Cómo desacreditar a gobernantes populares: Lula tiene que ser culpable/ Del acoso judicial contra Cristina Kirchner

 Emir Sader|

Aun sin ningún tipo de prueba que demuestre enriquecimiento personal, o de haberse servido de su cargo como presidente de Brasil para obtener beneficios personales, aun regresando al mismo apartamento de la periferia obrera de São Paulo de donde salió para ser el presidente de más éxito y prestigio en la historia del país —aun con todo ello, Lula tiene que ser acusado, procesado, considerado culpable y condenado—.

En el caso de que esto no sucediera, tras la persecución judicial, policial y del Congreso, ya no será posible decir que todos los políticos son inmorales, que todo líder popular conquista el apoyo del pueblo en base a fraudes. No será posible justificar que se instale en Brasil un gobierno de corruptos, de ladrones y de golpistas sin ningún apoyo popular, como si el país estuviera condenado a ser manipulado por esa manga de mafiosos que ha asaltado el poder por medio de un golpe.

Si Lula fuera candidato de nuevo y el pueblo volviera a reconocer, una vez más, su capacidad de liderazgo indiscutible, no será posible decir que el contacto con el Estado corrompe a todos, que los gobiernos sirve para enriquecer a los políticos, sino que es, por contra, posible promover los derechos de todos, incluyendo también a los más pobres en la esfera de los derechos esenciales garantizados por el Estado.

Si Lula no es condenado, aun con pruebas manipuladas por jueces que representan los peores intereses de la élite brasileña, responsables de mantener a este país en en mapa del hambre, entonces se probará que un presidente puede atender a los intereses de todos, que no es necesario gobernar para los ricos y contra los pobres. Quedaría comprobado que Brasil no necesita someterse a los designios del mercado, del capital especulativo, del FMI. Que Brasil puede y debe retomar el desarrollo económico con distribución de renta, el modelo escogido por el pueblo brasileño en elecciones directas cuatro veces consecutivas.

Si Lula no se ha enriquecido como presidente, si no ha traicionado los intereses del pueblo, si es el único político que mantiene un inmenso apoyo popular y la confianza del pueblo, con más razón necesita ser condenado, porque esa imagen es insoportable para las élites tradicionales brasileñas. Porque éstas necesitan recuperar el control del Estado y volver a gobernar para ellas mismas y en contra de los derechos conquistados por el pueblo brasileño en este siglo.

Para impedir que de nuevo un gobierno democrático, popular y soberano se instale en Brasil, es necesario sacar a Lula de la vida política, no importa el modo. No sirve fabricar encuestas en las que Lula aparecería con gran rechazo. Si creyeran en esas encuestas, no necesitarían sacarlo de la vida política. Bastaría derrotarlo en una disputa democrática, a través del voto popular. No habría peor derrota para Lula ni victoria más grande para la derecha brasileña.

Pero la derecha, que ha perdido con Jose Serra dos veces, con Alckmin, con Aecio, con Marina, va a perder de nuevo, con cualquiera de ellos o con algún invento nuevo. Por ello necesitan fabricar una condena de Lula y para ello cuentan con el sistema judicial y el Congreso, dispuestos a pasar a la historia como marionetas de las minorías dominantes.

Un fantasma recorre las mentes de las élites dominantes, de su políticos, de los dueños de los medios, de los jueces, de los policías —el fantasma de Lula, que es necesario condenar, frente a la imposibilidad de derrotarlo si la democracia se restablece en Brasil. 14 Sep 2016

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Anexo:

Del acoso judicial contra Cristina Kirchner

José Steinsleger|

Mauricio Macri alucina. Desde que llegó al poder, toda su agenda gira en torno a ese lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Que, con expresión menos metafórica que la del aleph borgeano, busca meter presa a Cristina Fernández de Kirchner (CFK), o bien inhabilitarla políticamente por vía judicial.

Cosa difícil, pues la coalición derechista corporativa que sostiene al presidente empieza a crujir, y el piso electoral de la ex presidenta (sola y sin alianzas) se conserva intacto a pesar de la feroz y tenaz ofensiva mediático/judicial (28/30 por ciento).

A los Kirchner se los ama o se los odia. Extremos que no son buenos, pues, tras el golpe que en 1955 derrocó a Perón, los argentinos padecieron 48 años de luchas fratricidas y desencuentros, a manos de la Sociedad Rural, gran parte de la jerarquía clerical, políticos y sindicalistas entreguistas de cuño radical o peronista, y clases medias que prosperaron durante los distintos gobiernos peronistas.

