Oposición ecuatoriana: espuria concesión del campo petrolero Sacha
Eloy Osvaldo Proaño
La candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, anunció que, de llegar a la presidencia, revertirá el contrato de concesión del Campo Sacha, adjudicado a la empresa Amodaimi-Oil Company. Asimismo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) acusó al gobierno del ultraderechista Daniel Noboa de haber consumado “un robo al país” con esta concesión.
El Gobierno justifica la decisión debido al estado crítico de la infraestructura y la falta de recursos de Petroecuador. Sin embargo, diversos sectores critican la falta de transparencia en el proceso. Sacha es un campo petrolero de alta calidad que varios gobiernos han intentado concesionar:
Durante el gobierno de Rafael Correa (2016) se exploró un acuerdo con la empresa china Cerg, pero no se concretó. En la administración de Lenín Moreno (2020), se lanzó una licitación con un anticipo de USD 1.000 millones, pero fue suspendida en 2020 y durante la gestión de Guillermo Lasso (2021-2023) se intentó incluir Sacha en un portafolio de inversión privada, pero la Corte Constitucional bloqueó la reforma legal que permitía su concesión.
El anuncio de González se produjo en medio de crecientes denuncias sobre los vínculos entre el gobierno de Daniel Noboa y la empresa a la que se adjudicó la operación del Campo Sacha.González denunció que el acuerdo fue realizado «al margen de la ley» y aseguró que no permitirá la entrega de los recursos naturales de los ecuatorianos. «Lo vamos a echar abajo, lo vamos a revertir, porque no vamos a entregar los recursos de los ecuatorianos, cuando aquí se ha hecho un contrato al margen de la ley», declaró.
«No vamos a permitir que se sigan entregando nuestros recursos a empresas extranjeras que solo buscan su beneficio, mientras el pueblo ecuatoriano sigue sufriendo», declaró, tras prometer la revisión de todos los contratos firmados durante el gobierno de Noboa que consideren cláusulas de arbitraje internacional o que no respeten la soberanía nacional.
Además, advirtió sobre la posibilidad de que existan cláusulas de arbitraje internacional incluidas en el contrato, señalando que estas violan la Constitución ecuatoriana y la voluntad soberana del pueblo. Según investigaciones de medios locales y registros de la Superintendencia de Compañías, Amodaimi-Oil comparte el mismo número de contacto con la Sociedad Ganadera El Ordeño S.A.S., empresa vinculada a Isabel Noboa, tía del presidente ecuatoriano.
Sacha, ubicado en la región amazónica, produce 77 mil barriles diarios, con reservas estimadas en 350 millones de barriles, pero su entrega a manos privadas dejaría pérdidas al país estimadas en mil 44 millones de dólares, según un informe de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep).
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) acusó al gobierno del ultraderechista Noboa de haber consumado “un robo al país” con la concesión al consorcio trasnacional Sinopetro del campo petrolero Sacha, el más productivo de la nación con 77 mil barriles diarios.
Según CONAIE, esta decisión traerá consigo pérdidas por más de 8 mil millones de dólares, tras un proceso “oscuro y sin transparencia” para ceder la explotación de este recurso estratégico al consorcio Sinopetrol. “Sacha ya no es del pueblo. Ahora, 87.5 por ciento de sus ganancias irá a manos privadas, mientras Ecuador apenas recibirá 12.5 por ciento, quedándose con las migajas de su propio petróleo”, señaló la Conaie.
Este hallazgo difundido por la prensa es fuente de fuertes cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y privilegios otorgados a grupos cercanos al gobierno. A pesar de las declaraciones de la ministra de Energía, Inés Manzano, quien desestimó que se trate de un proceso de adjudicación o concesión a empresas privadas, las evidencias sugieren lo contrario.
Según las actas de negociación, de cada 100 barriles extraídos del Campo Sacha, 87.5 serán para Sinopetrol (consorcio chino-canadiense al que pertenece Amodaimi-Oil) y solo 12.5 para el Estado ecuatoriano. Esta distribución ha sido calificada como desventajosa para el país, ya que la mayoría de las ganancias quedarían en manos de la empresa privada. Otro foco de críticas es el hecho estudio jurídico que representa a Sinopetrol es el mismo del abogado de Noboa y de la canciller, Gabriela Sommerfeld.
Mientras ello ocurre, el país enfrenta hambre, crisis y desempleo, y el gobierno, en lugar de defender los recursos nacionales, los entrega a intereses extranjeros, añadió la CONAIE. “Este saqueo no es casualidad. Daniel Noboa está desesperado por recursos para usar el Estado con fines electorales y pretende hipotecar el futuro del país para mantenerse en el poder”, precisó.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)