Atacan a periodistas en Colombia y México
La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) urgió al Gobierno investigar, identificar y castigar a los autores de las amenazas y crímenes contra varios periodistas en el país, mientras en México, César Duarte, gobernador oficilista de Chihuahua, criminaliza fast track hijos de periodistas asesinados
Asociación colombiana de editores pide investigar amenazas a periodistas.
Prensa Latina / Ciap-Felap /
La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) urgió hoy aquí al Gobierno investigar, identificar y castigar a los autores de las amenazas y crímenes contra varios periodistas en el país.
Andiarios, que afilia a más de 50 medios de comunicación, mostró su preocupación por la escalada de ataques y hostigamientos contra ocho reporteros de Valledupar, en el norteño departamento del Cesar.
Los reporteros de RCN Radio, Noticias Uno, Al Día, RPT Noticias, Caracol, Radio Guatapurí, Maravilla Estéreo y El Heraldo, fueron declarados objetivos militar el 6 de mayo último por el llamado ejército antirestitución de tierras.
“El Estado se encuentra en la obligación de adelantar con prontitud las investigaciones de estos delitos Sólo así se evitará que se siga intentando silenciar a la prensa”, subrayó en un comunicado la Asociación, que consideró que las medidas de protección y apoyo a los periodistas no son suficientes.
Las amenazas a los reporteros de Valledupar, añade el texto, se suman al reciente atentado a Ricardo Calderón, jefe de Investigaciones de la revista Semana, a las intimidaciones a Yesid Toro, del diario Q’Hubo, en Cali, y a otras que este año ha recibido Jineth Bedoya, subeditora judicial de El Tiempo.
Más de 130 comunicadores han sido asesinados en Colombia en los últimos 30 años, la mayoría de ellos en zona alejadas de Bogotá, donde el periodismo se encuentra en permanente amenaza.
Según cifras oficiales, entre 2010 y 2013, 99 reporteros fueron amenazados, entre ellos dos asesinados. Muchos de estos crímenes permanecen en la impunidad.
César Duarte, gobernador oficilista de Chihuahua, criminaliza fast track hijos de periodistas asesinados
Horacio Zaldívar* / Vanguardia.comn.mx / Ciap-Felap
Ya se veía venir. Como en otras entidades del país, cuando jóvenes son victimados en forma violenta, las primeras declaraciones de gobernadores, procuradores y voceros son: “estaban relacionados con el crimen organizado”.
Pues bien, como recordamos Alfredo David y Diego Alejandro Páramo González, de 20 y 21 años respectivamente, fueron asesinados a tiros la madrugada del sábado pasado en la colonia Arboledas, Chihuahua, capital del estado del mismo nombre.
El padre de las víctimas, David Páramo, informa sobre temas económicos en medios nacionales como Proyecto 40 y el diario Excélsior, mientras que Martha González Nicholson, la madre, es directora del diario local El Peso, filial de El Diario de Chihuahua.
Ante este hecho, el gobierno de Chihuahua fijó su posición oficial en voz del gobernador César Duarte: Una deuda de 10,000 pesos (836 dólares) por compra de drogas motivó el asesinato el sábado pasado de los hermanos Páramo González, hijos de los periodistas David Páramo y Martha González Nicholson.
Según cable de CNN México, a 35 horas del crimen, las autoridades llegaron a esta conclusión con base en los mensajes de texto hallados en el teléfono celular de Diego Alejandro Páramo González y de las declaraciones de Jonathan Lozoya, que fue detenido este lunes por su presunta participación en los asesinatos, de acuerdo con la versión del gobernador.
“Al ser detenido (Lozoya) nos ha declarado que sirvió de señuelo (para) el autor material e intelectual de este homicidio, para hacer posible el cobro de 10,000 pesos que adeudaba Diego Alejandro Páramo González, por enervantes que a su vez se comercializaban”, dijo Duarte a periodistas la noche del lunes en el aeropuerto de Chihuahua, al norte de México.
Ante estas poco creíbles declaraciones de un angustiado gobernador, resulta infantil que los hijos de respetados periodistas anduvieran en actividades de narcomenudeo, como también que una deuda de 10 mil pesos hubiese sido motivo suficiente para ajusticiarlos, pero lo más ingenuo, que siendo los padres figuras públicas, ni la PGR, ni la PFP, mucho menos la Procuraduría General de Justicia del estado, hubieran detectado una actividad tan obvia en los hijos de estos reconocidos periodistas.
Hasta que no presenten pruebas periciales contundentes y no simples confesiones arrancadas mediante tortura, seguiremos creyendo que en México, en Chihuahua, se criminaliza a los jóvenes ante la impotencia, ineptitud y complicidad del gobierno…
*) Horacio Zaldìvar, columnista mexicano