Reforma judicial en México: ¿fin de la corrupción o del equilibrio de poderes?
Gerardo Villagrán del Corral
El miércoles fracasó el intento de una mayoría de la Suprema Corte de Justicia mexicana de crear una ruptura constitucional invalidando partes de la reforma al Poder Judicial promulgada el pasado 15 de septiembre por el gobierno centroizquierdista del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma al Poder Judicial se mantiene vigente y se considera legal.
Al no reunir los votos de ocho de los 11 integrantes del máximo tribunal, se desechó el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá para admitir las controversias constitucionales impulsadas por los partidos de la derecha opositora –PRI,PAN, MC, la minoría opositora del Congreso de Zacatecas y un partido local de Coahuila.
La actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma al Poder Judicial es el resultado de la lucha del pueblo de México contra la corrupción que se vive dentro de las instituciones de impartición de justicia. “Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide: la Reforma al Poder Judicial que hoy es parte de la Constitución no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación”, señaló en la conferencia matutina.
Desde la oposición se señaló que la Suprema Corte cedió al gobierno el último espacio que había en el orden institucional para defender el equilibrio y la división de poderes del país. Los ministros no tuvieron los ocho votos que necesitaban para invalidar la reforma constitucional de Morena y sus aliados, una reforma que somete el Poder Judicial al Poder Legislativo, que declara a éste último como un poder superior al Judicial y sin límites para cambiar la Constitución, escribió Héctor Aguilar en Milenio.
La Corte le ha puesto un broche de legitimidad al asalto del Ejecutivo y el Legislativo sobre el equilibrio de poderes y con él ha dejado mutilada legalmente a la República que estableció la Constitución de 1917, añadió.
Sheinbaum manifestó que parte de la corrupción que se vive en el Poder Judicial es el nepotismo con el que se opera en el sistema de justicia, problemática que incluso fue reconocida por los que ahora defienden los privilegios de jueces, magistrados y ministros, como Mexicanos Contra la Corrupción, organización que en 2018 publicó la investigación “El poder familiar de la federación”.
Esa investigación expone que al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras –publicado en el 2018–, cuyas ‘redes clientelares’ se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.
Puntualizó la presidenta que en el estudio se ejemplifica que un magistrado del circuito correspondiente a Durango integró a 17 familiares en puestos administrativos, así como dos magistrados de Querétaro y de Nuevo León que tienen 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondientes a esas entidades, de acuerdo al documento.
“Ésta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial”, dijo Sheinbaum.
El voto de Alberto Pérez Dayán fue definitivo para que el grupo que encabeza la ministra Norma Lucía Piña Hernández perdiera la mayoría necesaria para echar abajo la modificación legislativa y con ello se rechazó el proyecto de González Alcántara Carrancá, que pretendía que se invalidaran preceptos de la enmienda constitucional como la elección por voto popular de jueces y magistrados.
Así llegó a su punto final la aventura –calificada como golpista por el gobierno- emprendida por el propio González, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y, hasta el último momento, Alberto Pérez Dayán. Con este desenlace concluye uno de los procesos más vergonzosos e inquietantes en la historia política y jurídica de México
Todos los ministros sabían perfectamente que no pueden revisar la constitucionalidad de la Constitución, pero siete de ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. La sesión pública celebrada por la Suprema Corte nunca debió haber tenido lugar y, afortunadamente para México, su único efecto fue consagrar el hundimiento moral de González, Piña, Laynez, Gutiérrez, Farjat, Pardo y Aguilar, señala un editorial de La Jornada.
No hay que olvidar que siete de los integrantes de la Corte ya están inscritos en el registro de los prevaricadores, traficantes de influencias y defraudadores de la democracia.
*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)