Las manos que mueven los hilos: el poder económico detrás de Milei

Horacio Rovelli

Con sólo escucharlo o leerlo en Davos, queda claro que Javier Milei es la cara visible de un poder económico, social y político que lo emplea despreocupada e irresponsablemente.

Obviamente que el DNU 70/23 y el mensaje del Poder Ejecutivo 7/23 denominado “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, la revisión del acuerdo con el FMI y todas las medidas adoptadas por su gobierno fueron pensadas antes y redactadas principalmente por los estudios jurídicos y contables pagados por las grandes empresas que se benefician directamente con las derogaciones y modificaciones de leyes, la devaluación de nuestra moneda y la liberación de precios.

En un detallado estudio de los artículos del DNU 70/23 que circuló en las redes (ver al final de la nota) se precisan con nombre y apellido parte de los beneficiarios. Lo mismo sucede con el proyecto de ley ómnibus (mensaje del Poder Ejecutivo 7/23); incluso ambos, al favorecer al capital más concentrado de cada sector, se apuntalan entre sí.

Por ejemplo, el proyecto perjudica al medio ambiente mediante la modificación de la Ley de Glaciares, de la Ley de Bosques y de la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

El abogado ambientalista Enrique Viale, invitado por la Cámara de Diputados de la Nación como experto en el tema, sostuvo que la ley ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio en la Ley de Bosques tiene el del empresario Eduardo Elsztain, dueño del hotel (Libertador) donde se alojaba el Presidente y de la compañía Cresud, que posee casi un millón de hectáreas en nuestro país y que ya desmontó 120.000 hectáreas de bosques naturales (seis veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires). Otro beneficiado, de aprobarse la ley, es Mauricio Macri, a través de SOCMA S. A., que desmontó 6.000 hectáreas y pretende desmontar 10.000 más. Además, Viale dijo en su alocución que el proyecto también es a medida de Luis Caputo, que ya desmontó 500 hectáreas en Santiago del Estero y pretende desmontar 1.000 hectáreas más [1].

Lo mismo sucede con la modificación de la Ley de Glaciares. El 4 de junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 26.639 de Preservación de los Glaciares planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S. A. y Exploraciones Mineras Argentinas S. A., concesionarias del emprendimiento binacional Pascua Lama. Idéntica solución se adoptó respecto a la demanda iniciada por la empresa Minera Argentina Gold S. A., concesionaria del emprendimiento “Veladero” en la Provincia de San Juan. En las tres empresas nombradas, el principal socio es la Barrick Gold Corporation, sociedad trasnacional con sede central en Toronto, Canadá.

La verdadera casta es el poder económico, que emplea a los estudios que redactaron el DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus, al gobierno y a los diputados y senadores que impulsan la aceptación del DNU y propician la ley.

Para ese fin, no sólo pagan a periodistas y medios de difusión, sino que conforman asociaciones para difundir los beneficios del libre mercado y con ello el avance sobre el trabajo, nuestra soberanía y nuestro patrimonio.

El poder del lobby

a) Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH)

Nuclea a las principales petroleras del país. Su actual presidente es Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol S. A., que fue nombrado inicialmente por la empresa del Grupo Techint, Vista y Pampa Energía. Luego se generó un consenso con el resto de los miembros para avalar su designación, de manera tal que YPF tiene la vicepresidencia primera (Horacio Marín, actual presidente de YPF S. A., que fue hasta el 9 de diciembre de 2023 CEO de Tecpetrol S. A.) y PAE (Marcos Bulgheroni) la vicepresidencia segunda. Vista (Miguel Galuccio) retuvo la secretaría general; Total Austral, la prosecretaría, y Pampa Energía, la tesorería.

Obviamente, asistieron a la Cámara de Diputados a defender el proyecto de Ley Ómnibus. “La libertad de comercio, los precios de mercado, la eliminación de interferencias y de posibles discrecionalidades en las políticas relativas al sector impactarán positivamente en el proceso de inversión y generación de empleo”, dijeron sobre el mercado que ellos controla. Por eso, en 40 días de administración de Milei, los combustibles incrementaron sus precios en un 121% en promedio, de acuerdo con un informe de la consultora Aleph Energy.

