Las patotas bolsonaristas piden clemencia
Facundo Iglesia – Sebastián Rodríguez Mora
Por el intento de golpe de la ultraderecha contra Lula, la justicia brasileña denunció a 1300 personas y condenó a más de 200. Un nutrido contingente se fugó, cruzó la frontera y está en nuestro país solicitando asilo político en la ahora tierra dorada de los libertarios. Esos fallos inéditos, y el conflicto con el dueño de la red social X, abren un debate entre las fuerzas progresistas de la región.
El sábado 7 de septiembre de 2024 un grupo de cincuenta personas conversaba en una de las explanadas que rodean el Obelisco porteño. La gran mayoría vestía de verde y amarillo. En el suelo había varias banderas de Brasil, alguna de Venezuela y una de Israel colgaba sobre los hombros de un pastor evangélico que, por fin, dio inicio al acto. “Lo único que nos sustentó mientras estuvimos en la cárcel fue nuestra fe”, dijo el religioso, llamado Oziel Lara dos Santos y condenado a catorce años de prisión por la invasión del 8 de enero de 2023 al Palacio de Planalto (sede presidencial), el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal, ubicados en Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.
Según dirá después, aquella jornada fue a pedir una intervención militar por su “libertad de vivir de acuerdo con los principios de la fe cristiana” y contra la destrucción de “la familia tradicional con la ideología de género”. No fue, insistirá, a hacer ningún golpe de Estado.
Quienes no rezaban de rodillas alzaban carteles: “Impeachment y prisión al dictador Alexandre de Moraes”, “Democracia solo con recuento público de votos”, “Fuera Lula, amigo de dictadores y terroristas”, “Amnistía”. Como el pastor, todos los asistentes cargan con condenas o imputaciones por aquella revuelta y residen desde hace meses en Argentina. De acuerdo a información oficial de junio de 2024, 119 brasileños cruzaron la frontera luego del triunfo de Javier Milei y comenzaron los trámites migratorios de asilo político ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).
Según Claudio Luis Caivano, abogado de varios de ellos, hay al menos 500 en el país. La Embajada de Brasil solicitó información de 143 fugitivos y Cancillería les envió información de 60 que fueron identificados. La decisión de otorgarles un salvoconducto ante posibles pedidos de extradición depende íntegramente del Ejecutivo libertario.
Si esos pedidos llegan, quedaremos ante un escenario de conflicto bilateral inédito, más allá de los fogonazos retóricos que hasta ahora se dedicaron ambos presidentes. Pero ¿quiénes son ellos y ellas? ¿Revolucionarios, rebeldes, “patriotas“? ¿Golpistas de ultraderecha?
Gran escape
Los primeros indicios de la presencia en Argentina de los prófugos surgieron con las inundaciones de Río Grande do Sul. Se organizaron colectas para enviar donaciones hacia allá y llamaron la atención algunas conversaciones de brasileños que se sumaron como voluntarios sobre cuánto les estaba costando establecerse después de haber llegado sin mucho más que una valija.
En mayo, un panel sobre “democracia y derechos humanos en Brasil”, organizado por la diputada libertaria María Celeste Ponce en el Congreso de la Nación, tuvo como protagonistas a Eduardo Bolsonaro y otros legisladores del país vecino. En el acceso sobre avenida Rivadavia, unos veinte prófugos recibieron al hijo del expresidente, quien pidió amnistía para todos.
Regina Modesto recibió una tobillera electrónica cuando salió de prisión en septiembre de 2023, mientras esperaba la sentencia firme de diecisiete años de reclusión en cárcel común. Tiene 55 años y un cáncer en el abdomen que resulta difícil de tratar en los hospitales cerca de su actual domicilio en Ituzaingó. Puede atenderse porque ya tramitó la precaria, tal como se conoce a la certificación de residencia que se les extiende a migrantes en Argentina para acceder a los derechos básicos: muestra como un talismán el papelito doblado con su número de CUIT nacional. Amigos argentinos la recibieron cuando decidió huir de su casa en San Pablo, donde todavía vive su hijo.
Según cuenta, es ingeniera y empresaria. Se autopercibe conservadora y de derecha, pero no cree pertenecer a ningún extremismo. Aquel 8 de enero fue detenida dentro de la Cámara de Diputados de Brasil junto a otros bolsonaristas que destruían las instalaciones, del mismo modo que ocurrió con el Planalto y la Corte Suprema de Justicia.
