EEUU provee sus sofisticadas armas al narcotráfico mexicano
Gerardo Villagrán del Corral
La canciller mexicana Alicia Bárcena afirmó que durante su visita a Washington donde se reunió con el Secretario de Estado Antony Blinken, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mexicana alertó a Estados Unidos sobre el ingreso de armas estadounidenses, de uso exclusivo de su ejército, a México.
“Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del Ejército estadounidense, y es muy urgente que se haga una investigación al respecto”, indicó. Desde 2018 se requisaron 221 ametralladoras automáticas, 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes, según los datos oficiales del Ejecutivo. 
El 70% de las armas ilegales que se incautaron a los cárteles proceden de EEUU, siendo la mayoría de ellas de grado militar. Incluso se han llegado a incautar vehículos blindados y drones que lanzan bombas
México ha sido reiterativo con Estados Unidos para que frene el ingreso de armas al país, mismas que posteriormente son usadas por cárteles de la droga y otras agrupaciones criminales durante sus enfrentamientos, ya sea con las Fuerzas Armadas o con grupos antagónicos.
Las autoridades mexicanas también recuerdan que en los últimos años varias investigaciones periodísticas han denunciado que el Gobierno de EEUU ha ocultado a la opinión pública la pérdida de arsenales militares.
El 19 de enero, la Cancillería informó sobre el avance en la demanda contra las empresas vendedoras de armas en Arizona, Estados Unidos. Se trata de una demanda que fue presentada desde agosto de 2022 en contra de al menos cinco compañías. Fue la segunda demanda de México en contra de “actores de la cadena de comercio de armas” en EEUU: la primera se presentó en Boston en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses.
El jueves pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó tener información de que las organizaciones mexicanas dedicadas al trasiego de drogas poseyeran armamento del ejército estadounidense.
Pero una investigación realizada por el diario la Jornada prueba que al norte del río Bravo existe un vasto mercado legal de armas de alto poder y gran letalidad cuyo uso por particulares no tiene justificación alguna: desde ametralladoras hasta lanzagranadas y cohetes antitanque.
Armerías que no reportan a compradores por demás sospechosos; intermediarios controlados por los narcos; una industria seducida por la riqueza de los carteles, y la inacción corrupta de México, son algunos de los estragos que los investigadores periodísticos de ambos lados de la frontera encontraron en el recorrido de armas con las que los carteles matan a gente inocente, autoridades y a sus rivales.
No solo los reportes forenses de masacres, asesinatos selectivos y disturbios permiten a los fiscales mexicanos enterarse del moderno arsenal de los carteles. Los narcotraficantes hacen alarde de su poderío militar en desfiles y conferencias de prensa. En septiembre pasado combatientes del Cartel de Sinaloa desfilaron con armas antiaéreas y automóviles blindados a lo largo de una autopista del estado de Chiapas mientras los pobladores gritaban “¡Puro Sinaloa!”.
Al mismo tiempo los narcotraficantes han expandido geográficamente sus puntos de compra más allá de los estados fronterizos.
La senda pasa por la avaricia de una industria estadounidense dependiente del abrumador poder adquisitivo de los narcos vecinos; pasa por tiendas que desdeñan las señales de alerta de compradores sospechosos; por la utilización y extorsión de intermediarios incautos -incluyendo discapacitados- en la compra del armamento; pasa por una legislación que blinda a los productores y vendedores de armas de cualquier demanda por la utilización ilegal de sus productos gracias al poder de lobby del gremio en Washington, señala un informe de la cadena estadounidense Univision.
Si bien los proyectiles de alto poder que están a la venta se comercializan para colección o exhibición y se encuentran en condición de inertes o desactivados, resulta sencillo reconvertirlos a munición viva. En cambio, hay a la venta armas automáticas de alto calibre que resultan de remates de piezas dadas de baja por las fuerzas armadas y prolifera el comercio de partes para convertir las versiones civiles de fusiles de asalto en material de guerra.
Aunque en Estados Unidos está prohibida desde 1986 la venta de ametralladoras a civiles, más de 741 mil de estas armas quedaron desde entonces fuera del control de la oficina encargada del control del tabaco, el alcohol y las armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés) y artefactos de esta clase siguen comercializándose gracias a los vacíos legales.
Las autoridades estadounidenses han sido incapaces de aportar información al gobierno mexicano sobre el origen de 221 ametralladoras, 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes que han sido incautados a grupos delictivos en México y que proceden de los arsenales militares de Estados Unidos.
Descontrol yanqui
Otra grave problema es el descontrol que impera en las instituciones militares estadounidenses sobre sus arsenales, como reconoció el funcionario del Pentágono Gabe Camarillo en octubre del año pasado: Tenemos mucho, y se acumula a lo largo del tiempo, dijo, en referencia al astronómico volumen de material bélico en poder de las fuerzas armadas de su país.
Esa falta de control se traduce en una cantidad desconocida de armas –ni los propios mandos militares saben cuántas– robadas o traficadas, algunas de las cuales son usadas posteriormente en la comisión de homicidios y otros delitos.
Todos estos hechos dejan entrever que al libertinaje en la venta de armas de fuego que impera en la superpotencia han de sumarse la ineficacia burocrática, la corrupción y las presiones de la mayor industria armamentista del mundo, la cual, como ha quedado demostrado, fabrica pistolas y fusiles sobre todo diseñados para ser comercialmente atractivos entre los delincuentes mexicanos.
La falta de regulación y el descontrol oficial en la fabricación, venta, posesión y tráfico de armas de fuego en Estados Unidos no sólo posibilitan una verdadera exportación de muerte hacia nuestro país, sino que también se traducen en la delirante violencia sin sentido expresada en tiroteos y masacres en la nación de origen de las armas.
En tales circunstancias, la administración de Joe Biden tiene, en los meses que le quedan antes de ir a las elecciones presidenciales, la oportunidad de establecer medidas efectivas de control de armas y privilegiar la defensa de la vida por sobre los intereses y cálculos electorales. Pocos esperan que lo hagan.
Imagen principal: El Cartel Jalisco Nueva Generación exhibe su poderío en Michoacán
*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)