Panorama Económico Latinoamericano – Del 20 al 27 de diciembre de 2023
YLB y empresa rusa firman convenio para Planta Piloto de ELD
En presencia del presidente Luis Arce, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group, firmaron este miércoles un convenio para instalar en Uyuni (Potosí) una Planta Piloto de Extracción Directa de Litio (EDL), con una capacidad de producción de hasta 14.000 toneladas (t), en tres fases.
“Esta firma de convenio se traduce en beneficios para nuestro país. A partir de este convenio estamos seguros que estas inversiones y el trabajo y la producción que se van a generar, vamos a generar mayor desarrollo”, expresó el Jefe de Estado.
En la oportunidad, el mandatario destacó que el convenio ratifica “la forma y el modelo de producción y comercialización” que el Estado Plurinacional plantea a todas las empresas extranjeras que quieran trabajar con el litio boliviano.
“Es decir, Bolivia ratifica, con este convenio, que nosotros somos y participamos en absolutamente todos los puntos de la cadena productiva y de comercialización de nuestro litio (…), porque así lo determina nuestro modelo de negocio que lo explicamos a diferentes países”, remarcó.
Resaltó que el litio es un mineral privilegiado en el mundo y Bolivia tiene actualmente una importante reserva que llega a 23 millones de toneladas en los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa, ubicados, en los departamentos de Potosí y Oruro, respectivamente.
Será construida en tres fases
“Es el segundo convenio que se firma con la empresa Uranium One Group de Rusia, subsidiaria de Rosaton (…). La firma de este nuevo convenio es un paso importante en la industrialización de litio bajo un modelo soberano”, destacó la presidenta de YLB, Karla Calderón, al suscribir el documento, en un acto en la Casa Grande del Pueblo.
La ejecutiva de la empresa estatal explicó que se trata de la construcción de una planta piloto con tecnología EDL, para la producción de carbonato de litio grado batería, en tres diferentes fases.
En la primera fase, la factoría producirá 1.000 toneladas anuales; en la segunda, 8.000 toneladas; y en la tercera, se sumarán 5.000 toneladas, lo cual suma un total de 14.000 toneladas por año, explicó.
En tanto, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, recordó que es la primera vez que se instala ese tipo de proyectos en el país, que comenzaron en abril de 2021 cuando se lanzó la convocatoria para que empresas internacionales presenten sus tecnologías EDL.
En ese sentido, explicó que la construcción de la primera fase de la planta piloto con tecnología EDL demandará una inversión de $us 100 millones; y la segunda, que sería la ampliación, de $us 200 millones, a través de un módulo semiindustrial.
“Esto ya da el banderazo para iniciar la construcción de las plantas (industriales EDL), aspecto que es fundamental para el desarrollo de nuestra industria del litio. Esto no solamente va a impactar a la economía nacional, sino que va a generar desarrollo tanto en la fase de construcción como en la de operación”, relevó el ministro.
Se afianza comercio entre Venezuela y las islas ABC
El presidente de Fedecámaras Falcón, José Graceffa, calificó de “exponencial” las relaciones del sector empresarial de Venezuela con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Argumentó que con la reanudación del intercambio comercial vía aérea y marítima ha provocado un incremento en el sector exportador y por consiguiente en la producción nacional en cuanto a frutas, verduras y hortalizas.
“Manejamos que más de 3000 toneladas de carga han salido por los tres puertos habilitados, el de La Vela (municipio Colina), el de Guaranáo (municipio Carirubana) y el de Tucacas (municipio Silva) entre el período de mayo a noviembre”, dijo.
En tal sentido, refirió que este lunes 11 de diciembre sostuvieron una mesa de trabajo virtual con empresarios de Curazao para revisar toda la documentación necesaria que promueva la inversión en Venezuela y viceversa.
“Ellos expresaron los sectores en los que están interesados invertir, sobre todo el área turística, y nosotros expusimos los requisitos para los permisos, la parte legal y tributaria”, precisó.
Por su parte, el segundo vicepresidente de Fedecámaras Falcón, agregó que la reunión informativa con Curazao incluyó el sector público y privado de la isla.
Ruedas de negocio con Curazao y Aruba
Graceffa adelantó que aspiran para el mes de Marzo hacer una rueda de negocios presencial en Venezuela con las cámaras de Curazao; y a su vez recordó que este año se hizo una virtual con Aruba para fortalecer los lazos y mostrar la oferta exportable.
“Ya el gobernador fue a Aruba, nosotros aspiramos ir en Enero donde uno de los puntos importantes a tocar es la apertura de la frontera aérea para la conectividad directa, pues hasta las momentos es triangulada con Curazao y es costosa porque implica cancelar un boleto más”, detalló.
También tienen planificado ir a la isla de Bonaire donde la actividad exportadora ha sido poco y centrada básicamente en materiales de construcción y algunas frutas.
Varios actores impulsan el crecimiento
El vicepresidente de la Cámara de Comercio del municipio Colina (La Vela), Juan Gotopo, asentó que desde el gremio no han detenido las acciones para profundizar las actividades que avancen en la reconquista del mercado de las islas.
“Se trata de un mercado pequeño en el que Venezuela fue proveedor del 2% de sus necesidades, que en comparación con otros proveedores vecinos es un número importante; sin embargo, en esta nueva era de relaciones comerciales buscamos diversificar que no solo sea la exportación, sino que se afiance la actividad turística y Falcón pueda ser visto como un multidestino, principalmente La Vela”, explicó.
Gotopo argumentó que basados en las estadísticas de la Oficina de Turismo de Curazao, unos tres millones de turistas ingresan a la isla anualmente, los cuales podrían conectarse con Falcón mediante el ferry con una oferta de turismo religioso, arqueológico, cultural, patrimonial y de aventura.
Además precisó que este 2023, la movilización de pasajeros venezolanos hacia dicha isla entre los meses de mayo y octubre fue de 4120 con pasaporte venezolano, fuera de los connacionales que ingresan con pasaporte europeo, por lo que el gremialista afirmó que el número pudiera llegar a seis mil.
