La oficina de Derechos Humanos de la ONU, expulsada de Venezuela

(Xinhua)
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Pablo Rodríguez | 

El gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender el convenio de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y dio un plazo de 72 horas para que todo el personal (16 diplomáticos) salgan de Venezuela.

La medida llega luego de comentarios públicos en redes sociales generados desde la Oficina, donde se expresaba la “profunda preocupación” por la detención de la referente opositora Rocío San Miguel, en una causa judicial donde se investiga un intento de magnicidio contra Maduro y otros referentes bolivarianos.

El canciller venezolano Yván Gil fue el encargado de comunicar la medida, en el mediodía del jueves en la Casa Amarilla, la sede del ministerio de Relaciones Exteriores.

Gil aseguró que la oficina del Alto Comisionado de DDHH en Venezuela llegó a “convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.

“Tienen 72 horas para salir del país. Esta decisión viene dada por la conducta impropia de esta oficina y aliarse con grupos golpistas. Siembre ha mantenido una visión sesgada ante los intentos de magnicidio y otros atentados contra la República”, indicó Gil.

La oposición trina

En tanto la plataforma unitaria, que agrupa al sector de la oposición que negocia con el gobierno venezolano a través del mecanismo de Barbados, expresó su rechazo a la medida, y aseguró que “ratifica el carácter totalitario del régimen, quien no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de Derechos Humanos” en el país.

Sin embargo, el canciller Gil aclaró que seguirán colaborando con la oficina que encabeza Volker Turk a través de la representación venezolana en la sede del ONU en Ginebra.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado lamentó la medida y aseguró que está “evaluando” los pasos a seguir. “Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos”, dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina, en un comunicado.