Bolivia, el factor militar y la pista externa

Gustavo Veiga

El presidente Luis Arce trazó una nueva hipótesis sobre los motivos del golpe que sufrió el 26 de junio. Que grupos detrás de las fuerzas armadas van por la primera reserva mundial de litio que posee su país. El contexto militarizado que sufre Bolivia tiene una historia: Washington estuvo detrás del largo período de dictaduras entre 1964 y 1982 y también ha operado contra los gobiernos del MAS.

En Bolivia el poder militar siempre se ejerció con discrecionalidad. Las fuerzas armadas, corporativas y acomodadas a cada tiempo político, han sido y son una amenaza para la continuidad democrática. Si aún hoy se menciona la injerencia de Estados Unidos como factor desestabilizador, es porque institucionalizó el Plan Cóndor en los años ‘70, estuvo detrás del largo período de dictaduras entre 1964 y 1982 y operó contra los gobiernos del MAS que encabezó Evo Morales desde 2006 a 2019.

Su alumno más celebrado fue el general Hugo Banzer Suárez, formado en la Escuela de las Américas y dictador del país durante casi siete años entre 1971 y 1978. En esa secuencia se enmarca el último intento de golpe de Estado fallido que lideró el general Juan José Zúñiga contra el presidente Luis Arce Catacora. Es un eslabón más. El 39º entre la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI.

El mandatario boliviano aportó el viernes un nuevo dato a la investigación que está en desarrollo sobre los hechos del 26 de junio. Declaró en un acto en el municipio de Santibáñez, en Cochabamba: “No solo es la asonada golpista, sino que hay intereses para arrebatarnos la democracia y el poder, porque ellos quieren manejar nuestros recursos naturales y quieren apoderarse, quizás, de la reserva más importante en este momento en el planeta. Ustedes saben que el litio boliviano es la primera reserva mundial”.

A medida que pierde fuerza la hipótesis del autogolpe que esgrimió Evo – víctima en 2019 de militares que según Arce son los mismos que intentaron desplazarlo a él del gobierno – se perfila la idea de un asonada con objetivos económicos. Esta hipótesis que suscribe el presidente, no la descarta uno de sus mayores críticos. El ex ministro de la Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana. De formación militar pero además sociólogo. Para él “Bolivia podría ser el centro de la pelea por América Latina, porque expresa con ferocidad la disputa geopolítica de la región. Por el litio, los recursos naturales, la presencia de China y de Rusia”.

Otra pista surgió del canal boliviano DTV cuando emitió declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Marcelo Zegarra, detenido por su participación en el alzamiento militar. En ellas le atribuyó a Zúñiga que en una reunión previa al golpe con otros militares habría dicho que contaban con  “todo el apoyo de la embajada americana, de la embajada de Libia, de la Comunidad Europea, de la Policía Boliviana, de los militares y jubilados…” refiriéndose a personal retirado de las fuerzas. Pero es inverosímil la mención de Libia ya que ni siquiera tiene embajada o consulado registrado en la Cancillería.

La historia del papel que han cumplido los militares en Bolivia está resumida en un texto académico de Loreta Tellería Escobar, politóloga y economista de CLACSO: “En la década de los ochenta, supieron usar su impunidad y amoldarse a las reglas democráticas formando incluso sus propios partidos políticos para poder acceder al gobierno, como lo hizo el general Hugo Banzer.

En los noventa, se adecuaron pragmáticamente a nuevos roles como la lucha contra el narcotráfico, el orden público y la seguridad ciudadana, en consonancia con políticas y doctrinas de seguridad foráneas. En los dos mil, se acoplaron a un proyecto político de izquierda, nacionalista y anticolonial con un enorme fervor discursivo. En el pasado inmediato, tras desconocer a un gobierno legalmente constituido, apoyaron a uno inconstitucional a través del uso de la violencia y la represión social, haciendo retrotraer a los bolivianos a las páginas más grises de su historia”.

