Bolsonaro negó haber pedido asilo político a Milei: las pruebas lo contradicen
Juraima Almeida
El hallazgo de un borrador de carta en el que el expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro pedía asilo político al actual mandatario libertario argentino Javier Milei, sumò un nuevo capítulo a la saga judicial por golpismo en Brasil. La carta, guardada en su teléfono móvil y editada por última vez en febrero de 2024 —poco después de que le retiraran el pasaporte—, nunca habría llegado a destino. Al menos eso es lo que dicen en el gobierno de Buenos Aires.
El documento forma parte de un informe de 170 páginas presentado esta semana por la Policía Federal en el que se revelan múltiples estrategias diseñadas para influir en el juicio por el intento de golpe de Estado de enero de 2023. La institución recomienda que Bolsonaro y su hijo Eduardo sean procesados por intentar manipular al Supremo Tribunal Federal (STF). La existencia de la carta expone a Bolsonaro explorando salidas desesperadas para evadir a la justicia brasileña. Su breve refugio en la embajada de Hungría en Brasilia meses antes ya había despertado sospechas sobre un plan de huida, pero ahora la trama adquiere mayor consistencia judicial. 
Bolsonaro, procesado en la Corte Suprema por intento de golpe de Estado, negó a través de su defensa haber considerado la opción de pedir asilo en Argentina, pese a que la Policía Federal encontró en su celular un documento de 33 páginas dirigido a MIlei. Las autoridadesno tienen claro si la solicitud de asilo se había enviado alguna vez a las autoridades argentinas, pero concluyeron que demostraba que Bolsonaro había ideado planes para eludir una investigación sobre su papel en un intento de mantenerlo en el cargo tras perder las elecciones presidenciales de Brasil de 2022.
Entre las pruebas también aparecen transferencias de dos millones de reales enviadas a Eduardo mediante las esposas de ambos, con el objetivo de financiar una ofensiva internacional en Washington para frenar los procesos en Brasil. Estas operaciones financieras, aparentemente menores, se integran en una estrategia más amplia: asegurar recursos para una campaña de presión internacional, con el concurso de actores vinculados al presidente estadounidense Donald Trump.
A pesar de la prohibición expresa de usar redes sociales impuesta por el STF, Jair Bolsonaro mantuvo un flujo constante de mensajes políticos a través de canales alternativos. La Policía Federal reveló que el exmandatario creó listas de difusión en WhatsApp con nombres explícitos como “Diputados”, “Senadores”, “Otros». A través de estas vías, burló las restricciones judiciales y continuó dirigiendo la movilización de simpatizantes y parlamentarios aliados.
Las autoridades aseguraron que conversaciones extraídas del celular de Bolsonaro lo muestran enviando mensajes y videos, junto con instrucciones precisas de publicación. En uno de ellos incitaba al expresidente a difundir un video con la frase: “Si te identificas con este video, compártelo. ¡No podemos quedarnos callados!”. Para las autoridades, la evidencia apunta a una conspiración sistemática entre ambos para burlar las restricciones impuestas por la Corte Suprema, que prohibían a Bolsonaro el uso de redes sociales.
El bolsonarismo es, en gran medida, un movimiento moldeado por la comunicación digital. Desde su ascenso en 2018, Bolsonaro construyó su poder sobre redes como Facebook, Twitter y, especialmente, WhatsApp, donde las cadenas de mensajes fueron cruciales para su victoria electoral. La transición a listas de difusión privadas tras la prohibición judicial confirma la centralidad de estas herramientas en la estrategia del expresidente.
Y el pastor Malafaia no solo alimentaba el discurso de confrontación, sino que diseñaba la estrategia comunicacional de resistencia. Tras la incautación de su teléfono y su pasaporte, el pastor evangélico se victimizó en redes sociales, acusando aljuez Alexandre de Moraes de persecución religiosa y comparando a la Corte con la Gestapo.
Bolsonaro permanece confinado en Brasilia, pero sigue siendo el líder indiscutido de la oposición, inhabilitado políticamente hasta 2030 y bajo la amenaza de una condena que podría superar los 40 años de cárcel por encabezar un intento de golpe contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El desenlace de su juicio, que comenzará en septiembre, pondrá a prueba la fortaleza del sistema judicial brasileño y la capacidad de la democracia del país para juzgar a un expresidente poderoso respaldado por redes transnacionales de ultraderecha.
*Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)