Regina asegura que ingresó a Diputados para refugiarse de la represión policial con gases lacrimógenos en la plaza. Dice haber visto a empleados del Congreso brasileño que incitaban a los manifestantes a entrar, como 
ella lo hizo. Los registros de las cámaras de seguridad, utilizados durante los juicios a los manifestantes, muestran escenas de vandalismo explícito. Regina refiere que tomó un secador de pisos para barrer fragmentos de vidrio de los ventanales rotos: mucha gente estaba en sandalias y podía lastimarse.
Tras meses detenida en condiciones que describe como infrahumanas, Regina Modesto terminó 2023 en prisión domiciliaria, impedida por la justicia de usar redes sociales y comenzando a mirar hacia Argentina. Para cuando Eduardo Bolsonaro visitó el Congreso en Buenos Aires, unos pocos días antes, ella se había subido a un auto, manejado más de 1000 kilómetros únicamente parando para cargar nafta y cruzado sin detenerse por el puente de las ciudades fronterizas de Barracao, en el estado brasileño de Paraná, y Bernardo de Irigoyen, en Corrientes.
Junior es altísimo y también vino desde San Pablo. Llegó en marzo. Le falta trabajo y su oficio —vendedor de perfumes— no camina. Mientras habla con nosotros en un café de San Telmo muestra lo que vende: 75 dólares por frasquito. Junior habla de su familia o de su cotidianeidad en Buenos Aires y se angustia. También se queja de la falta de cohesión y solidaridad mutua en la comunidad de prófugos: cada uno está por la suya.
Viajó a Brasilia estimulado por el ecosistema bolsonarista de fake news y, como Modesto, también estuvo en los acampes frente a los cuarteles para reclamar una intervención militar sobre el flamante gobierno de Lula. Asegura que ese 8 de enero no participó de ningún tipo de acto violento pero igual fue detenido y enjuiciado. Abona a la teoría, como Regina, de que se trató de una emboscada y que quienes arremetieron contra los edificios de la Plaza de los Tres Poderes eran infiltrados.
Ana Paula Neubaner Rodrigues, de 36 años, se define en sus redes como “influencer de derecha y de Bolsonaro”. Según cuenta, tres partidos la llamaron para ser candidata a concejala en Ipatinga en las elecciones de 2022, pero ella optó por representar al bolsonarismo. El 8 de enero, llegó a las 2 de la tarde a protestar a Brasilia y a las 5 ya estaba presa. Como Regina, dice que entró al Planalto para protegerse: había cinco helicópteros sobrevolando a los manifestantes, policías y gases lacrimógenos.
Luego de ocho meses, la liberaron a la espera del proceso y, cuando en abril se enteró de que la volverían a encerrar, rompió su tobillera electrónica con un cuchillo y eligió Argentina como destino, porque sabía que muchos “patriotas” estarían aquí y por afinidad ideológica con Javier Milei, a quien llama “una imitación de Bolsonaro”. Hoy, la excandidata, que en las elecciones municipales obtuvo 17 votos, trabaja en una tienda de golosinas.
Por el intento de golpe de la ultraderecha contra Lula, la justicia brasileña denunció a 1300 personas y condenó a más de 200. Un nutrido contingente se fugó, cruzó la frontera y está en nuestro país solicitando asilo político en la ahora tierra dorada de los libertarios. Esos fallos inéditos, y el conflicto con el dueño de la red social X, abren un debate entre las fuerzas progresistas de la región.
Todos los brasileños que eligieron escapar consideran que el Superior Tribunal de Justicia, así como el resto de las instituciones del Estado, están tomados por la ideología de izquierda edificada por los años de gobierno de Lula y Dilma. “Brasil está en camino a ser Cuba. Por eso salimos a la calle”, explica Junior. Desde su perspectiva, la teoría del fraude en las elecciones de 2022 es más que probable porque el mandato de Bolsonaro mejoró la vida en su país y la población notaba ese cambio. Quienes fueron parte de aquella manifestación dicen que estaban defendiendo la democracia.
El mismo relato cuenta ASFAV (Asociación de Familiares y Víctimas del 8 de enero), un grupo bolsonarista brasileño que hace lobby y ofrece asesoramiento legal a los condenados. En mayo, ASFAV participó de una audiencia pública en el Congreso argentino y presentó un “un amplio informe de ilegalidades” ante la CONARE, según dijo a crisis una de sus abogadas, Carolina Siebra. En la edición del foro ultraderechista CPAC que se llevó a cabo en julio en Camboriú, donde participó Milei, ASFAV pidió un indulto para los prófugos. El 5 de septiembre, en el CCK, el primer día de la edición argentina del Foro Madrid también cerró con ese reclamo. El ambiente era de optimismo. Regina, Junior y Ana Paula estuvieron ahí rodeados de los propios.