Sobre las exportaciones añadió que de acuerdo al movimiento registrado este año, para el 2024 estiman que la salida de carga sea de 200 toneladas semanales, unas 800 mensuales para obtener registros de entre 9.500 y 10.000 anuales.
Argentina: Desmedida alza de precios y promesa de represión
Rodolfo Koé Gutiérrez*
El rechazo de organizaciones sindicales, sociales y políticas agravó la tensión visible ante los aumentos de precios, el programa económico, y los decretos a menos de una semana de asumir el gobierno del ultraderechista Javier Milei, tras el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de reprimir cuaqluier protesta popular.
El programa económico se puede resumir en un conjunto de falacias con una falacia central (que la inflación es provocada por el exceso de emisión derivada del déficit fiscal) para justificar una brutal expropiación de ingresos y de ahorros privados en pesos de los asalariados (los empresarios nacionales y foráneos, los capitalistas tienen sus ahorros en dólares u otros activos), señala Jorge Fonseca.
Desde que el ultraderechista Javier Milei ganó el balotaje, las remarcaciones en supermercados superan el 100 por ciento y en la última semana las listas que llegaron sumaron aumentos de hasta el 70 por ciento.
A esta triste realidad la complementarán, según lo anunciado, la privatización de los principales bienes comunes de los argentinos que gestiona el Estado: YPF con sus grandes riquezas en hidrocarburos, la aerolínea de bandera y un numeroso lote de activos públicos. Expropiación forzosa de propiedad privada individual y colectiva de la ciudadanía argentina al grito de “viva la propiedad privada y la libertad carajo!”, añade.
Junto con las medidas económicas, el gobierno presentó una serie de reglas que buscan prohibir las protestas en el espacio público y autorizan a la fuerzas de seguridad a actuar sin orden judicial. “No queremos ningún corte de rutas o calles”, amenazó la ministra de Seguridad (y excandidata presidencial) Patricia Bullrich.
Señaló que las manifestaciones de protesta serán reprimidos por las cuatro fuerzas: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), además del Servicio Penitenciario. Organismos de derechos humanos y juristas advirtieron que el “protocolo antipiquete” no respeta derechos y garantías elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales.
Mientras, el gobierno trabaja en los detalles de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) extenso que recoge una gran cantidad de desregulaciones en el marco de lo que, desde el propio gobierno, definen como “la mayor reforma del Estado del último siglo”, que dispone la derogación o modificación de las normas que organizan las relaciones laborales, los contratos entre privados, el acceso a la vivienda y a la salud, los derechos del consumidor y los medios de comunicación.
De acuerdo a un borrador, entre las normas que van a ser eliminadas o fuertemente mutiladas por el DNU figuran la ley de empleo público, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de alquileres, el régimen de obras sociales, la ley de defensa de la competencia, la ley de góndolas y la ley de abastecimiento. También se facilita la privatización de empresas públicas, revela ElDestape.web.
Otros puntos aún están en discusión, porque se evalúa la viabilidad de incluirlos en el decreto o la necesidad de que pasen por el Congreso. Entre ellos, cambios en la fórmula jubilatoria y una reforma laboral que incluirá, entre otras cláusulas, la eliminación de las indemnizaciones por despido.
El objetivo esencial de la política económica del gobierno ultraderechista se puede sintetizar en una fenomenal transferencia de ingresos desde las mayorías populares hacia distintas fracciones de las clases dominantes, en espeical el complejo agroexportador, principal beneficiado por la devaluación.
Pero también muchos otros sectores de grandes empresarios por la licuación salarial que provoca una devaluación de la magnitud de la decretada por el gobierno (aumento de 118% del precio del dólar) y los acreedores de la deuda externa, el principal el Fondo Monetario Internacional, porque gran parte del plan está ordenado en función de pagar la deuda externa fraudulenta que contrajo el gobierno del neoliberal Mauricio Macri.
En su mensaje, el ministro de Economía Luis Caputo avisó que durante varios meses se disparará la inflación a un ritmo del 20 por ciento mensual y más, alimentada por un salto en el valor del dólar de más del 100 por ciento, que ya no habrá ningún tipo de control o sanciones a quienes aumenten precios de productos básicos de consumo injustificadamente.
También anunció que las tarifas de servicios públicos y del transporte podrán elevarse al doble o más, y que en ese escenario de una previsible profunda recesión y caída en picada de la capacidad adquisitiva de los ingresos, no están previstas compensaciones para salarios y jubilaciones.
Las naftas (gasolinas) subieron 37 por ciento, el kilo de carne alrededor del 100%, las alimenticias cortaron las entregas mientras remarcan. La quita de subsidios al transporte y a las prestaciones eléctricas y gasíferas comenzaría a aplicarse desde febrero. Además, las tarifas deberían aumentar a la par del tipo de cambio y la inflación de estos próximos meses.
El gobierno no tiene una política de control de precios y deja que el mercado los fije libremente. “Es lo mismo que poner la zorra en el gallinero y decirle que se porte bien. Esto tiene nombre y apellido en Argentina: el mercado de yerba, azúcar, tomate, acero y aluminio. Son cuatro o cinco empresas las que fijan los precios. Entonces, decir que a los precios lo fijen los mercados es decirles que ‘Señores, marquen lo que quieran””, afirmó el economista Horacio Rovelli.
Caputo admitió que esta política tendrá un impacto negativo muy fuerte sobre la economía en los próximos meses, pero acudió una vez más a la teoría del miedo al sostener que es el costo necesario a pagar “para evitar una catástrofe”, porque “seguir en el mismo camino nos llevaría a una hiperinflación del 15 mil por ciento”, dijo, repitiendo la cifra que tiró el ultraderechista presidente Javier Milei el domingo desde las escalinatas del Congreso.
