de esta guerra 2.0. El narcotráfico es un problema real, de enorme dimensión y con organizaciones capaces de corromper estados, penetrar puertos y controlar territorios. Sin embargo, el dispositivo diseñado para enfrentarlo excede crecientemente al narcotráfico.
En documentos y declaraciones estadounidenses aparecen mezcladas la lucha contra los carteles, el control migratorio, la presencia de organizaciones consideradas terroristas y la necesidad de impedir la influencia geopolítica de adversarios externos. China, en particular, aparece cada vez más dentro de la discusión estadounidense sobre puertos, infraestructura y seguridad hemisférica.
La utilización del término guerra tampoco resulta inocente. Bajo el derecho interno de los países sudamericanos, una investigación por narcotráfico suele encontrarse sometida al control de fiscales, jueces y policías. Cuando el mismo fenómeno pasa a ser considerado una amenaza militar, la cadena de decisiones cambia. Aparecen Fuerzas Armadas, comandos conjuntos, inteligencia militar, reglas de enfrentamiento y estructuras diseñadas no simplemente para investigar sino para neutralizar enemigos.
Esto no significa que la creación del Escudo autorice automáticamente a soldados estadounidenses a ingresar en cualquiera de los países integrantes ni que Washington haya obtenido una licencia general para operar sin autorización. Sin embargo, este esquema facilita una presencia estadounidense mucho mayor, normaliza la cooperación militar contra organizaciones criminales y permite que gobiernos latinoamericanos soliciten o acepten capacidades estadounidenses que hasta hace poco pertenecían claramente al ámbito de la defensa.
La soberanía no desaparece de un día para otro con la firma de un tratado, puede erosionarse gradualmente cuando la capacidad de producir inteligencia, seleccionar objetivos, suministrar tecnología, identificar organizaciones, financiar centros regionales y definir amenazas queda crecientemente concentrada en otro Estado.
El lugar de Uruguay
Uruguay se encuentra en una posición particularmente interesante dentro de ese tablero. El país no integra actualmente la Americas Counter Cartel Coalition y no participó de la cumbre fundacional de Miami. El presidente Yamandú Orsi sostuvo que Uruguay no había recibido una invitación formal y manifestó posteriormente que estaría dispuesto a discutir su incorporación si esa invitación llegara. El asunto provocó incluso una controversia política doméstica después de que dirigentes de la oposición reclamaran la adhesión uruguaya y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez cuestionara el componente ideológico de la iniciativa.
El 9 y 10 de abril Montevideo fue sede de la segunda Reunión de Coordinación Regional de la División Cono Sur de la DEA. Participaron representantes de Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos. El ministro del Interior Carlos Negro abrió el encuentro destacando precisamente la necesidad de mejorar el flujo de información y la confianza operativa entre los países. Michael Cabral, responsable de la DEA para el Cono Sur, y Thomas Miles, agregado de la agencia en Argentina con responsabilidad sobre Uruguay, estuvieron en Montevideo.
Un mes antes, Uruguay había suscrito un Memorando de Entendimiento con la DEA. El Ministerio del Interior uruguayo reconoció después de la conferencia de Buenos Aires que el acuerdo establece nuevas bases para ampliar la colaboración bilateral y que la participación uruguaya en IDEC permite comenzar a instrumentarlo. La misma comunicación oficial señala que el intercambio de inteligencia servirá para proteger puertos y fronteras, anticipar movimientos de organizaciones criminales y coordinar investigaciones con Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.
En Buenos Aires estuvieron lo uruguayo Pablo Lotito, director de Investigaciones de la Policía Nacional, y Robert Correa, director general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Correa había sido designado formalmente en misión oficial por Presidencia. Según informó Búsqueda, ambos mantuvieron contacto con Cabral y Miles durante la conferencia. Uruguay, por lo tanto, no estaba sentado en la mesa militar del Escudo de las Américas, pero sí estaba dentro de la principal reunión mundial de la DEA, intercambiando información con quienes dirigen las operaciones estadounidenses sobre el Cono Sur.
Caso Marset
La captura fue ejecutada por la Policía boliviana, no por la DEA. Este dato es relevante porque permite evitar una simplificación frecuente. Sin embargo, la operación se produjo después de un intenso intercambio regional de información y el narcotraficante fue trasladado inmediatamente a Estados Unidos, donde era requerido judicialmente. La agencia noticiosa Reuters informó que la DEA no participó directamente en el arresto pero sí en su traslado.
Marset es además el tipo de narcotraficante que justifica para Washington la construcción de esa red. Su organización utilizó varios países, identidades, sociedades, rutas terrestres y conexiones financieras. Ninguna policía nacional aislada podía reconstruir completamente la estructura. El problema existe y exige cooperación internacional. La discusión empieza cuando la cooperación pasa a significar subordinación de las capacidades regionales a una arquitectura cuyo centro de gravedad, financiamiento, tecnología y definiciones estratégicas se encuentran fuera de Sudamérica y con intereses foráneos.
El propio director de la DEA anticipó que la ofensiva estadounidense modificará las tendencias del tráfico. Uruguay debería tomar esa advertencia en serio porque puede ser uno de los territorios hacia donde se produzcan esos movimientos.
Existe entonces una paradoja. Cuanto mayor sea la ofensiva estadounidense sobre determinadas zonas de Sudamérica, mayor será la presión para que los países vecinos se incorporen a su sistema de inteligencia. Washington crea el dispositivo militar y policial, aumenta la presión sobre las rutas y, frente al desplazamiento que esa misma presión puede generar, ofrece también el mecanismo para defenderse de sus consecuencias.
Es la nueva guerra contra las drogas adaptada al siglo XXI.
La primera versión estuvo marcada por helicópteros, fumigaciones, bases, asesores militares y grandes operaciones de erradicación. La versión actual conserva esos instrumentos cuando resultan necesarios, pero incorpora algo más poderoso: bases de datos interoperables, reconocimiento biométrico, inteligencia financiera, seguimiento de criptomonedas, drones, vigilancia aérea, análisis masivo de información y centros regionales capaces de procesar en tiempo real movimientos que atraviesan varios países.
El territorio sigue importando, pero primero hay que convertirlo en datos.
Entre ambos extremos se encuentra Uruguay. Todavía afuera de la coalición militar, pero cada vez más adentro de la red que crea la infraestructura política, militar y de inteligencia que hace posible una intervención mucho más profunda cuando Estados Unidos disponga.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)