Detrás del cambio de paradigma que libera los precios se da prioridad absoluta a la exportación de petróleo y gas, y se relega el mercado interno, consolidando una alianza estrecha del gobierno con los Rocca de Techint. Milei le permitió a su jefe de gabinete plasmar, en el esquema de poder, la alianza que había sellado en persona, durante la campaña, con Paolo Rocca. Nicolás Posse y Eduardo Rodríguez Chirillo son los interlocutores directos de las petroleras.

b) Asociación Empresaria Argentina (AEA)

Nuclea a los principales grupos económicos que operan en el país. Sus vicepresidentes son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Cristiana Ratazzi (Grupo Modena – FIAT), Federico Braun (La Anónima), Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc – Molinos Agro y Molinos Río de la Plata), Eduardo Elsztain (IRSA – CRESUD) y Julio Cesar Saguier (diario La Nación). El presidente es Jaime Campos, un asiduo concurrente los 4 de julio a la Embajada de los Estados Unidos.

AEA nació en 2002 por la fusión de la Fundación Invertir y del Consejo Empresario Argentino (CEA), asociación que fuera presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, y como tal propició el acuerdo “APEGE” que hizo el lockout (paro patronal) en febrero de 1976 como antesala del golpe militar.

c) Unión Industrial Argentina (UIA)

Presidida por el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja, representante de la dictadura de Jorge Rafael Videla en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1976-1981. Su estudio jurídico (Brouchon & Funes de Rioja) fue el que redactó el Capítulo IV, Legislación del Trabajo, del DNU 70/23, suspendido por una cautelar. El capítulo implica una precarización total de los trabajadores mediante una reforma que limita el sistema de indemnizaciones y restringe el derecho a huelga, apuntando a convalidar una alta tasa de desempleo, con el objetivo confeso de instalar un modelo laboral como el de Chile y Perú, y como era en Colombia y México antes de la asunción de sus actuales Presidentes.

Integran su comisión directiva David Uriburu (del grupo Techint y presidente de la Cámara Argentina del Acero), Adrián Kauffman Brea (ARCOR S. A.), Rodrigo Pérez Graciano (Citroën Argentina S. A. y Asociación de Fábricas de Automotores), Javier Viqueira (ADOX S. A. y Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), Eduardo Nougués (Ledesma S. A. y Unión Industrial de Jujuy) y Martín Cabrales (Café Cabrales y Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios).

d) Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp)

Las autoridades del Capítulo Argentino son: presidente, Marco Pereda Born, hijo de Celedonio Pereda, quien encabezó la Sociedad Rural Argentina durante el tercer gobierno de Perón y se opuso terminantemente a la Ley de Renta Potencial de la Tierra. El hijo es hoy uno de los vicepresidentes de esa esa institución, y en tal carácter encabeza el Cicyp. Lo antecedieron en esa función Eduardo Eurnekián (Corporación América), Miguel Acevedo (AGD), Adrián Werthein y el propio Funes de Rioja (UIA).

Los vicepresidentes son Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios); Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires); Eurnekián; Funes de Rioja; Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción); Rubén Cherñajovsky (presidente de Newsan S. A., la principal armaduría de productos electrónicos del país, radicada en Tierra de Fuego); y el revisor de cuentas es Juan Ignacio Nápoli, presidente del Banco de Valores S. A. y primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

El 22 de diciembre último, en una carta firmada por su presidente y toda la comisión directiva, el Cicyp apoyó el DNU 70/23 por considerar que “la promoción de la libertad empresarial, la libre competencia, el estímulo a la inversión privada, la generación de empleo de calidad y la expansión de los productos argentinos en el mundo son condiciones imprescindibles para el desarrollo de la Argentina”.

e) Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Amcham)