Mientras tanto, la caída del gasto público y la depresión de la capacidad de compra de la población por el impacto de la inflación harán lo suyo, provocando una muy fuerte recesión económica por el hundimiento de la demanda. El analista Raúl della Torre señala que ésta podrá ser una preocupación para muchos, sobre todo trabajadores y empresas nacionales que viven del mercado interno, pero no para el gobierno: esa recesión es el fenómeno buscado por este modelo para ponerle un freno a la inflación.
Asimismo, la liberación total a cualquier mínimo control de precios afecta a todos y muy especialmente a las clases medias, como al aumento de las naftas o de las empresas de medicina prepaga, para dar solo dos ejemplos. Lo mismo con la avanzada que quieren hacer contra la ley de alquileres para rediseñar un esquema que favorezca al mercado inmobiliario y perjudique (más aún) a los inquilinos.
Esta redistribución regresiva del ingreso significa la desmentida de una gran falacia -”no hay plata”- que dominó la última etapa de la campaña electoral: hay plata, pero irá a parar a las cuentas del capital y saldrá del bolsillo de las mayorías populares. Porque la inflación no es un “fenómeno natural” -como suelen decir los medios hegemónicos y los posteos en redes-, es una política deliberada para licuar el salario y los ingresos en general.
Hoy la gente (que ha desaparecido de las calles en un triste calma) sabe bien que este ajuste no lo paga la “casta política”, como repitiera Milei en campaña y se olvidara al asumir la presidencia, sino todo el pueblo argentino. Y se sorprende de otras propuestas electorales que cambiaron radicalmente o fueron olvidadas (al menos por ahora), como la dolarización y el cierre del Banco Central, desde donde el gobierno impone el cepo al dólar.
Estos y otros cambios bruscos muestran las enormes diferencias entre lo agitado en la campaña electoral y lo que se empieza a desplegar desde el gobierno que van hacia un aspecto más conceptual.
Por ejemplo, la “estatización” de deuda privada que va a hacer el Banco Central con una resolución que básicamente implica hacerse cargo de la deuda de empresas privadas con empresas extranjeras a través de un bono en dólares a cobrar en efectivo en 2027. El BCRA se endeudará por 30.000 millones de dólares para rescatar la deuda privada de las empresas importadoras. Emitirá Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).
Luego de anunciar un plan de guerra que pulverizará salarios y jubilaciones, Caputo avala otro endeudamiento escandaloso. “En la Argentina, de los seis primeros bancos privados por volumen de depósitos captados, en cinco tiene fuerte participación accionaria (el fondo de inversiones estadounidense) BlackRock, que no va a perder plata, de allí que la solución propuesta por ese fondo es que el capital financiero internacional le otorgue al BCRA un financiamiento de unos 15.000 millones de dólares para que los rescate” señaló Rovelli.
En campaña Milei sostenía que los impuestos eran un robo, mientras esgrimía la idea anti-Estado, que era presentado como un ente que oprimía a todos por igual, con la que mucha gente ahogada por impuestos regresivos se identificó. Pero lo cierto es que Milei llegó para utilizar el Estado en beneficio directo de un sector social privilegiado.
Mientras, saliendo del estupor por las medidas oficiales, la principal central sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó que las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei «no ajustan a la denominada casta, como se prometió en la campaña, sino que recaen sobre el pueblo» y «dinamitarán el poder adquisitivo de los salarios», ante lo cual advirtió que no se va a quedar «de brazos cruzados.
“No estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste», sostuvo la central sindical, tras una reunión de urgencia.
El plan de Milei persigue, en realidad, la generación de una inflación rozando la híper para que los salarios se depriman a tal nivel que terminen siendo los reguladores de los precios.En pocas palabras, el plan Caputo no tiene al ajuste fiscal como ancla, sino a los ingresos y jubilaciones como opción para generar un recesión que obligue a los formadores de precios a pensar dos veces antes de aumentar, dado que nadie podrá comprar ni lo más mínimo.
*Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Lula promulgó ley que cobra impuestos a fondos de los “superricos”
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó la ley que por primera vez le cobrará impuestos a las inversiones de los llamados “superricos” en fondos personalizados y las empresas offshore, con la cual el Gobierno pretende recaudar el equivalente a 6.000 millones de dólares hasta 2025, para compensar la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias prometida por el gobierno.
La sanción de la ley fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión y fue producto de una amplia negociación en el Congreso, donde la centroderecha conocida como el “Centrao” bajó las expectativas de recaudación pero permitió una inédita tributación impositiva que para el ministro de Economía, Fernando Haddad, permite evitar un ajuste en las cuentas públicas.
Lula pretende con esta medida recaudar el equivalente a 6.000 millones de dólares hasta 2025. Según el ministro de Economía, el cobro de impuestos a los superricos compensará la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias prometida por el presidente Lula.
La sanción de la ley fue producto de una amplia negociación en el Congreso, donde la centroderecha conocida como el “Centrao” bajó las expectativas de recaudación pero permitió una inédita tributación impositiva que para el ministro de Economía, Fernando Haddad, permite evitar un ajuste en las cuentas públicas.
El texto cambia una serie de leyes, entre ellas el Código Civil, para poder tributar o aumentar las tasas que se cobran sobre fondos exclusivos, como son conocidos los fondos de inversión personalizados para personas de altos ingresos, y sobre las aplicaciones financieras en offshores.
Anteriormente, la tributación sólo se producía cuando el beneficio obtenido de inversiones en el exterior se transfería a personas físicas en Brasil pero no si se mantenían fuera de Brasil. Con la nueva ley, la tributación se realizará una vez al año, el 31 de diciembre, y será del 15%.
Los contribuyentes individuales tendrán que declarar por separado los ingresos del capital invertido en el extranjero, ya sean inversiones financieras, ganancias o dividendos de entidades controladas. Como en el caso de las sociedades offshore, el rescate puede posponerse con la intención de posponer el pago de impuestos. Según la ley, los fondos exclusivos se gravarán dos veces al año, cada seis meses.
