Buques-cárcel: dura apuesta colombiana para aislar a los megacapos del crimen

Delegados de los ministerios de Justicia y Defensa pusieron al Inpec en la tarea de pensar un modelo de reclusión en buques ubicados en altamar para romper el poder criminal que mantienen, a pesar de estar detrás de las rejas, decenas de los más peligrosos capos del país. La instrucción llevó a un grupo de funcionarios del Inpec a concentrarse durante los días siguientes en revisar el componente jurídico y la viabilidad de una medida que supondría trasladar fuera de las cárceles tradicionales a internos considerados de alta peligrosidad.

Había que establecer hasta dónde permitía avanzar la legislación, qué responsabilidades tendría cada institución y bajo qué condiciones podría ponerse en marcha un primer proyecto. De ese trabajo surgió un informe que recibió el nombre Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas).

El documento lo tiene el Ministerio de Defensa, que se encuentra estudiando la forma en que materialización la idea. Según conoció este diario, allí también quedó consignada una lista con los 10 nombres de cabecillas vinculados a estructuras de extorsión que podrían ser considerados para integrar el proyecto piloto.

‘Digno Palomino’ y alias Negro Ober, dos capos de este delito en Barranquilla aparecen entre los nombres con los que podría comenzar el proyecto. Este diario conoció que ambos fueron incluidos en un borrador que el Inpec puso en conocimiento del Gobierno durante los últimos días, antes del consejo de seguridad realizado el pasado domingo en la capital del Atlántico.

Información conocida indica que el proyecto ya lleva varias rondas de discusión con la cúpula de la Fuerza Pública, al tiempo que el Gobierno pidió meterle el acelerador al proyecto para que entre en funcionamiento antes de finalizar el año. “Estamos articulando esfuerzos y mirando cómo se puede hacer. La idea es recuperar el control”, señalaron fuentes que conocen las discusiones dentro del sistema penitenciario.

Los primeros documentos plantean dos escenarios. En el Caribe, los buques podrían permanecer en aguas próximas a Cartagena. Para el Pacífico, se estudia una ubicación cercana al puerto de Buenaventura. De manera inicial, se busca habilitar y adecuar unas embarcaciones para recluir al primer grupo de privados de la libertad y cortar todo contacto con sus redes criminales.

“Estas embarcaciones deberían tener un espacio para que aterricen helicópteros –dependiendo de la distancia entre el puerto y el punto de reclusión–; espacios adecuados para cuando ingresen las visitas y abogados, pero también todas las adecuaciones de las celdas. La idea es que los presos estén en espacios separados”, dijo una fuente.

Será la Dirección General Marítima (Dimar), por encargo del Ministerio de Defensa, la que tendría la responsabilidad de coordinar todo el componente marítimo. En las embarcaciones estarán tres grupos de personas: los uniformados de la Armada, que se ocuparán de la seguridad y la logística del barco; y los guardias del Inpec, encargados de la custodia de los privados de la libertad y el control de sus visitas.

“Un buque no deja de ser una infraestructura que requiere tripulación y mantenimiento, suministro de agua y alimentos, energía, manejo de residuos, atención médica y protocolos para responder a una emergencia. La operación penitenciaria, además, debe coexistir con la operación marítima”, explicó la fuente. De hecho, por otro lado, advirtieron que ya se puso sobre la mesa esa división de responsabilidades: “Este es un rol del Inpec, no de la Armada. Inpec no sabe nada de buques ni de mantenimiento”.

Aunque la Estrategia de Reclusión Marítima se plantea ahora como una fórmula para aislar cabecillas, Colombia ya registra antecedentes. En 2007, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, jefe del bloque ‘Central Bolívar de las Autodefensas’, fue sacado de la cárcel de Itagüí y trasladado a una fragata de la Armada en el Caribe, mientras avanzaban los trámites relacionados con su extradición a Estados Unidos.

Ese mismo año ocurrió lo mismo con Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle. Tras su captura en septiembre, fue llevado a un buque en el Pacífico. En ambos casos, el objetivo de las autoridades era aislar a los capos y cortar las comunicaciones que mantenían con sus organizaciones desde los lugares de reclusión.

El uso de cárceles flotantes tampoco es exclusivo del país. Estados Unidos y Reino Unido han recurrido a embarcaciones acondicionadas para recibir personas privadas de la libertad, aunque bajo circunstancias diferentes a las que plantea ahora el Gobierno colombiano.

Uno de los casos fue el Vernon C. Bain Correctional Center, conocido como ‘The Boat’, en Nueva York. Después de tres décadas de operación, fue cerrado en noviembre de 2023. En el Reino Unido también funcionó el HMP Weare, una embarcación convertida en prisión. Otros buques fueron reutilizados como cárceles después de haber cumplido diferentes funciones.

La extorsión dejó de concentrarse en llamadas desde cárceles o exigencias de estructuras armadas en zonas rurales. Comerciantes, empresarios, ganaderos y pequeños negocios enfrentan organizaciones que combinan amenazas, citaciones y ataques para exigir dinero.

En Barranquilla delinquen estructuras como ‘los Pepes’, ‘los Costeños’ y la ‘Generación del Nuevo Frente del Golfo’. Mientras que en Norte de Santander, Santander, sur de Bolívar y Meta aparecen casos de grupos delincuenciales que amenazan al sector palmero; en Meta también contra ganaderos y en Huila alrededor de la piscicultura.

La Fiscalía tiene identificados penales como El Barne, en Cómbita, y La Modelo, en Barranquilla, desde donde se originan llamadas. En 2026, la Policía reporta más de 1.800 capturas relacionadas con este delito. La respuesta incluye allanamientos en seis cárceles y el traslado de 20 internos desde Barranquilla, mientras las autoridades preparan el movimiento de otros 40 presos de alto perfil hacia el penal de máxima seguridad de Girón, Santander.