Es presidida por Facundo Gómez Minujín, que es a la vez CEO en la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay de JP Morgan Chase & Co, banco de inversión cuyos principales accionistas son los fondos Vanguard y BlackRock. A su vez, los tres (JP Morgan, BlackRock y Vanguard) más el HSBC son los principales accionistas de NewCo, que nace de la fusión de Allkem y Livent, y que posee la explotación de las tres principales plantas de litio en funcionamiento (dos ubicadas en la provincia de Jujuy —por un lado, en el Salar de Olaroz de la empresa Sales de Jujuy, y por otro, en el Salar Cauchari-Olaroz— y otra en la provincia de Catamarca, ubicada en el salar del Hombre Muerto, que posicionan a nuestro país como el cuarto productor a nivel mundial luego de Australia, Chile y China, y el segundo en recursos —concentración de un material de interés económico— sólo superado por Bolivia).

Si bien es cierto que Elon Musk es el principal accionista de Tesla, Starlink, Neuralink y SpaceX, también lo es que ha tenido que recurrir a Vanguard y a BlackRock para financiar parte de sus operaciones; de manera que uno y otro fondo de inversión financiera o son acreedores o son socios minoritarios en sus empresas.

Amcham tiene como principales socios a Pfizer, Dow, AES Argentina, Bayer, JP Morgan, OCP Tech, AbbVie argentina (industria farmacéutica), y en todas ellas Vanguard y BlackRock son acreedores y/o accionistas.

En síntesis

A 40 días de haber asumido, el nuevo gobierno ha generado fuertes ganancias a las principales petroleras, alimenticias, bancos, concesionarias de luz y gas. Pero tienen tres problemas que no pueden resolver y que se retroalimentan entre sí:

a) El agronegocio no se conforma con la devaluación del 115% al viernes 19 de enero y con el aumento de los derechos de exportación (retenciones del 15%) para las manufacturas de origen agropecuario. Sostienen que la inflación de diciembre del 25,5% medida por el IPC del INDEC y una similar tasa para los meses de enero y febrero de 2024 les “licuó” la devaluación y sólo liquidan lo mínimo y necesario para cubrir los costos de insumos (principalmente combustible), fertilizantes, plaguicidas, mano de obra e impuestos. Según la Bolsa de Cereales de Rosario, se espera una cosecha récord de más de 56 millones de toneladas de maíz y 50 millones de toneladas de soja. Valúan las exportaciones a realizar este año en 32.000 millones de dólares.

b) La tasa de interés negativa con respecto a la inflación (10% contra 25% o más por mes) y el tipo de cambio con un crawling peg (devaluación a los saltos) del 8% mensual y con la posibilidad cierta de devaluar violentamente en marzo de 2024 hacen que disminuya día a día el volumen de depósitos, que es el “negocio” de los bancos.

c) El más importante de todos, y que el miércoles 24 se hará presente en las calles: la inconformidad total con las medidas y las propuestas del gobierno de Milei. En oposición directa al gobierno, las centrales obreras se movilizarán por la defensa del empleo, de los salarios, de las jubilaciones y pensiones, del patrimonio y la soberanía nacional.

Vale recordar que la crisis se generó por una deuda de más de 100.000 millones de dólares tomada por el gobierno de Cambiemos, dólares que se apropió una minoría parásita y rentista y que el gobierno de Alberto Fernández no sólo no investigó, sino que les dio a la mayoría de ellos dólares a precio oficial para que pagaran supuestas deudas en el exterior.

Paralelamente, el gobierno del Frente de Todos se endeudó en el mercado interno colocando títulos del Tesoro de la Nación para cubrir el déficit fiscal que en parte generó la pandemia de Covid-19, en tanto otra gran parte se creó por la reducción de impuestos a favor de los ricos del macrismo, que la administración del Doctor Fernández no revirtió.

Notas

[1] Compran el terreno de monte a un precio vil y luego lo ponen en valor para producir soja o maíz u otro grano o carnes para exportar.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).