De acuerdo con los cálculos hechos por el Congreso, existen 2.500 brasileños con recursos en los fondos exclusivos, que requieren como mínimo una inversión de 2 millones para ingresar.
El Congreso y el Gobierno acordaron que los que declaren sus ingresos en fondos de inversión exclusivos -que figuran en nombre de una sola persona física- hasta el 31 de diciembre tendrán una tasa del 8% y no del 15%. Según el ministro de Economía Haddad, el cobro de impuestos a los superricos compensará la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias prometida por el presidente Lula.
“Enfrentamos un período difícil de siete años sin actualización de salario por la inflación y estamos actualizando el salario mínimo que rige la vida de tanta gente, en especial los jubilados; estamos ahora aplicando impuestos a los que más tienen y los que menos pagan, no es revanchismo ni Robin Hood, es aplicar las mejores prácticas internacionales”, decía Haddad en agosto cuando enviaron la ley.
El salario mínimo brasileño es de 1.340 reales (274 dólares) y Lula firmó también el aumento del mínimo no imponible de 1.900 reales a 2.680 (550 dólares) que estaba detenido desde 2015. Esto beneficiará a 13 millones de trabajadores.
Anteriormente, la tributación sólo se producía cuando el beneficio obtenido de inversiones en el exterior se transfería a personas físicas en Brasil pero no si se mantenían fuera de Brasil. Con la nueva ley, la tributación se realizará una vez al año, el 31 de diciembre, y será del 15%.
Según el ministro de Economía Haddad, el cobro de impuestos a los superricos compensará la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias prometida por el presidente Lula.
“Enfrentamos un período difícil de siete años sin actualización de salario por la inflación y estamos actualizando el salario mínimo que rige la vida de tanta gente, en especial los jubilados; estamos ahora aplicando impuestos a los que más tienen y los que menos pagan, no es revanchismo ni Robin Hood, es aplicar las mejores prácticas internacionales”, decía Haddad en agosto cuando enviaron la ley.
El salario mínimo brasileño es de 1.340 reales (274 dólares) y Lula firmó también el aumento del mínimo no imponible de 1.900 reales a 2.680 (550 dólares) que estaba detenido desde 2015. Esto beneficiará a 13 millones de trabajadores.
Nueva dinámica de integración de infraestructuras sudamericanas
Luciano Wexell Severo*
La lógica que ha estado en vigor durante quinientos años es deshonra. Se invirtió. Hoy es Brasil el que necesita cruzar Panamá, Drake, Magalhoes o el Océano Indico para llegar a los mercados más dinámicos del mundo, en Asia Pacífico. Perderá su campo gravitacional que ata la dinámica logística brasileña con la costa atlántica. Cada día, es más evidente la necesidad de crear caminos a través del interior de Sudamérica que conecten los dos océanos. El histórico Ministerio de Planificación ha rescatado este tema y ha avanzado mucho en los últimos meses.
Frente a Europa
Mucho antes de la llegada de los europeos a Sudamérica ya existía un complejo sistema de senderos pre-inca, utilizado para el movimiento de personas y el transporte de carga. Se llamaba Qhapaq´an. Esas rutas y sucursales tenían más de 10.000 km de longitud, pasando por los territorios actuales de Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina. La red llegó a Brasil en el camino Peabiru, cortando principalmente los estados actuales de Mato Grosso do Sul, Paraná y Sao Paulo, con sucursales a Santa Catarina.
La propia dinámica del proceso de colonización europea en Sudamérica impuso el uso de la navegación marítima como principal medio de transporte. El descubrimiento de minerales preciosos ocurrió inicialmente en los Andes, en los territorios actuales de Bolivia y Perú. El gran volumen y peso de la carga limitaba el uso de rutas preexistentes. Por lo tanto, se neceoció un gran esfuerzo logístico para conducir plata y oro a la costa del Pacífico antes de llevarlos a Europa. La estructura básica de los caminos pre-Inca fue útil para refutar estos minerales a la costa.
Los preciosos minerales extraídos, especialmente del Cerro Rico de Potosí, fueron llevados sobre el hombro de los pueblos indígenas esclavizados y sobre el lomo hasta el puerto de Arica, desde donde fueron conducidos por la navegación cabotaje a Lima. Luego, dirigiéndose al norte, hicieron pequeñas paradas a Panamá. El cruce del istmo centroamericano se hizo a pie, de nuevo por hombres y animales de carga. A su llegada al puerto de Veracruz, ya en el Caribe, la riqueza sudamericana se embarcó en galeones, que siguió en los trenes hasta Cádiz y finalmente Sevilla. La travesía del Atlántico duró unos cuarenta días y casi siempre hubo paradas en La Habana, una ciudad portuaria que destacó por el número de astilleros, bares y variedades de ron y tabaco.
El avance de la navegación y el aumento acelerado de las cantidades de plata extraídas de Potosí han creado la necesidad de mejorar la logística del transporte a Europa. Poco a poco ganaron mayor dimensión las traiciones a través de Río do Argento (o Prata) y vía Drake Passage, el temido camino a través del extremo sur de Sudamérica. Ya en 1520, hace poco más de quinientos años, los europeos patentaron el Estrecho de Magallanes, un camino bioceánico de 600 km que permite pasar por Sudamérica a través de Tierra del Fuego. Además de los obstáculos que planteaba el clima hostil, la travesía se veía obstaculizada por la valiente resistencia de los primeros habitantes del lugar. La región está poblada desde hace más de 9.000 años, desde la Edad de Piedra.
Como el principal polo económico y militar del Sistema Internacional permaneció centralizado en Europa durante más de 450 años, al menos entre 1492 y 1945, la mayor preocupación logística en Sudamérica fue el flujo de producción de los países limítroes con el Pacífico. A pesar de las inmensas dificultades de navegación, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela, con salidas directas al Atlántico, no enfrentó los mismos problemas logísticos que Ecuador, Perú y Chile. En la década de 1860 y 1880, Paraguay y Bolivia libraron y perdieron sangrientas guerras contra los vecinos, comprometidos a tener salidas al mar. Ya en el siglo XX, la situación de relativo aislamiento de los países del Pacífico se transformó radicalmente por la construcción del Canal de Panamá en 1904 y por la transición de la hegemonía inglesa a la estadounidense, después de la Segunda Guerra Mundial.
