Uruguay: Diputados aprobó nueva Ley de Medios, para una mayor concentración mediática
Observacom
El proyecto aprobado por la coalición de gobierno deroga la mayor parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y aumenta los límites de la cantidad de licencias para radio y TV que se pueden poseer según la normativa actual, admite más extranjerización, elimina organismos de control ciudadano y deroga procedimientos de transparencia sobre la adjudicación y renovación de licencias. Sumándose a preocupaciones de la sociedad civil sobre el proyecto, la Universidad de la República advirtió que la iniciativa “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación”
En sesión extraordinaria la Cámara de Diputados del Uruguay aprobó ayer el proyecto de nueva “Ley de Medios” (Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual) con 47 votos a favor -de 89 presentes-, correspondientes a los legisladores de la coalición de partidos que integran el gobierno. La iniciativa, que busca derogar la normativa actual, no tuvo cambios con respecto a lo aprobado semanas atrás en la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados de la Cámara de Representantes y será discutido en el Senado en 2024.
El principal partido de la oposición, el Frente Amplio (FA), votó en contra del proyecto en general y solo acompañó algunos artículos de la normativa vigente, que refieren a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al derecho a objeción de conciencia de los periodistas y a la obligación de mecanismos de accesibilidad en los servicios de TV para proteger el derecho de personas con discapacidad visual y auditiva.
La propuesta aprobada en el día de ayer incrementa de tres a seis la cantidad de licencias para servicios de radio y TV que una persona física jurídica o grupo económico puede poseer de forma parcial o total -hasta 4 en la zona metropolitana-. Mientras que en el caso de la TV paga se busca aumentar el límite actual de tres a ocho licencias.
Además, el proyecto busca cambiar la regulación para que las empresas de TV cable puedan vender el total de sus acciones a grupos extranjeros -actualmente hay un tope que sólo permite el 49%-. La iniciativa también pretende eliminar el canon que los titulares de servicios de comunicación audiovisual comerciales deben pagar por usar el espectro radioeléctrico.
Por otro lado, se busca eliminar las consultas públicas sobre los procedimientos de transferencia y renovación de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual, así como quitar la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) que actuaba como un organismo de control ciudadano ante los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias.
El diputado del Partido Colorado -partido miembro de la coalición-, Martín Melazzi, expresó que se viene trabajando en este proyecto desde 2020, cuando el Poder Ejecutivo envió su primera versión para cambiar la normativa actual. Desde ese entonces, Melazzi sostuvo que se modificaron alrededor de 20 artículos de 90, a la vez que se agregaron cinco aditivos, tratando de ser “lo más ecuánimes posible”, resaltando que se contemplaron “todas las voces” para la conformación del texto final.
Posturas en contra del proyecto
El diputado del FA, Carlos Varela, calificó al proyecto como negativo, ya que apunta a seguir consolidando “oligopolios de la información”. “Los ciudadanos deben de tener la posibilidad de acceder a todas las voces posibles, y cuando estas se concentran en pocos medios, se empobrece la calidad del debate”, sostuvo Varela.
Por otro lado, Gabriel Tinaglini, diputado del FA, manifestó que lo aprobado se trata de un proyecto “concentrador, discrecional, a medida de intereses de grandes grupos económicos, regresivo y sobre todo extranjerizador”. Con respecto a la Ley de Medios vigente, Tinaglini destacó que “es coherente con los estándares de organismos internacionales, que no generó ninguna mordaza contra el periodismo ni afectó la libertad de expresión, y que no tiene ni una sola disposición que facilite la censura”.
El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) emitió una declaración advirtiendo que el proyecto “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, como si cumple la normativa vigente”, aclarando que la actual normativa tuvo una aplicación “parcial y tardía” por parte del anterior gobierno, y “muy escasa” de parte de la actual administración.
“La iniciativa habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios”, manifestó la Udelar.
Anteriormente, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) había manifestado “preocupación” por el proyecto, al cual calificó como un “retroceso normativo” para la libertad de expresión del Uruguay. Por su parte, la central sindical única del Uruguay (PIT-CNT), sostuvo que la iniciativa era “antidemocrática por la forma en la que fue discutida y porque su contenido recorta la participación de la sociedad civil organizada”.
La vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N°19.307 o Ley de Medios ha sido destacada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y organismos como Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) y Human Right Watch (HRW) como una buena referencia en la región de una regulación democrática de medios, en sintonía con los más altos estándares interamericanos de libertad de expresión