Posiblemente el comentarista incurra en parcialidad y subjetividad. ¿Y la corrupción de los K? Pero si contásemos lo que se embolsaron varios funcionarios en 12 años de kirchnerismo, sus propios detractores apenas han registrado 300 millones de dólares. Mientras Macri, en seis meses, asumió compromisos por 56 mil 300 millones con los fondos buitres, a más de aumentar en 500 y más de mil por ciento los servicios básicos de la población.

¿Por qué lo uno es ventilado y condenado mediáticamente, y lo otro no? Entonces, el comentarista recordará que, comparativamente, los gobiernos de Néstor y Cristina fueron los más estables, prósperos y honestos de la historia política argentina. Sin embargo, parecería que en la era del cinismo y la mentira ilustrada, la objetividad equivale a vulgaridad populista.

El último capítulo del acoso a los K fue el pedido de la Unidad de Información Financiera a la justicia federal para que declare la inhibición general de bienes en la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner. Y los anteúltimos apuntan a dos bandas:

Primero, el increíble pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para remover al juez federal Daniel Rafecas. Un magistrado incorruptible que archivó, por inexistencia de delito, la causa de un memorando de entendimiento con Irán (aprobado por el Congreso), y concebido para avanzar en la investigación del atentado terrorista contra la mutual cooperativa judía AMIA (junio de 1994).

Y segundo, reabrir la del malogrado fiscal Alberto Nisman (buen amigo de la CIA y el Mossad), que a inicios de 2015 apareció muerto (¿suicidado?), a pocas horas de su presentación en el Congreso para acusar a Cristina y el ex canciller Héctor Timerman de traición a la patria y encubrimiento en el atentado referido.

No satisfecha con ello, la DAIA (que dice representar a la comunidad judía, pero opera junto a la embajada de Tel Aviv) extiende la acusación, satanizando a todos los diputados y senadores (kirchneristas o no), que convirtieron en ley dicho memorando que nunca rigió, y que Macri echó al bote de basura.

Publicada en La Nación y Clarín, la carta contra el juez Rafecas (8/9/16), fue firmada por 340 personajes. En su mayoría, cómplices civiles de la dictadura militar, miembros de la archirreaccionaria cúpula de la colectividad judía y empresarios resentidos por la fallida ley de medios, y con sus manos chorreantes de sangre tras la compra de la empresa Papel Prensa durante la dictadura.

La respuesta no tardó: más de 10 mil firmas encabezadas por lo más digno y consciente de la sociedad argentina. Pero, ¿qué revelan los infundados y gravísimos cargos que se ventilan en los medios, y poco importa si la justicia interviene?

Por sobre todo, el miedo a Cristina. Leáse: el miedo al peronismo. Y de paso, advertir acerca de quién manda. Leáse: los responsables de todos los genocidios que sufrió el país desde 1810. Leáse: el país que hasta la aparición del peronismo fue la joya más preciada de la corona británica, y el mundo que hoy ve a cualquier país como reserva de recursos estratégicos. Leáse: el mundo del capitalismo depredador y salvaje.

Algo más sobre el juez Rafecas (49 años): fue el magistrado que ordenó la causa del Primer Cuerpo de Ejército y escribió uno de los pocos ensayos jurídicos en castellano sobre la solución final de los nazis. No es kirchnerista, y en 2012 se ganó la enemistad del gobierno en la investigación contra el vicepresidente Amado Boudou. Y la de los radicales, resentidos por el estudio que hizo de las coimas en el Senado, que llevaron al juzgamiento del ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001).

Por ahora, Rafecas recibió el respaldo del papa Francisco, y en noviembre participará en la Pontificia Academia de las Ciencias de Roma, en un coloquio sobre narcotráfico y crimen organizado. Finalmente, resta lo único de lamentar: ambos son hinchas de San Lorenzo de Almagro.

Mensaje implícito: cualquier gobierno soberano que celebre acuerdos comerciales con la república islámica de Irán será mediáticamente linchado. Y lo insólito: en su portal web, la cancillería de Macri, quien se jacta de la división de poderes, publicó la carta de los notables contra el magistrado.

*Publicado en La Jornada