De vuelta a Asia
Durante medio milenio, desde el inicio de la ocupación portuguesa en el territorio actual de Brasil, hemos fluido nuestros productos al extranjero a través del Atlántico. Primero sólo para Portugal, luego para Europa. Con el tiempo, también para los Estados Unidos. Las relaciones comerciales con África, Oriente Medio y Asia, aunque importantes, siempre han sido mucho menores. Sin embargo, en las últimas décadas este escenario ha sufrido profundas transformaciones.
En 2000, sólo el 2% de todas las exportaciones brasileñas estaban destinadas a China. Hoy en día, esta parte supera el 30%. Al mismo tiempo, en 2000, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondonia, Roraima y Acre representaron sólo el 1% de las exportaciones totales de Brasil. Hoy en día, estos estados representan el 14 por ciento de nuestras ventas. Estos son cambios drásticos e irreversibles. Entre 2000 y 2010 estos cinco estados representaron el 15% del superávit comercial brasileño con el mundo. Entre 2011 y 2022, su participación relativa alcanzó un asombrante 54%. Esto a pesar de que estos estados tienen menos del 5% de la población y del PIB nacional.
Otro dato relevante: según el IBGE, de los once estados fronterizos brasileños, ocho se encuentran entre la población que más ha crecido desde 2010. Brasil avanza hacia Occidente. En los últimos años, el país ha adoptado políticas de devolución espacial de la economía. Embrapa permitió que el Cerrado y otros biomas se volvieran altamente productivos y competitivos. La población, el PIB y las exportaciones de los estados fronterizos crecen más que la media nacional. Agricultura y ganadería se expanden al Medio Oeste, Noreste y Norte.
Las transformaciones fueron intensas en poco más de veinte años. Cambiaron los productos exportados por Brasil, cambiaron los destinos de nuestras exportaciones y cambiaron los estados brasileños que generan más superávit comercial. Sin embargo, hay algo que ha cambiado mucho menos de lo necesario. Aunque, en algunos casos específicos, se están utilizando puertos del Arco Norte, gran parte de las exportaciones de Brasil siguen saliendo de la misma. El puerto de Santos-SP concentra el 30% del total, seguido, con mucho, por Paranaguá-PR, Itaqui-MA e Itaguaí-RJ, todos con 8%.
La lógica que ha estado vigente durante quinientos años es revertir. Hoy son los países bañados por el Océano Atlántico los que necesitan cruzar Panamá, Drake, Magallanes o el Océano Indico para llegar a los mercados más dinámicos del mundo, ubicados en Asia Pacífico. El viejo problema ecuatoriano, peruano y chileno se convirtió en un problema brasileño, argentino y uruguayo. Los países mediterráneos, Bolivia y Paraguay, parcialmente adaptados a la Vía del Agua Paraguayo-Paraná, también buscan transformar su logística actual.
Las grandes ventajas que tiene Brasil (calidad del suelo, índices regulares de precipitaciones, participación empresarial, capacidad de producción y líneas de crédito) se están diluyendo ante la pérdida de tiempo y recursos derivados de la falta de infraestructura adecuada y anomalías logísticas. Las formas actuales de flujo de producción tienen un impacto negativo en la competitividad internacional de nuestros productos.
Nuevas alternativas logísticas
El Canal de Panamá, de casi 80 km de longitud, ha sido muy útil. Sin embargo, hay señales de agotamiento ante la modernización de los buques. En los últimos años, los esfuerzos han sido permanentes para ampliar las capacidades ante las necesidades más largas de los buques portacontenedores y una mayor profundidad de silenciadores. Una de las soluciones para la carga brasileña con destino a Asia ha sido cruzar el Cabo de Buena Esperanza y navegar a través del Océano Indico hasta los puertos de los nuevos socios.
Según datos de INFRA S.A., en un viaje entre los puertos de Santos-SP y Shanghái, en China, la opción del Cabo de Buena Esperanza representa, en términos de distancia, 2.000 km menos que el Canal de Panamá. La reducción del tiempo sería de unos cuatro días. Al considerar la alternativa del Estrecho de Magallanes para conectar los dos puertos considerados, la ventaja sería de 2.160 km menos que el Canal de Panamá.
Sin embargo, existe la posibilidad de conectar la producción brasileña, y otras áreas mediterráneas del continente, con las terminales portuarias de Chile, Perú y Ecuador por tierra. Las llamadas Rutas de Biocea consagranrazan cumplen este papel. También según datos de INFRA S.A., la ruta entre los puertos de Antofagasta, Chile y Shanghái sería de unos 6.000 km más pequeña y con doce días menos de viaje. Este tipo de ejercicio se ha hecho al considerar la viabilidad de utilizar varias estructuras portuarias en el Pacífico, como Antofagasta e Iquique, en Chile; Ilo, Matarani y Chancay, en Perú; y Manta, Ecuador.
La expansión de la frontera agrícola brasileña a territorios cada vez más lejos de nuestros puertos tradicionales del Atlántico y de la creciente participación asiática en las exportaciones de Brasil estimulan la creación de estos caminos alternativos, por rutas internas de Sudamérica. Durante casi cien años, la literatura geopolítica ha estado lidiando con la necesidad de conectar Brasil con el Océano Pacífico, a través de autopistas, ferrocarriles y vías navegables. En la década de 1930, el área entre las ciudades actuales de Corumbá-MS, Campo Grande-MS y Ponta Por-MS ya había sido entendida como un futuro.