Ese rol como factor de poder, incluso en la extensa convivencia con los gobiernos del MAS – en los tres mandatos de Evo y el presente de Arce-, nunca pudo ser modificado. En décadas, ningún gobierno emprendió una reforma a fondo.

Ni siquiera se intentó en la Constitución del Estado Plurinacional promulgada en febrero de 2009. Durante los gobiernos de Morales las fuerzas armadas recibieron el mayor incremento presupuestario de su historia. Pasaron de 164 millones de dólares anuales a 593. Varios militares de alto rango ingresaron al staff de empresas públicas nacionalizadas u ocuparon distintas embajadas.

Pese al nuevo status que le dio el MAS a las fuerzas armadas, se estaba incubando el huevo de la serpiente en sus cuarteles. En agosto de 2019, el general Williams Kaliman, declamó: “La fuerza militar morirá anticolonialista”. Tres meses después sería el mismo que le pidió la renuncia a Evo Morales. Hoy estaría prófugo en los Estados Unidos. Otros uniformados como él tuvieron menos suerte. A partir del próximo 2 de septiembre desfilarán por los tribunales para responder a una acusación muy pesada: la del delito de genocidio cometido tras el golpe de 2019 y como autores de las masacres de Sacaba y Senkata donde murieron 27 personas y hubo centenares de heridos y detenidos.

Zúñiga y los suyos, cinco años después de aquellos hechos de sangre, podrían ser condenados a penas también altas. Arce confirmó que varios de los golpistas en 2019 están involucrados en la asonada fracasada del 26 de junio. Dos de los más importantes que se sumaron a los golpistas son Sergio Carlos Orellana Centellas, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Pablo Arturo Guerra Camacho, ex jefe de Estado Mayor. Deberán responder ahora por los asesinatos de población civil que siguieron al golpe encabezado por Jeanine Áñez, y respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea

Hay dos escenarios complicados que podrían producirse con las fuerzas armadas. Uno es que aparezca otro Zúñiga, un militar del arma de Inteligencia que se había ganado la confianza de Arce hasta que se insubordinó. El otro es que reverdezca un histórico enfrentamiento entre la Policía y los militares. Los comandantes de la primera responden al ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, que en público llamó “delincuentes” a los golpistas y los mostró esposados ante las cámaras y con pecheras que decían “aprehendido”. La fuerza de seguridad tiene un poder cada día mayor. Se ha pertrechado bien, incluso para enfrentar a los militares, como pasó en la plaza Murillo el miércoles 26.

La policía boliviana tiene 40 mil efectivos y según Quintana, las fuerzas armadas muchos menos. Un informe de Global Firepower difundido este año ubica al personal militar activo en 35 mil integrantes y al aparato castrense en su conjunto en el puesto 82º entre todos los países. Una fuente cercana al MAS le confió a Página/12 que no hay episodios de insubordinación en el horizonte, aunque solo por ahora.

Pero no todo está tan mal. El presidente Arce recibió cierto alivio en su gestión este fin de semana cuando promulgó la Ley 1567 sobre el Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur), y remarcó que esta incorporación tiene un carácter “estratégico”. Además, desde este lunes recibirá en La Paz al presidente Lula y a una extensa comitiva de empresarios brasileños. El país necesita inversiones y sobre todo en el mercado del gas, ya que se está quedando sin reservas. Este recurso natural le permitió resurgir a su economía cuando Evo era presidente y Arce su ministro. Los dos trabajaban en armonía. Pero hoy son dos políticos irreconciliables y ésa es la principal debilidad del MAS que las fuerzas armadas y los agentes externos calibran día a día para seguir haciendo de las suyas.

*Periodista y docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la materia Taller de Expresión III.y de la tecnicatura de Periodismo Deportivo en la Universidad de La Plata (UNLP) en la materia Comunicación, Deporte y Derechos Humanos. Analista de Página12, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)