Noboa militarizó el Ecuador con la excusa de motines carcelarios
Eloy Osvaldo Proaño
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este lunes el estado de excepción en el país por grave conmoción interna y para que las fuerzas armadas tengan “todo el respaldo político y legal en su accionar”, tras varios amotinamientos en medio de un aumento de la violencia carcelaria en centros penitenciarios.
El mandatario aseguró que la medida persigue que el Estado retome “el control” de los centros de detención, hoy en manos de grupos de delincuencia organizada. Mientras, se reportaron motines simultáneos en prisiones de Quito, Cuenca, Portoviejo y Machala. Desde 2021, las matanzas dentro de las cárceles de Ecuador han dejado por lo menos 460 reclusos muertos en anteriores gobiernos.
Noboa descartó cualquier posibilidad de negociación con las organizaciones delictivas que operan en las prisiones y presentó la necesidad de reformar las leyes penales, si bien no ofreció detalles al respecto.
La prensa informa de motines en diversos centros de reclusión del país, pero fue el escape de prisión de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la banda ‘Los Choneros’, lo que puso en jaque y abrió un boquete en la política de seguridad del mandatario.Macías cumplía una condena de 34 años de prisión por asesinato y delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Luego de operativos e intervención en la cárcel Regional de Guayaquil, las autoridades no logran dar con el paradero de alias ‘Fito’, quien habría recibido información de un supuesto traslado a La Roca. En agosto de 2023 se difundieron imágenes de un un Fito obeso, de pelo largo y barba prominente. Macías, de 44 años y abogado de profesión, lideraba desde prisión a Los Choneros y gozaba de privilegios puertas adentro.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) -de la Pan American Development Foundation, (PADF)-,el narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado, que ha dinamizado otros delitos conexos, como el tráfico de hidrocarburos, la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de activos.
Las organizaciones criminales en el país acentuaron sus relaciones de búsqueda de dominio territorial a partir de la pandemia de Covid-19, modificando profundamente el panorama delictivo, tanto en el posicionamiento criminal en aquellos territorios, como el tráfico internacional de drogas y armas, así como la incidencia en las disputas de poder por las plazas de microtráfico en las ciudades portuarias.
A partir de la relación de aspectos geopolíticos, como el perfil costero, la afluencia hídrica, la baja ocupación del suelo o la baja presencia del Estado en territorios de frontera, el Observatorio concluye que el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, el tráfico de armas y el tráfico de hidrocarburos se perciben como las principales expresiones de crimen organizado, observando que estas actividades guardan una relación causal para el desarrollo y despliegue de la criminalidad organizada en el país.
A principios de año Noboa decidió eliminar la Secretaría de Seguridad Nacional creada en 2022 por su antecesor Guillermo Lasso y envió a la Corte Constitucional once preguntas de una consulta popular a celebrarse en marzo próximo, que hacen foco en saber qué opina la sociedad respecto de la incorporación plena de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales.
La primera pregunta dice: “¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional?”.No esperó la respuesta: militarizó el país.
Noboa comunicó la decisión luego de nombrar al frente del ente a Arturo Félix Wong, parte de su círculo cercano, con la expresa aclaración de que el funcionario asumirá el cargo para llevar a cabo su disolución,
“Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al Gobierno de turno qué hacer”, advirtió, al tiempo que acusó a estos “grupos narcoterroristas” de pretender “amedrentar” a las autoridades, en el entendido de que cederán ante sus demandas. Indicó que por esa razón el Gobierno emprendió acciones “que nos permitan recuperar el control de los Centros de Privación de Libertad que se ha perdido en los últimos años”
Desde que ascendió al poder, Noboa prometió una política de “mano dura” para atender la ola de violencia que azota al país y anunció la construcción de megacárceles -como las que ha levantado su homólogo Nayib Bukele en El Salvador- y una reforma carcelaria.
El estado de excepción, con una duración de 60 días, además del despliegue militar de las fuerzas armadas y policiales, incluye la suspensión del derecho a la libertad de reunión y a la inviolabilidad de domicilio, así como la restricción de la libertad de tránsito, todos los días, desde las 23H00 hasta las 05H00 (hora local).
En los centros penitenciarios de Ecuador hay (oficialmente) 31.321 reclusos y para separar a los más peligrosos, Noboa anunció que construirá dos prisiones de máxima seguridad en las provincias de Pastaza y Santa Elena.
Desde la Bancada Ciudadana, que integra entre sus filas al correísmo, se afirma que la fuga de Fito “muestra nuevamente la emergencia del sistema penitenciario que lleva seis años de desmantelamiento” y que “el Estado perdió el control de las cárceles y las controlan las mafias y bandas de criminales”.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que fueron retenidos servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en cinco cárceles de Ecuador.
¿Escuadrones de la muerte?
En redes sociales circularon videos grabados en diferentes lugares en los que grupos de personal penitenciario claman por su vida mientras encapuchados los amenazan con cuchillos. Los guardias leen en el video un comunicado en el que se pide a Noboa que “no envíe tropas a las cárceles que sean escuadrones de las muertes”. “Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y, por favor, vele por nuestras vidas, por nuestra seguridad”, agrega el mensaje.
En agosto pasado, un grupo de presos de la Penitenciaria del Litoral y de la Cárcel Regional de Guayaquil protestó por el traslado a una prisión de máxima seguridad de Macías, después que el candidato presidencial Fernando Villavicencio, que había denunciado amenazas de muerte por parte de Fito, fuera asesinado a tiros al término de un mitin celebrado en Quito.
Cientos de reclusos subieron a los techos del centro penitenciario y mostraron pancartas con mensajes como ‘queremos el regreso de Fito’, ‘Fito no es botín de la política’ o ‘queremos paz, regresen a Fito’.
El delincuente, que estudió en la cárcel para obtener el título de abogado, gozaba de privilegios. Desde su celda protagonizó el videoclip de un narcocorrido en su honor y cantado por su hija. El video de “El Corrido del León”, del grupo identificado como Mariachi Bravo, dejaba ver al capo de Los Choneros con sombrero y leyendo un libro en el pabellón de la cárcel.
Según reportes de prensa, los Choneros cuentan con al menos 8.000 hombres. Los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800 por ciento al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.
Por su parte, la organización feminista Mujeres de Frente manifestó que “responsabiliza al Gobierno por la vida de las personas presas bajo su custodia, acorraladas entre fuegos cruzados en cárceles donde las armas no pueden ingresar sino con autorización de funcionarios estatales”.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)