El peso de Asia Pacífico ha crecido rápidamente y lo que hemos exportado a esa región son básicamente productos básicos. Se observa el fenómeno de la reprimarización de nuestra agenda de exportación y se observa un proceso de desindustrialización de la economía brasileña. El peso de la industria manufacturera en el PIB, del 24,5% en 1985, cayó al 11,3% en 2021. Para 2023, sólo ocho tipos de productos representan casi el 66% de nuestras ventas en el extranjero: soja, aceite, mineral de hierro, azúcar de caña, maíz, carne, pulpa y café. La presencia china ocupa cada vez más espacios también en la economía de los países vecinos, contribuyendo a la reducción de nuestro comercio intrarregional.
Frente a Sudamérica
Además del flujo de producción a Asia Pacífico, Brasil debería prestar gran atención a la integración sudamericana. Para 2022, exportamos $330 mil millones al mundo. A los socios de la región, asignamos 40.000 millones de dólares, el 12% del total. Hoy, el 45% de nuestras ventas a los países sudamericanos han sido distribuidas por el puerto de Santos-SP y otro 45%, fluyéndose por carretera. En este caso, destacan las descargos de la Asociación de San Borja-RS, Uruguiana-RS, Foz do Iguazú-PR, Corumbá-MS y Chuí-RS.
Vale la pena señalar que sólo el 3% de las exportaciones brasileñas a China son productos manufacturados. En el caso de Sudamérica, el 85% de las ventas se componen de bienes industriales. Además, a pesar de representar sólo el 1% de las importaciones mundiales, los vecinos sudamericanos representan el 35% de todas las exportaciones de alta y alta tecnología. Es evidente que Sudamérica siempre será fundamental política y económicamente para Brasil. El recíproco es cierto.
Las realidades geográficas y los procesos históricos de la región conducen a un fuerte vínculo. En nuestro caso, la integración es también un mandato constitucional: el único párrafo del artículo 4 de la Carta Magna de 1988. Es importante buscar la concertación entre los vecinos y contribuir a su estabilización política y desarrollo económico, tratando de consolidar la idea de prosperidad compartida.
Claramente, la integración regional representa la posibilidad de promover la faceta más dinámica de la economía brasileña, el sector productor de bienes industrializados. El mismo argumento es para los países vecinos.
Un estudio reciente revela que sólo el 1% de las empresas brasileñas exportan al mundo y que, de ellas, más del 61% hacen sus ventas exactamente a la región. En 2022, Brasil exportó más a Chile que a Japón, Alemania e India; más a Colombia que a Italia; y más a Paraguay que a Francia. Argentina es nuestro tercer mayor comprador, sólo por detrás de China y Estados Unidos. Al mismo tiempo, importamos más de Chile que de España y Paraguay que del Reino Unido.
Es esencial trabajar por el fortalecimiento del comercio intrarregional, que alcanzó su punto máximo en 2011. Al mismo tiempo, es necesario promover mecanismos de pago despejados, que reduzcan la dependencia del uso de divisas en las transacciones. Los intercambios dentro de la propia región también representan un espacio privilegiado para el desempeño de las pequeñas y medianas empresas (PYME), que se benefician de distancias menores, proximidad cultural, pagos con monedas locales, menor complejidad y costos relativos de procedimientos y un ecosistema favorable a los intercambios fronterizos. El buen desempeño económico de los vecinos es de fundamental importancia para las empresas brasileñas, especialmente aquellas en mano de obra calificada intensiva y con empleo formal.
Integración de la infraestructura sudamericana
La política exterior adoptada por Brasil a partir de enero de 2023 rescata el tema de la integración de Sudamérica para el primer plano y busca movilizar de nuevo la articulación con nuestros vecinos. Además de ser un mandato constitucional, la integración regional aparece varias veces en el plan de gobierno para el período Lula III. El 30 de mayo de 2023, el presidente anunció la Consemanage de Brasilia, junto a los otros once jefes de Estado y de Gobierno de Sudamérica.
En casi una década no hubo una reunión de esta magnitud. Después de unos años de distancia y omisión, que propiciaron la fragmentación política y la desintegración económica de Sudamérica, el Brasil ha retorredo la tradición histórica de contribuir al proceso de integración regional. Es vital entender que la región es fundamental para el desarrollo de Brasil y viceversa. Es urgente enfrentar las inmensas asimetrías entre nuestros países.
En el tema de la integración de la infraestructura, los lineamientos del Consenso de Brasilia son muy claros: considerar proyectos de conexión física y digital, redefinir una cartera de iniciativas prioritarias, privilegiar las obras en regiones fronterizas con mayor impacto económico y social, apoyar acciones que involucrten a más de un país, estimular proyectos que incluyan la multimodalidad en el transporte, garanticen la sostenibilidad de las iniciativas y utilicen de manera más significativa los mecanismos regionales de financiamiento a largo plazo.
A principios de junio, apenas una semana después de la histórica reunión de presidentes en Brasilia, la ministra Simone Tebet creó la Comisión Sudamericana de Integración y Desarrollo del Ministerio de Planificación y Presupuesto. La histórica “Casa de Integración Regional) rescató el tema.
El objetivo del grupo de Planificación es contribuir a la reanudación del cronográn inconceblo en el campo de la infraestructura, desde la relectición y actualización de las experiencias de la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planificación (Cosiplan). El trabajo se ha hecho a través de una intensa articulación federal, en la que participan otros ministerios, instituciones públicas, bancos regionales de desarrollo y los gobiernos de los once estados fronterizos brasileños.
*Director de la Secretaría de Arte Institucional (SEAI) del Ministerio de Planificación y Presupuesto (MPO).
Cada año fluyen 100 mil millones de dólares del narco al sistema financiero de EEUU
El tráfico de drogas por sí solo genera cada año 100 mil millones de dólares que fluyen a través del sistema financiero de Estados Unidos, reconoció Janet Yellen, secretaria del Tesoro de ese país, durante su reciente visita a México.
