La sentencia contra Cristina, pesadilla para el gobierno libertario
Rubén Armendáriz
A escasas horas del día en que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner debiera presentarse ante los tribunales para conocer el lugar de su detención y en medio de las presiones para que sea confinada a una cárcel pese a ser mayor de 70 años, crece el temor del “círculo rojo” de poder de que se produzca un gigantesca movilización popular para acompañarla y que esa foto recorra el mundo.
El nerviosismo campea en el gobierno y, simultáneamente, las especulaciones transitan los medios de comunicación: si finalmente la Justicia le concede el arresto domiciliario: ¿puede la expresidenta salir al balcón?; ¿debe contar con restricciones?; ¿cómo se fijan las pautas?, ¿puede ir cualquier persona a visitarla? Son tan sólo algunas de las inquietudes que plantea la prensa hegemónica y que rodean la especulación sobre el trámite que determinará dónde cumplirá la condena por la supuesta corrupción.
La Casa Rosada trata de desmontar lo que se prevé como una de las más gigantescas movilizaciones de los últimos años, esta vez acompañando a Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Py. Para el gobierno libertario la imagen de la multitud en los diarios, los noticieros y los medios del mundo entero será un durísimo impacto. La sola idea de que se concrete ya es una pesadilla.
Les es muy difícil explicar cómo es que esa multitud descree del Poder Judicial y respalda a una expresidenta condenada. “Sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por zoom”, dijo Guillermo Fancos, el jefe de gabinete de Javier Milei, mientras altos funcionarios negociaban con los jueces para que le otorguen prisipon domiciliaria y así desarmar la gigantesca marcha prevista para el miércoles.
Siguiendo su campaña de odio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprobó que, a partir de esta semana, la Policía Federal pueda hacer requisas a personas y vehículos que concurran a movilizaciones sin orden judicial, tratando de evitar la anunciada megamovilización en defensa de la expresidenta.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria. El dictamen que no es vinculante para el Tribunal se entregó a media mañana de este martes y los fiscales argumentaron que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria” a la ex mandataria.
Quizá lo que aceleró el fallo de la Corte fue la decisión de Cristina Kirchner de participar en las elecciones de la Tercera Sección de la Provincia de Buenos Aires, lo que subrayaba la relevancia de esta región, que alberga aproximadamente 6,5 millones de habitantes, lo que representa más de un tercio de los 17,5 millones de bonaerenses y ,la seguridad que la dos veces presidenta recobraría sus fueros parlamentarios.
La participación activa de Cristina Kirchner en la Tercera sección fue, por lo tanto, percibida como una amenaza para el bloque en el poder ya que el «principal beneficiario» resultaba el peronismo bonaerense, advirtiendo la capacidad única de la líder del peronismo para movilizar una porción significativa del electorado en estado de desconexión y apatía., señala el analista Artemio López.
El «bloque en el poder» buscó impedir activamente la participación electoral de Cristina Kirchner. Esta obstrucción se manifestó a través de la intervención del «partido judicial» y conllevó una vergonzosa campaña mediática de extorsión sobre la Corte, para que resolviera contra ella en tiempo y forma, mediante la sentencia de culpabilidad en la no menos vergonzosa “Causa Vialidad”.
La referencia explícita a un «partido judicial» sugiere una estrategia deliberada para eliminar a un oponente político poderoso por medios no electorales, utilizando eficazmente al aparato judicial como una “extensión” del poder económico dominante, en lugar de “árbitro independiente”, lo que socava los principios de una competencia electoral justa, la separación de poderes y el estado de derecho, difuminando las líneas entre las esferas legal y política. Crea un campo de juego desigual donde los fallos judiciales son percibidos como políticamente motivados, señala López.
¿Qué podía haber pasado si era un factor actuante en una eventual derrota del Gobierno en las elecciones de la estratégica provincia de Buenos Aires? Seguramente, la precaria estantería económico-política del gobierno
ultraderechista entraría en zona de riesgo. Sin garantías políticas, esta economía del endeudamiento permanente y un equilibrio inestable se puede caer en cualquier momento, pese a as embestidas contra las libertades democráticas , que tienen el objetivo de blindar a un régimen político precario.
Era evidente que el actual bloque en el poder haría la imposible para impedir que fuera candidata y probablemente preservara la provincia de Buenos Aires para el peronismo, y así, el llamado partido judicial, apelando a una sentencia sin sustento, proscribe entonces a la principal opositora, en medio de una farsa democrática
Cualquier persona -en Argentina o el mundo- que crea que con el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner se está discutiendo un tema de “corrupción”, desconoce absolutamente la naturaleza del problema. A la Corte Suprema, disminuida a tres miembros (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) y al grueso del Poder Judicial no le interesa la corrupción, entre otras cosas, porque el Poder Judicial es corrupto, señala Fernando Rosso.
Y añadió que “con esta intrusión quisieron dar un mensaje cuasi mafioso a todo el sistema político, a todos los opositores, sobre la capacidad que tienen de tutelar un régimen a través de jueces que, en realidad, son cuadros políticos que responden a una fracción de poder y se forman en las “escuelas de cuadros” del “partido judicial” en del Departamento de Estado norteamericano.
La precariedad del gobierno libertario de Javier Milei que se refleja en los procesos electorales provinciales donde se registra una fuerte abstención y resultados fríos para las huestes oficiales, en medio de una gran abstención
De hecho, este Poder Judicial, esta Corte Suprema y el bloque de poder al que responden no está discutiendo la corrupción (presente en todos los gobiernos, incluidos los kirchneristas), está discutiendo otra cosa, tiene otro objetivo “mayor” y a la corrupción la consideran un “vuelto” si responde a sus intereses.
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)