Var judicial
La discusión jurídica sobre los 1.300 brasileños denunciados por la Procuraduría General y los 226 condenados hasta el momento corre por varios carriles. Primero está la ley sobre “los crímenes contra el Estado democrático de derecho” que se aplicó a los prófugos del 8 de enero. Fue aprobada en septiembre de 2021 con votos del bolsonarismo. En su artículo 359-M, capítulo “golpe de Estado”, asigna penas de cuatro a doce años a la “tentativa de deponer, mediante violencia o amenaza grave, al gobierno legítimamente constituido”.
Una pregunta incómoda se impone: ¿significa su redacción que cualquier protesta cerca de un edificio estatal podría encuadrarse como un intento de derrocar un gobierno democrático? El jurista Lenio Luiz Streck, uno de los autores del proyecto, dice que el texto protegería, por ejemplo, al “MST si quisiera hacer una protesta frente al Parlamento”. Para eso, a él se le ocurrió colocar un “dispositivo” dentro de la ley, un párrafo que indica que no constituye un crimen “la expresión de críticas a los poderes constitucionales, la actividad periodística o la reivindicación de los derechos y garantías constitucionales, mediante marchas, reuniones, huelgas, aglomeraciones o cualquier otra forma de manifestación política con fines sociales”.
De ese mismo párrafo se agarra el abogado defensor Caivano para decir que la protesta fue legítima. Era, insiste, contra el “fraude electoral”. “¿A vos te gusta el fútbol? ¿Tienen VAR acá en Argentina? [La elección del 2022] fue como que sacáramos a toda la hinchada del estadio, fuéramos nosotros dos a ver el partido y decidiéramos el resultado: River Plate 1 – Boca Juniors 0”, ejemplifica. Para Caivano, la marcha “era un intento de exigir que algún otro poder, en este caso las Fuerzas Armadas, nos ayudara a verificar el código fuente” de las máquinas de votación.
Pero una cosa es la letra y otra el puño. Ahí entra Alexandre de Moraes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STF), exmiembro del centroderechista Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB) y, según el diario O Estado de S. Paulo, “producto puro de la élite paulista”. En sus pasos anteriores por la gestión pública lo acusaron de ejercer mano dura contra las protestas sociales, y en 2002, cuando ofició de secretario de
seguridad del estado de San Pablo, justificaba la violencia policial mientras uno de cada cuatro homicidios era cometido por esas fuerzas. En 2016 fue nombrado por el entonces presidente Michel Temer como ministro de Justicia luego de la conspiración que derrocó a Dilma Rousseff. De Moraes votó contra el habeas corpus que presentó la defensa de Lula por el caso Lava Jato, negándole la excarcelación seis meses antes de las elecciones presidenciales. El juez lejos está de ser una figura cercana al PT de quien, según una importante dirigente de ese espacio, es un “aliado circunstancial contra la ultraderecha”.
En 2017 fue nombrado como juez en el STF y cinco años después se convirtió en su presidente. Polémico, chocó con Bolsonaro varias veces. En 2020 ordenó dar de baja artículos periodísticos con supuestas fake news contra miembros del STF. Dos años después, suspendió Telegram por su negativa a combatir la desinformación que se propagaba en esa plataforma.
Su reacción ante el ataque al Planalto fue fulminante: penas que rondan los dieciséis años, carátulas de terrorismo, intento de golpe de Estado, insubordinación, asociación ilícita y más. Además, el hecho de que los haya juzgado directamente el STF inhabilita a los condenados a apelar en una instancia superior porque —evidentemente— no la hay. “Solamente una amnistía podría ser una solución para ellos. Fuera de eso, nada”, dice el jurista Streck.
Otro planteo que repiten es que no llevaban armas y que hubiera sido difícil tomar el poder sin ellas. Biblia en mano y envuelto en una bandera de Brasil, el pastor Do Santos nos dice en el Obelisco: “Debés sentirte en peligro ahora, porque tengo las mismas cosas que ese día”. Algunos de los detenidos antes y durante el ataque llevaban cuchillos, machetes, navajas, hondas e incluso explosivos como granadas, bombas molotov, entre otros.
