De Derwick a NABEP: la incómoda verdad detrás del “gran acuerdo energético” entre Venezuela y Estados Unidos
Alejandro López-González
El gobierno de Donald Trump ha presentado el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela como el mayor convenio energético de la historia. La Casa Blanca no ha sido precisamente modesta al describirlo: habla de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, 17 campos petroleros, inversiones potenciales por hasta 100.000 millones de dólares y un horizonte contractual que puede extenderse durante un siglo.
Son cifras de una magnitud difícil de comprender. Pero detrás de toda esa grandilocuencia existe un nombre empresarial que los venezolanos deberían comenzar a conocer muy bien: North American Blue Energy Partners, NABEP. Y detrás de NABEP aparece un nombre que muchos venezolanos ya conocíamos desde hace más de una década: Alejandro Betancourt López, cofundador de Derwick Associates y uno de los empresarios emblemáticos de aquel oscuro período de contrataciones de emergencia mediante el cual Venezuela gastó decenas de miles de millones de dólares intentando resolver una crisis eléctrica que, lejos de resolverse, terminó convirtiéndose en estructural. La historia, por tanto, merece ser contada completa.
Porque mientras Venezuela todavía padece las consecuencias del gigantesco deterioro de su Sistema Eléctrico Nacional, uno de los principales protagonistas empresariales de aquella etapa reaparece ahora convertido en pieza central del que la propia administración estadounidense denomina el mayor acuerdo petrolero del mundo. No deja de resultar extraordinario: Cien mil millones de dólares después seguimos teniendo apagones
En marzo de 2020 publiqué en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela el artículo “¿Cuánto dinero se perdió por el desfalco eléctrico en 20 años de revolución bolivariana?”. En aquel trabajo estimé, a partir de distintas fuentes disponibles para entonces, que durante las dos primeras décadas de la llamada Revolución Bolivariana se habían “invertido” alrededor de 105.000 millones de dólares en el sector eléctrico venezolano.
Aquella cantidad equivalía aproximadamente a dos años completos de ingresos brutos venezolanos por exportaciones de petróleo y derivados. Más del 65% de ese gasto se habría producido después de la declaración de la emergencia eléctrica de 2010. Conviene repetirlo porque las cifras enormes suelen perder significado: Venezuela destinó recursos equivalentes a aproximadamente dos años completos de exportaciones petroleras a desarrollar y recuperar su infraestructura eléctrica y, después de semejante esfuerzo financiero, terminó padeciendo uno de los sistemas eléctricos más deteriorados de América Latina.
Ahora bien, sería incorrecto afirmar que esos 105.000 millones de dólares fueron apropiados por Derwick. No existen pruebas que permitan sostener semejante cosa. Derwick fue, sin embargo, uno de los contratistas más representativos de aquella emergencia. Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau fundaron Derwick Associates y la empresa consiguió en apenas catorce meses contratos públicos por más de 5.000 millones de dólares, incluyendo once proyectos de generación eléctrica y otro de modificación de instalaciones, adjudicados sin concurso público en el contexto de la emergencia eléctrica.
Transparencia Venezuela realizó posteriormente una evaluación particularmente severa de esos contratos. Según esa organización, los once proyectos analizados debieron costar alrededor de 2.100 millones de dólares, mientras su factura terminó alrededor de los 5.000 millones, lo que supondría aproximadamente 2.900 millones de dólares en sobrecostos. Derwick ha rechazado estas acusaciones y ha sostenido que sus precios estuvieron dentro de los estándares internacionales.
La misma investigación señaló además que la capacidad eléctrica efectivamente disponible estuvo muy por debajo de aquella que había sido contratada. Transparencia Venezuela calculó que proyectos contratados por unos 3.516 MW terminaban aportando apenas 827 MW en el período analizado. No estamos hablando, por tanto, de una controversia ideológica. Estamos hablando de megavatios contratados, megavatios disponibles, miles de millones de dólares pagados y plantas que todavía hoy forman parte de la arqueología industrial de la crisis venezolana.
De las turbinas al petróleo
La historia tampoco terminó con las plantas eléctricas. En 2011, apenas iniciado aquel gigantesco negocio eléctrico, Alejandro Betancourt, Francisco Convit y otros integrantes del entorno empresarial de Derwick aparecieron vinculados a Derwick Oil & Gas Corporation, registrada en Barbados. A través de esa estructura se asociaron posteriormente con Gazprombank y entraron en Petrozamora, obteniendo intereses sobre campos petroleros del Lago de Maracaibo. OCCRP ha documentado esa trayectoria empresarial. Es decir: el salto de Betancourt desde la electricidad venezolana hacia el petróleo no comenzó con NABEP. Tiene más de una década. En 2024 aparece entonces una nueva compañía: North American Blue Energy Partners.