El combate al trasiego de sustancias ilícitas, en particular el fentanilo, y las ganancias generadas por esa práctica fueron los temas centrales en los encuentros que sostuvo con autoridades de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y miembros de los servicios financieros. “El tráfico de drogas plantea riesgos para nuestra seguridad económica y nacional”, declaró.
La cifra puesta sobre la mesa por Yellen, en términos comparativos, equivale a 11 por ciento del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, que en 2022 sumó 850 mil millones de dólares, o a 1.7 veces el flujo de remesas que llegan a las familias mexicanas que, también el año pasado, alcanzaron 58 mil 497 millones de dólares.
Diversidad en sus inversiones
Las organizaciones del narcotráfico, expuso Yellen, generan miles de millones de dólares en ingresos ilícitos cada año. “Tienen algunos en efectivo, algunos en inversiones, como bienes raíces, y cada vez más, aunque todavía en cantidades pequeñas, en activos digitales”. Mencionó que los bancos estadunidenses son vulnerables a estos flujos de dinero ilegal “a través de la exposición a organizaciones narcotraficantes que utilizan empresas fantasmas”.
La primera jornada de trabajo de Yellen en la capital mexicana comenzó con la visita a un laboratorio de la Fiscalía General de la República. Desde ahí anunció que el Departamento del Tesoro emprendió acciones contra 15 personas y dos empresas relacionadas con la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva. Aseguró que ese grupo ha transportado varias toneladas de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos durante décadas y ahora también produce y transporta fentanilo.
La funcionaria reiteró, tanto en esa primera aparición pública como en otras que tuvo a lo largo del día, que el combate al tráfico de drogas pasa por el “ataque a las redes financieras ilícitas utilizadas por los narcotraficantes” de fentanilo y otras drogas.
“El sector financiero puede ser mal utilizado, con demasiada facilidad, para permitir actividades ilícitas”, expresó. Por ello, apuntó que los gobiernos de México y Estados Unidos reconocen la “importancia crucial” de la participación de las instituciones financieras privadas en el combate a esos flujos ilegales.
Yellen no desaprovechó la ocasión para señalar que las sustancias con las que se elabora el fentanilo –cuyo consumo, informó, es la principal causa de muerte en Estados Unidos en la población de 18 a 49 años– “provienen de China y se sintetizan en México y luego pasan de contrabando” hacia territorio estadunidense. Reconoció que el gobierno de Pekín ya toma medidas coercitivas contra los proveedores ilícitos.
Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, comentó durante un encuentro con Yellen, autoridades del Banco de México y banqueros, ya por la tarde, que el combate a las finanzas ilícitas “no es una opción, sino una necesidad” que va directo a combatir el principal incentivo de los criminales, que es el dinero. “Por años, nuestro país y el bienestar de su gente se han visto impactados tanto por la corrupción como por el crimen”, añadió.
“Los intercambios de información no son suficientes si sólo fluye de las entidades a la autoridad; se requiere también que los bancos puedan compartir información entre ellos para juntar los componentes del rompecabezas, que de forma aislada, quizás no ofrezcan suficiente información para detectar flujos ilícitos. Se requiere también que las autoridades tengamos actualizado al sector privado”, aseveró.
Ramírez de la O apuntó que el trabajo coordinado es la mejor manera para enfrentar desafíos que tienen en conjunto México y Estados Unidos, tales como el crimen organizado “que representa un peligro para ambas naciones, todo en un marco de mutuo respeto por las leyes y soberanía de cada país”.
Panorama Internacional
Seguridad y salud en el trabajo… con tres millones de muertos
Eduardo Camín*
Cerca de tres millones de trabajadores mueren cada año debido a accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, lo que significa un aumento de más del 5 por ciento en comparación con 2015, según nuevas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El nuevo informe de la OIT denominado “Un llamamiento en favor de entornos de trabajo más seguros y saludables”, fue presentado en el 23º Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, una de las mayores conferencias internacionales sobre este tema, que tuvo lugar en Sydney (Australia) entre el 27 al 30 de noviembre 2023.
La cifra subraya los desafíos persistentes para salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores en todo el mundo. Hace algún tiempo, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros A.Ghebreyesus admitió que « es chocante ver cómo tantas personas mueren literamente a causa de su trabajo »
Para situar el tema diremos que algunos expertos conceptualizan los accidentes laborales como consecuencia del trabajo que provoca directa o indirectamente lesiones corporales, pertubaciones funcionales o enfermedades que determinan la muerte.
No obstante, bajo el pretexto de las crisis económicas éstas se han convertido en la gran excusa del capitalismo, una retórica para avanzar por la senda de las disparidades en todas sus formas, que incluye la segurdad de los trabajadores. El informe destaca que un total de 2,6 millones de muertes se deben a enfermedades relacionadas con el trabajo.
A su vez indica que los accidentes laborales son responsables de otras 330.000 muertes, entre las cuales las enfermedades circulatorias, las neoplasias malignas y las enfermedades respiratorias figuran entre las tres primeras causas de muerte relacionada con el trabajo.
En conjunto, estas tres categorías representan más de tres cuartas partes de la mortalidad laboral total. El informe subraya que mueren más hombres por incidentes relacionados con el trabajo (51,4 por 100.000 adultos en edad laboral) que mujeres (17,2 por 100.000).
La región de Asia y el Pacífico registra la mayor mortalidad relacionada con el trabajo (63% del total mundial) debido al tamaño de su población activa.
La agricultura, la construcción, la silvicultura, la pesca y la industria manufacturera son los sectores más peligrosos, con 200.000 lesiones mortales al año, lo que representa el 63% de todas las muertes profesionales. En concreto, una de cada tres lesiones profesionales mortales en todo el mundo se produce entre los trabajadores agrícolas, sostiene el informe.
Para impulsar los esfuerzos mundiales destinados a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, la OIT ha presentado un nuevo plan, la Estrategia Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2024-2030. El objetivo es dar prioridad al bienestar de los trabajadores en consonancia con la dedicación de la OIT a la justicia social y la promoción del trabajo decente en todo el el mundo.
