Caso Ueno Bank: claves de la investigación contra Peña
Pablo Rodriguez
La investigación sobre Ueno Bank en Paraguay tiene dos dimensiones conectadas: las presuntas irregularidades que condujeron a la intervención de la entidad financiera y la posible responsabilidad de autoridades que debían supervisarla. La Fiscalía solicitó el 13 de noviembre ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña por presunta asociación criminal, al señalarlo como supuesto jefe de una estructura estatal destinada a favorecer al banco. El pedido se suma a los cargos de lesión de confianza y administración en provecho propio que ya enfrentaba.
El punto de partida de la crisis fue la intervención de Ueno Bank por el Banco Central del Paraguay (BCP), el 3 de noviembre, debido a graves problemas de solvencia. La medida dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos y transformó el deterioro de una entidad privada en un problema político: durante el gobierno de Peña, el banco había recibido importantes recursos públicos, incluidos fondos de cajas jubilatorias.
La relación que examinan los investigadores va más allá de la colocación de dinero estatal. Peña había tenido acciones en el grupo controlador de Ueno hasta 2025, según la información de AFP recogida por distintos medios. La Fiscalía sostiene que el entonces mandatario utilizó su influencia para favorecer a la entidad y minimizar sus dificultades, pese a las advertencias sobre préstamos irregulares y riesgos de insolvencia. Esas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y no equivalen a hechos establecidos por una sentencia.
El eje de la nueva acusación es el presunto funcionamiento coordinado de autoridades del Ejecutivo y del organismo supervisor. Según el Ministerio Público, esa estructura habría subordinado los controles del Banco Central a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank. Los investigadores sostienen que funcionarios conocían las irregularidades y habrían permitido que la entidad siguiera captando depósitos, en lugar de impulsar medidas correctivas.
Otros investigados
Por eso, el expediente no se limita al expresidente. También alcanza al ex titular del BCP Carlos Carvallo; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán; y a los antiguos miembros del directorio Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González. La relevancia de estos cargos radica en que la investigación examina tanto las decisiones adoptadas como las posibles omisiones de quienes tenían responsabilidades de vigilancia sobre el sistema financiero.
La Justicia desarrolla dos investigaciones paralelas: una sobre los directivos de Ueno Bank y otra sobre Peña y las autoridades del Banco Central. Según el reporte de AFP, diez directivos de la entidad estaban detenidos, mientras Peña y Carvallo permanecían en prisión preventiva. Esta separación permite distinguir la gestión interna del banco de la presunta protección que habría recibido desde el Estado.
La crisis bancaria tuvo una consecuencia institucional inmediata. Peña fue destituido por el Senado, mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones, la semana anterior a la ampliación de los cargos, y quedó detenido horas después. Sin embargo, la destitución y el proceso penal son instancias diferentes: la primera determinó su salida del poder; el segundo debe establecer si cometió los delitos que le atribuye la Fiscalía.