NABEP fue constituida alrededor de Alejandro Betancourt y del empresario estadounidense Harry Sargeant III. Investigaciones de Armando.info encontraron una coincidencia particularmente llamativa: cuando NABEP fue registrada en Caracas utilizó las mismas oficinas de Torre Kyra, en El Rosal, que anteriormente había utilizado Derwick Associates. Pero la continuidad no es solamente inmobiliaria. Ese mismo 17 de abril de 2024 se suscribieron acuerdos relacionados con Petrozamora. Armando.info identificó incluso un acuerdo confidencial cuyas partes incluían a PDVSA, CVP, NABEP, Alejandro Betancourt y Harry Sargeant III.
Transparencia Venezuela ha señalado, además, que mediante su asociación con Sargeant, Betancourt recuperó espacios dentro de Petrozamora que anteriormente había controlado mediante estructuras derivadas de Derwick Oil & Gas y Gazprombank Latin America Ventures. Resulta difícil sostener, por tanto, que NABEP y Derwick sean historias completamente independientes. Jurídicamente no son la misma empresa y sería incorrecto presentarlas como tales. Pero existe una evidente continuidad empresarial alrededor de Alejandro Betancourt: Derwick Associates → Derwick Oil & Gas → Petrozamora → NABEP. Y es precisamente NABEP la compañía que acaba de convertirse en el eje del nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos.
La mayor concesión petrolera de nuestra historia reciente
Aquí comienza lo verdaderamente extraordinario. El 31 de agosto de 2026 la propia Casa Blanca informó oficialmente que las autoridades venezolanas otorgaron a NABEP concesiones por 100 años sobre 17 campos petroleros que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas. No se trata de una interpretación de periodistas venezolanos ni de alguna filtración procedente de adversarios políticos. Lo dice la Casa Blanca.
Reuters confirma igualmente que NABEP, actualmente controlada por Alejandro Betancourt, ocupará una posición central en el esquema. El acuerdo contiene además una estructura insólita. NABEP otorgará al Gobierno estadounidense una participación de 35% en su compañía matriz. Estados Unidos tendrá derecho a comprar 20% de toda la producción presente y futura a costo de producción, derecho preferente para adquirir el 80% restante, poder de veto sobre los nombramientos de la junta directiva y la obligación de que la mayoría de sus integrantes sean ciudadanos estadounidenses. El Gobierno de Trump, por tanto, no es simplemente comprador del petróleo producido por NABEP. Se convierte en socio corporativo de la estructura empresarial controlada por Alejandro Betancourt. Ese hecho merece una reflexión que va mucho más allá de cualquier simpatía o antipatía por Donald Trump, Delcy Rodríguez o las actuales autoridades venezolanas.
Una contradicción difícil de explicar
La propia Casa Blanca justifica el acuerdo diciendo que pretende expulsar del sector petrolero venezolano a empresas rusas, chinas y a lo que denomina literalmente los “corrupt cronies of Maduro and Chávez”. Pero existe una contradicción evidente. Para sustituir a algunos empresarios vinculados al viejo sistema político venezolano, Washington ha escogido como socio fundamental a un empresario cuya fortuna y trayectoria empresarial nacieron precisamente de grandes contrataciones realizadas con el Estado venezolano durante los gobiernos de Hugo Chávez. Alejandro Betancourt nunca ha sido condenado penalmente por aquellos hechos y este elemento debe decirse con claridad. Reuters recuerda que, aunque fue objeto de investigaciones y múltiples señalamientos, nunca fue acusado formalmente, y Betancourt ha rechazado reiteradamente las acusaciones formuladas contra él. Pero tampoco puede borrarse su historia:
- Derwick Associates existió.
- Los contratos existieron.
- Las adjudicaciones sin competencia existieron.
- Las investigaciones sobre los sobrecostos existen.
- Las plantas eléctricas cuyo desempeño resultó inferior al esperado existen.
- Y el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional también existe.
La prudencia jurídica obliga a no transformar denuncias en sentencias. Pero la prudencia política obliga igualmente a no padecer amnesia.
El problema no son las reformas
Mi objeción tampoco consiste en rechazar obcecadamente la participación estadounidense en la reconstrucción de Venezuela, o las reformas al modelo petrolero nacional. Sería absurdo. Podemos conceder que Venezuela necesita capital, tecnología, empresas internacionales, seguridad jurídica y una profunda apertura de su sector energético. He defendido durante años la necesidad de reconstruir nuestro sistema eléctrico, diversificar nuestra matriz energética y sustituir el modelo rentista por una verdadera economía de la energía, diversificada y con participación privada multinacional. El problema es otro:
¿Por qué un acuerdo de semejante magnitud fue estructurado únicamente alrededor de NABEP?