La estrategia anima a los Miembros de la OIT a actuar sobre tres pilares.
- En primer lugar, mejorar los marcos nacionales de seguridad y salud en el trabajo (SST) mediante la mejora de la gobernanza, la promoción de datos fiables y el desarrollo de competencias.
- En segundo lugar, reforzar la coordinación, las asociaciones y la inversión en SST a escala nacional y mundial.
- En tercer lugar, mejorar los sistemas de gestión de la SST en el lugar de trabajo mediante la promoción de los principios OIT-OSH 2001, el desarrollo de orientaciones que transformen la perspectiva de género y su adaptación a peligros, riesgos, sectores y ocupaciones específicos.
Las disparidades indecentes
Partiendo de las conclusiones del informe y sus recomendaciones, queda claro que el mundo actual se caracteriza por la proliferacion de riesgos sociales, politicos, ecológicos, económicos que tienden cada vez mas a escapar del monitoreo y protección de las instituciones creadas para ello. Instituciones que de otra parte se constituyen en las productoras y legitimadoras de los peligros que no pueden controlar.
Debemos recordar que mas de dos mil millones de trabajadores en todo el mundo se ganan la vida en la economía informal con derechos y protecciones limitados, cuando los tienen.
No debemos ser ingenuos, en el capitalismo no puede haber relación laboral justa, pues esta descansa sobre la explotación del trabajo vivo por parte del capital y sobre la existencia de una población excedente que sirve como bien lo destacaba Marx de “ejercito industrial de reserva « para sastifacer las necesidades de la acumulacion capitalista.
Hablemos entonces de la seguridad social de los trabajadores en un mundo en crisis, con una recesión oculta pero real, acompañada por la paulatina destrucción de los sistemas de protección social auspiciada desde el Banco Mundial, el FMI , la OMC y sus conductas neoliberales que han puesto la mayor parte de la clase trabajadora a nivel de vulnerabilidad y explotación similar al existente en el ultimo cuarto del siglo XIX.
La brecha mundial del empleo se está profundizando frente a los riesgos mundiales y los países de bajos ingresos se están quedando cada vez más atrás, pero los discursos actuales con su retórica parecieran formar parte de este estado de cosas. Esta situación de inseguridad se solapa con la informalidad, cuando los umbrales mínimos de horas de trabajo impiden el acceso a las prestaciones de la seguridad social.
Por lo tanto debemos situar el problema en las causas no en sus efectos, ésto no es una estadística más. Es la última en la vida de los trabajadores, pero estas vidas pareciera que no valen nada en la lógica del lucro.
* Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociacion de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Analisis Estrategico (CLAE)
Inversión extranjera en China se vuelve negativa por primera vez
Iori Kawate
Las salidas de inversión extranjera directa en China han superado por primera vez las tensiones con Estados Unidos por la tecnología de semiconductores y las preocupaciones sobre el aumento de la actividad antiespionado aumentan los riesgos.
El cambio se reflejó en los datos de la balanza de pagos correspondientes al trimestre julio-septiembre dados a conocer el viernes por la Administración Estatal de Divisas.
La IED llegó a menos de 11.800 millones de dólares, con más retiros y reducción que nuevas inversiones para la construcción de fábricas y otros fines. Esto marcó la primera cifra negativa en los datos que se remontan a 1998.
La inversión extranjera se había mantenido lenta después de caer bruscamente en el trimestre abril-junio de 2022, cuando la economía china estaba en crisis por el encierro cero-COVID en Shanghái.
En una encuesta realizada en septiembre a empresas miembros por la Cámara de Comercio e Industria japonesa en China, casi la mitad de los encuestados dijeron que no invertirían en China en 2023 o invertirían menos que en 2022.
La escalada de las tensiones con Estados Unidos es una de las razones de la disminución de la inversión extranjera. En una encuesta realizada el otoño pasado por la Cámara de Comercio Estadounidense en la República Popular China, el 66% de los encuestados mencionaron el aumento de las tensiones bilaterales como un desafío empresarial en China.
En agosto, Estados Unidos anunció restricciones más estrictas a la inversión en chip e inteligencia artificial en China. Washington se está coordinando con Pekín antes de una reunión cumbre entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en noviembre, pero Estados Unidos mantiene su compromiso con las restricciones tecnológicas en nombre de la seguridad económica.
Si se mira la inversión extranjera en el campo de semiconductores por destino, la participación de China ya se ha reducido del 48% en 2018 al 1% en 2022, según la firma estadounidense de investigación Rhodium Group.
En contraste, la participación de Estados Unidos subió de cero a 37%. La proporción combinada de India, Singapur y Malasia creció del 10% al 38%.
La ley de contraespionaje chino revisada, que entró en vigor en julio y amplía el alcance de lo que se considera espionaje, también ha puesto nerviosas a las empresas. “Las leyes y regulaciones de China carecen de transparencia, un factor que aumenta las preocupaciones sobre la continuidad de las operaciones en el país”, dijo Yusuke Miura, investigador senior del Instituto de Investigación NLI.
A medida que las empresas chinas mejoran su competitividad, algunas empresas extranjeras están eligiendo irse. Mitsubishi Motors, que llegó tarde a cambiar a vehículos eléctricos, anunció en octubre que se retiraría de la producción en China.
En respuesta a la fuga de capitales extranjeros, China está lanzando más políticas para abrirse al mundo exterior, incluyendo flexibilizando las regulaciones sobre la inversión extranjera en el sector manufacturero.
“Las compañías foreñas están cada vez más preocupadas por el énfasis de las autoridades en la seguridad, y es poco probable que su postura cauta hacia China cambie rápidamente”, dijo Miura.
China se apresura a construir su propia cadena de suministro de chips en previsión de tensiones prolongadas con Estados Unidos, pero la adquisición de equipos y piezas necesarias desde el extranjero ha sido lenta. Si el ritmo de la innovación tecnológica y el crecimiento de la productividad se desacelere, podría presionar a la baja el crecimiento económico de China.