Continúan negociaciones EEUU–Venezuela

Leopoldo Puchi

En 2022, Venezuela y Estados Unidos iniciaron un diálogo en el marco de la crisis energética mundial provocada por la guerra de Ucrania, lo que ha representado un cambio en la política estadounidense. Este proceso negociador contó con la participación del gobierno de Catar, que facilitó una serie de encuentros durante meses que arrojaron resultados positivos en puntos como el tema petrolero y el intercambio de prisioneros.

Este acercamiento refleja una reevaluación más amplia de la política estadounidense hacia Venezuela, que incluye la sustitución de la política de “máxima presión” empleada durante la administración Trump. En lugar de tácticas subversivas y de derrocamiento, la nueva estrategia busca impulsar un escenario electoral que favorezca a las fuerzas internas alineadas con los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y otras instancias en Washington habían llegado a la conclusión de que, en el corto plazo, no existían condiciones para intentar de nuevo un derrocamiento. Por lo tanto, la estrategia se ha centrado en el ámbito electoral como el camino más viable para alcanzar los objetivos políticos en el país.

Reincorporación y sanciones

Con el fin de avanzar en esta estrategia electoral, Washington consideró indispensable la reincorporación a la vida electoral y legal de las fuerzas políticas que crearon un gobierno paralelo en 2019 con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro. En el contexto de las negociaciones en curso, el Consejo Nacional Electoral ha admitido, en representación de este sector político, la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y la candidatura de Edmundo González.

Dentro de la estrategia electoral, las sanciones han desempeñado un papel significativo. Las agencias estadounidenses han observado que su aplicación ha generado resultados favorables a un cambio de gobierno al reducir drásticamente los ingresos petroleros y aislar financieramente a Venezuela. Esta situación ha contribuido a un empeoramiento de las condiciones de vida de la población y al deterioro de los servicios públicos, lo que seguramente tendrá un impacto electoral.

Dos objetivos

Por su parte, el sector gubernamental venezolano se ha planteado una política que reúne dos objetivos: preservar su permanencia en el gobierno y, a la vez, obtener el reconocimiento internacional de los resultados electorales. Para lograr estos objetivos, este sector político ha realizado concesiones, pero sin comprometerse tanto como para perder el poder.

Determinar el punto exacto de equilibrio que permita alcanzar ambas metas es una tarea difícil, ya que implica considerar diversas variables en juego. Las decisiones en este sentido dependen más del arte político que de una ciencia exacta, pues implican un delicado balance entre intereses y circunstancias en constante evolución.

Conversaciones

Por el momento, ni el gobierno de Venezuela ni el de Estados Unidos desean que la cuerda se rompa. Según diversas fuentes, las conversaciones continúan y se han logrado algunos acuerdos durante las últimas reuniones en México, especialmente en relación al asunto de la reimposición de las sanciones. Esto implica que, aunque las licencias petroleras no hayan sido extendidas, se otorgarán permisos específicos para que las compañías petroleras sigan operando en el país produciendo y exportando petróleo.

Sin embargo, las elecciones se celebrarán sin que las sanciones hayan sido levantadas, como se había anticipado en los acuerdos de Doha. Además, los fondos bloqueados en el extranjero aún no han sido reintegrados a Venezuela, como se estaba previsto desde hace varios años. La OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EEUU) sigue transfiriendo recursos bloqueados del Banco Central a partidos políticos de la Plataforma Unitaria, mientras Washington mantiene la prohibición que impide a Venezuela renegociar deudas y participar en los juicios que se llevan a cabo en Estados Unidos relacionados con Citgo.

Pendiente

Por lo tanto, todavía quedan decisiones críticas pendientes relacionadas con los acuerdos electorales que deben tomarse en las próximas semanas. Si las negociaciones sobre estos puntos no avanzan, la cuerda podría tensarse hasta llegar a un punto de ruptura.

La solicitud de levantamiento de las sanciones por parte de la CIDH es un indicio positivo, ya que podría sugerir que pronto se anunciarán medidas relacionadas con el fin del aislamiento financiero de Venezuela y el reintegro de fondos. Mientras tanto, las negociaciones continúan.