¿Por qué entregar concesiones centenarias sobre campos que concentran aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas a una compañía creada apenas en 2024 y controlada por un empresario cuya trayectoria empresarial está inevitablemente vinculada a uno de los capítulos más controvertidos de la emergencia eléctrica venezolana? ¿Por qué no existió una licitación internacional transparente? ¿Por qué no compitieron públicamente ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, ENI, TotalEnergies, Equinor o decenas de operadores internacionales con décadas de experiencia técnica? Reuters ha informado precisamente que especialistas y abogados cuestionan la opacidad del proceso y señalan que el acuerdo no fue sometido a un proceso competitivo. La ausencia de competencia importa, y mucho. Porque una cosa es atraer capital privado y otra completamente distinta es seleccionar discrecionalmente al intermediario privado que administrará durante generaciones una porción gigantesca de las reservas petroleras de la República.
Durante décadas, el rentismo venezolano produjo una enfermedad institucional recurrente: pequeños grupos empresariales obtenían acceso privilegiado al Estado y convertían esa relación política en extraordinarias fortunas privadas. Cambian los gobiernos, cambian las consignas, cambian los aliados internacionales, pero el perverso mecanismo de apropiación política de la renta nacional amenaza con sobrevivir. Hace quince años el argumento era la emergencia eléctrica, hoy el argumento es la reconstrucción petrolera. Entonces se justificaron contrataciones extraordinarias porque supuestamente había que resolver rápidamente una crisis. Ahora se justifican concesiones extraordinarias porque supuestamente hay que reconstruir rápidamente el país. Precisamente por haber vivido la primera experiencia deberíamos ser particularmente cuidadosos con la segunda. La “reconstrucción venezolana” no puede fundarse nuevamente sobre contratos confidenciales, adjudicaciones directas, intermediarios privilegiados y enormes concentraciones de poder económico. Mucho menos cuando algunos de los protagonistas pertenecen al mismo ecosistema empresarial que prosperó durante el período que ahora todos dicen querer superar.
De Derwick a NABEP ¿una profundización del rentismo político?
Hay algo profundamente desconcertante en esta historia. Mientras millones de venezolanos siguen sufriendo apagones, fluctuaciones de tensión, infraestructura eléctrica deteriorada y una calidad de servicio impropia de un país que gastó alrededor de 105.000 millones de dólares en su sistema eléctrico, Alejandro Betancourt ha regresado al centro de la economía nacional. Ya no es mediante turbinas, ahora es mediante petróleo. Estamos hablando de concesiones por un siglo sobre 17 campos que contienen alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas, es decir, una cantidad superior a todas las reservas probadas actuales de Estados Unidos.
Podría entenderse que la administración Trump pueda considerar a Betancourt un operador eficaz. Las actuales autoridades venezolanas pueden considerarlo un socio conveniente. NABEP puede argumentar que posee capacidad para incrementar rápidamente la producción. Todo eso puede discutirse, lo que no puede pedírsele a Venezuela es que olvide. No considero sensato sustituir el viejo capitalismo venezolano del amiguismo por una nueva versión internacionalizada del mismo modelo, pasamos de un saqueo entre amigos connacionales a un saqueo trasnacional. Ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos deberían decidir qué empresario venezolano merece convertirse en intermediario privilegiado de nuestros recursos naturales, aunque, en honor la verdad, ni con China, ni con Rusia ni con Cuba (como esgrimen factores fundamentalistas de la oposición caducada) se dio jamás un acuerdo con condiciones semejantes a estas incluidas en las negociaciones con Estados Unidos.
Los 65.000 millones de barriles no pertenecen a un gobierno, no pertenecen a NABEP, no pertenecen a Alejandro Betancourt, tampoco pertenecen a Donald Trump. Son un activo estratégico de la República de Venezuela y cualquier acuerdo que comprometa su explotación durante generaciones debería someterse al mayor nivel posible de transparencia, competencia internacional, auditoría pública y control institucional. Después de todo lo ocurrido con nuestro sistema eléctrico, repetir el mismo patrón en nuestra industria petrolera no puede simplemente verse como una equivocación u omisión en favor de un “renacer de la nación”, eso no tiene sentido. Este acuerdo, en estas condiciones, solo viene a demostrar que no aprendimos absolutamente nada del pasado reciente y que en manos del actual gobierno interino parece que queremos profundizar el modelo de desfalco a la nación, ahora con socios trasnacionales que garanticen la tecnología y estabilidad en el tiempo que el modelo de la “PDVSA bolivariana” no logró alcanzar.
– Alejandro López -González es Ingeniero en Energía por la Universidad Politécnica de Madrid y Doctor en Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC-BarcelonaTECH) Actualmente, investigador de planta en el CIDETIU y Docente en Desarrollo Sostenible de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacin (URBE, Maracaibo)