Pero quizás el argumento más fuerte sea que no estaban organizados para tomar el poder. “No vas a intentar deponer el estado de derecho sin el apoyo de una enorme corporación militar”, dice Caivano. Sin embargo, la investigación de De Moraes parece probar la articulación de un conjunto de personas con un mismo objetivo.
Pelado careca
En el segundo piso del CCK, una treintena de exiliados brasileños hacen fila para tomarse fotos con él, a quien afectuosamente llaman o argentino careca. Se trata de Fernando Cerimedo, dueño de Madero Group, consorcio que incluye al portal ultramileísta La Derecha Diario, amigo de Eduardo Bolsonaro y participante con su consultora de la campaña que terminó en la derrota de su padre Jair frente a Lula. “Es una persona muy inteligente, que probó que nos robaron la elección. Él nos acompañó”, dice una de las refugiadas días después.
La participación de Cerimedo en el ataque contra los edificios estatales en enero pasado fue virtual. En noviembre de 2022, en un live desde Buenos Aires, Cerimedo había afirmado que las urnas electrónicas fabricadas antes de 2020 supuestamente favorecían a Lula. Cerca de 400.000 personas vieron la emisión antes de que el Tribunal Electoral de Brasil, comandado entonces por De Moraes, exigiera que se lo diera de baja. También dijo que se habían emitido votos fuera del plazo oficial, que el código fuente presentaba incoherencias, y animó a sus seguidores a reclamar frente a cuarteles e instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Cerimedo fue nombrado como “co-conspirador” en la investigación “Operación Tempus Veritatis” sobre los hechos del 8 de enero. Aparece en el ítem “Núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral” que, según De Moraes, produjo, divulgó y amplificó noticias falsas sobre un supuesto fraude “en un intento de crear un ambiente propicio para el golpe de Estado”. Según la investigación, Cerimedo difundió estos “argumentos falsos creados por hackers” en confabulación con un grupo de militares, que habrían incitado a compañeros de armas “a sumarse al golpe de Estado”.
Incluidos en la investigación el teniente coronel y exayudante de Bolsonaro Mauro Cid, el expolicía y político de derecha Anderson Torres, los mayores del Ejército Ângelo Martins Denicoli y Sérgio Cavaliere de Mediemos, y el empresario Eder Balbino, entre otros. Cerimedo niega conocerlos y, sobre todo, haber participado de cualquier “milicia digital”.
Mauro Cid, por ejemplo, declaró que el expresidente se reunió con altos mandos castrenses para discutir una intervención militar y un decreto que anulara el resultado de las elecciones. La Policía Federal, incluso, encontró un borrador de ese texto en la casa del ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres. Paralelamente, el hacker Walter Delgatti, conocido por exponer que Sergio Moro convirtió la investigación de Lava Jato en un plan para arrestar a Lula, declaró que Bolsonaro le había prometido un indulto a cambio de hackear las urnas electrónicas para de-mostrar su supuesta vulnerabilidad.
Las protestas pidiendo una intervención de las Fuerzas Armadas, incluyendo bloqueos en las rutas y acampes frente a cuarteles del Ejército, comenzaron ni bien Lula ganó las elecciones. El 11 de noviembre, los comandantes de las tres fuerzas lanzaron un manifiesto en el que no terminaban de condenarlas. El 24 de diciembre, el gerente de una estación de servicio colocó explosivos en el Aeropuerto de Brasilia, según su confesión, esperando que las Fuerzas Armadas lo autorizasen “a tomar las armas y destruir el comunismo”.
Durante los ataques, a Lula le aconsejaron declarar el GLO, el decreto de “Garantía de la Ley y Orden” previsto por la Constitución, para que los militares se hicieran cargo de la situación. Pero no lo hizo. “Fue Janja (la primera dama) quien me advirtió: ‘No aceptes el GLO porque lo que quieren es hacerse cargo del gobierno’.” La hipótesis es clara: el fin último de los militares hubiera sido que Lula les entregara el poder ante los desmanes.
Para el jurista Streck hay elementos que prueban que se planeó un golpe de Estado fallido, pero existe un problema: “Las personas que pensaron, planificaron y financiaron el golpe todavía no fueron procesadas, como sí lo fueron quienes asistieron al Planalto”. El castigo, hasta ahora, solo pesó sobre la masa.
Cerimedo cuestionó, el día de la marcha de la Ley Bases, la supuesta hipocresía de “los periodistas defendiendo a los detenidos” que protestaban contra el paquete legislativo. “Cuando en Brasil nos acusaron de lo mismo (a pesar de haber convocado a no ir), decían que éramos golpistas. Y le dieron la razón al dictador con toga Moraes”.
