A pesar de la condena histórica, el genocidio continúa

LEONOR HURTADO | El 10 de mayo el Tribunal de Justicia de Guatemala condenó el exdictador, general Ríos Montt a 80 años de cárcel por las masacres contra pueblos indígenas en los años 80.[i] Hay mucha esperanza de que el proceso judicial contra los criminales de la guerra sucia de Guatemala continúe.[ii]

Alainet

Pero mientras el pueblo celebre el juicio, los procesos de genocidio que Rios Montt inició con sus masacres hace 30 años siguen su curso con otros métodos.

En la última década la expansión de caña de azúcar para etanol y de palma aceitera en el norte de Guatemala ha desplazado a centenares de familias campesinas Maya-Q´eqchi´, aumentando la pobreza, hambre, desempleo y falta de tierra en la región, afirma Alberto Alfonso-Fradejas en “Hijas e hijos de la Tierra”: Comunidades Indígenas y Acaparamiento de la Tierra en Guatemala[iii]. Observamos una tremenda contradicción: al mismo tiempo que condena al ex general Ríos Montt por genocidio, el estado permite que la oligarquía aliada a la industria extractiva continúe desfrenadamente, sin importar el costo humano del desalojo, en muchos casos, asesinato y encarcelamiento a los y las pobladores rurales que resisten la embestida industrial. El genocidio contra la población indígena campesina en Guatemala ahora no tiene la cara de un dictador militar apoyado por los Estados Unidos… ahora son las corporaciones, la oligarquía y el mismo Banco Mundial quienes pretenden desaparecer a los campesinos de sus tierras.

Las catorce familias oligarcas que controlan las 14 compañías productoras de azúcar (AZAZGUA), las cinco compañías que controlan la producción nacional de etanol y las ocho familias que controlan la producción de palma aceitera (GREPALMA)[iv], miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) están acaparando la tierra apoyadas con inversiones de instituciones internacionales del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La confluencia de múltiples crisis: financiera, energética, alimentaria y ambiental a nivel mundial, ha disparado la inversión de las corporaciones en recursos derivados de la tierra como agrocombustibles, minerales, pastos y comida. Guatemala tiene cariz extremadamente violento de una tendencia global en que se juntan los intereses agrarios, financieros e industriales para acaparar tierras campesinas.

Para afirmar que el acaparamiento de tierras es una nueva forma de genocido, es necesario citar el estudio de Ricardo Falla ¿Cómo que no hubo genocidio?[v] en el cual analiza la definición del mismo y sus características. De los cinco actos que definen el genocidio, Falla contempla dos, que más claramente se dieron en Guatemala: “matanza de miembros del grupo” y “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. Del primer genocidio, que se dio en tiempos de Rios Montt contra los Ixiles, hemos pasado al segundo en el cual se priva a los Q´eqchi´ de sus medios de existencia. Centenares de familias han sido desplazadas, no tienen tierra para producir ni vivir, se niega su vida e identidad cultural-comunitaria; estas son condiciones físicas que acarrean su destrucción.

La condena difícilmente[vi] lograda contra un genocida es una victoria histórica, pero no es suficiente. Porque ese genocida fue condenado cuando ya no era útil al sistema de explotación y dominio, pero la oligarquía a quien sirvió ese genocida, continúa cometiendo genocidio contra la población campesina indígena, siendo respaldada por la inversión internacional y encubierta por el sistema legal que favorece los acaparamientos de tierra en detrimento de la población nacional.

Notas: 

[i] Los juzgadores estamos totalmente convencidos de la intención de la destrucción física del área Ixil” en referencia a la muerte de 1 mil 771 indígenas ixiles en Quiché entre 1982 y 1983, perpetrada por el Ejército. Además “resulta inexplicable la actitud de Ríos Montt que permitió que el Ejército realizara todas las masacres, violaciones masivas hacia la población”. Jueza Jasmín Barrios, Tribunal Priemro A de Mayor Riesgo, lectura de la sentencia, Prensa Libre, 05/11/13.

[ii] Ante la sorpresa de todos, uno de los testigos, exmilitar, testificó que Pérez Molina (presidente de Guatemala) ordenó atrocidades. Yo iba a dar mi testimonio en el juicio pero a último momento fui bloqueado porque temían que también mencionara la función de Pérez Molina. Ahora que concluye este juicio, si Ríos Montt es condenado la próxima pregunta será: ¿Qué participación tuvo Pérez Molina? Comentario (del periodista estadounidense presente en el área de Ixcán en 1982) Allain Nair, http://www.allannairn.org/ .

[iii] Alonso-Fradejas, Alberto. 2013. “Sons and Daughters of the Earth”: Indigenous communities and land grabs in Guatemala (Land & Sovereignty in the Americas Series, No. 1) Oakland, CA: Food First/Institute for Food and Development Policy and Transnational Institute.

[iv] Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) y Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA).

[v] Genocidio se definió en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio adoptada el 9 de diciembre de 1948 y en vigor desde el 12 de enero de 1951. Firmada por Guatemala en 1950. En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
¿Cómo que no hubo genocidio?, Falla, Ricardo, 2013, http://www.plazapublica.com.gt/content/como-que-no-hubo-genocidio.

[vi] El proceso contra Ríos Montt fue interrumpido en dos ocasiones y ha enfrentado diversos obstáculos desde que comenzó el 19 de marzo de 2013. Por lo menos 150 recursos legales, entre inconstitucionalidades, amparos, recusaciones, quejas, solicitudes de destitución de jueces y otros han sido interpuestos a lo largo del juicio oral. El proceso contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez inició en 2000 cuando la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) presentó la denuncia en el departamento de Quiché. Sin embargo, el juzgado que recibió el expediente poco pudo hacer debido a la lluvia de recursos legales pero también a que Ríos Montt mantenía inmunidad desde ese año hasta 2012, cuando dejó de ser diputado. Genocidio: Tribunal condena a 80 años a Ríos Montt y absuelve a Rodríguez,Prensa Libre, 05/11/13.
Fuente: http://alainet.org/active/64004