Es una chicana, una comparación imposible, pero quizás haya, en el fondo, una línea que merece una atención profunda: ¿cómo se sancionan las protestas sociales cuando cruzan un umbral de violencia? ¿La “mano dura” contra la ultraderecha se puede volver en contra si el escenario fuera al revés?
A juzgar por la afinidad entre Musk y Milei, estas discusiones vecinas se revelan cruciales para una Argentina que empieza a debatir cómo se pone freno a las milicias digitales violentas. ¿La solución pasa por clausurar una de las redes sociales más masivas de expresión contemporánea?Brasil escribe sin x
El 30 de agosto, Brasil amaneció sin poder usar la red social X. De Moraes tomó la decisión después de que el dueño de la plataforma, Elon Musk, desobedeciera sistemáticamente las órdenes del STF de poner un representante legal para la empresa.
La batalla legal comenzó cuando, en abril, De Moraes había pedido a X que bloqueara a cuentas acusadas de exponer datos personales, amenazar y promover ataques (lo que se conoce como doxear) a policías federales involucrados en la investigación contra Bolsonaro. Dos de las cuentas que pidió cerrar pertenecen a blogueros bolsonaristas prófugos por el ataque de enero. “Esto (…) podría trascender el entorno virtual y derivar en agresiones físicas a policías federales; esto porque la sugerencia ya se hizo y su alcance es impredecible”, escribió De Moraes en su decisión. Otra de las cuentas que el juez solicitó bloquear fue la del senador Marcos do Val, acusado de obstruir la investigación de los ataques de enero.
Pero Musk no cumplió. En lugar de eso, dispuso el cierre de todas las oficinas de la empresa en Brasil y 
emprendió una cruzada de memes y declaraciones contra el juez. Según De Moraes, X quiere “establecer un ambiente de total impunidad y ‘tierra sin ley’ en las redes sociales brasileñas”, que “representa un gravísimo riesgo para las elecciones municipales del próximo mes de octubre” ya que permitiría “la difusión masiva de desinformación”. Para el juez sería una vulneración de “la libre elección del electorado, al alejar a los votantes de la información real y correcta”.
Además de prohibir X en el país, De Moraes impuso una multa de 50.000 reales (8900 dólares) a las personas que intenten acceder a la plataforma desde Brasil usando una VPN, es decir, “disfrazando” la ubicación de una red. El juez luego retrocedió de esa decisión que parecía apuntar directamente contra los usuarios. Pasados los días, Musk también dio marcha atrás: nombró un representante legal de la empresa en el gigante latinoamericano, bloqueó algunas de las cuentas que pidió De Moraes y pagó las millonarias multas.
Censura sí, colonia no
Lula, que se había mantenido al margen del conflicto, finalmente acusó a Musk de faltar el respeto a las instituciones brasileñas y de sentirse autorizado a hacerlo “porque tiene mucho dinero”. En privado, dirigentes del PT que apoyaban el bloqueo a X admiten que las multas por utilizar VPN y los cierres de algunas cuentas fueron una “sobreactuación”. Desde el progresismo, algunas voces festejan la posición de De Moraes como la defensa de la soberanía nacional frente a una empresa que pretende intervenir políticamente en el país.
A juzgar por la afinidad entre Musk y Milei, estas discusiones vecinas se revelan cruciales para una Argentina que también empieza a debatir cómo se les pone freno a las milicias digitales cada vez más violentas. ¿La solución pasa por clausurar una de las redes sociales más masivas de expresión contemporánea?
El desafío que este entuerto supone para la democracia brasileña ya tocó las puertas de nuestro país. Milei y sus militantes más cercanos plantearon la hipótesis del fraude luego de que saliera segundo en la primera vuelta electoral en octubre de 2023. También hubo lives, marchas, declaraciones rimbombantes, videos manipulados e incluso una convocatoria a rodear la Cámara Nacional Electoral el día del balotaje, que fue desactivada cuando fue evidente que el ultralibertario ganaba. Las oposiciones en nuestro país alternan entre el pánico, el desconocimiento y la impotencia ante las milicias digitales oficialistas.
Como ya sucedió, el conflicto político y judicial en Brasil podría estar anticipando el futuro no muy lejano de nuestra nación.Asumir los debates que abre es urgente: en ellos se juega el sentido de la democracia.
*Publicado en la Revista Crisis, Argentina