El gobierno de Lacalle robustece el cerco mediático.

Nicolás Centurión

Para llevar adelante su proyecto económico y las riendas del país, la oligarquía uruguaya no sólo  precisa amasar grandes fortunas, ser dueña de grandes extensiones de tierra, sino que precisa influenciar, moldear y marcar agenda, creando imaginarios colectivos.

Necesita construir todo un conjunto de valores, pensamientos y concepciones que son propios de ellos mismos e injertarlo en la sociedad toda haciéndolos pasar como sentido común, para que de esa manera, sus intereses sean respaldados, defendidos y compartidos por el grueso mayoritario de la población, pese a que esta mayoría no sea beneficiada de dichas acciones porque representan intereses que no sólo son ajenos sino que son contradictorios con los de la clase a la que pertenecen.

Ante la ola de casos de corrupción, los errores del presidente y sobretodo las políticas de ajuste antipopulares, el gobierno de Luis Lacalle -que desde sus inicios se lo bautizó como “La agencia de publicidad”-, ahora debe desviar la atención, minimizar los yerros propios y maximizar los ajenos. Pero nada de esto es gratis y nada de esto se puede hacer solo.

“Otro regalo para la TV comercial”, tuiteó el periodista Gustavo Gómez, especialista en medios de comunicación. El gobierno de Lacalle exoneró el pago de más 33 millones  de pesos uruguayos (sólo en 2023) por uso de espectro previsto en la Ley De Medios. Esta política se reitera año a año, promulgando decretos de prórroga. La razón, esta vez, fueron los costos de la “televisión digital” (?) y repuestos caros.

Si se sumara lo que debe pagar la TV para abonados por concepto de licencia anual (los cables de los canales de Montevideo + DirecTV + Cablevisión) el monto de la exoneración sería de dos millones y medio de dólares, sólo en 2023.

Asimismo, renovar las licencias a radios comerciales por seis años, determinó la concentración en tres grupos: Magnolio, Zorrilla y Sarandí (y los blinda ante el próximo gobierno) y se hizo sin evaluación ni consultas públicas como están obligados.

Ni la legislación uruguaya ni estándares internacionales (incluso sentencias de la Corte Interamericana de DDHH) reconocen el derecho a renovación automática, en particular con sistemas mediáticos concentrados, ya que consolida los privilegios de unas pocas empresas dominantes.

Una perla más para agregar: El 100% del Fondo de Apoyo Audiovisual (en total son 80 millones de pesos) quedó en manos de sólo tres canales. Ya habían otorgado el 60% del Fondo a tres programas (uno de cada uno de los tres canales). Ahora se entrega el otro 40% a Canal 4 (Ahora Caigo Uruguay, 13.075.413 de pesos), a Canal 12 (A Todo o Nada, 7.823.63 de pesos) y a Canal 4 (El Precio Justo,  6.889.632 pesos).

En 2018, con excepción de La Diaria, los demás medios gráficos –El Observador, El País, La República, Caras y Caretas, Voces, Crónicas y Brecha– solicitaron apoyo estatal para asegurar la transición hacia el mundo digital. No hubo respuesta. El pedido se reiteró al inicio del gobierno de la coalición multicolor de derecha y la respuesta que se les brindó  fue que se endeudaran con el Banco de la República.

La propuesta, en general, no fue aceptada, porque con ello solo se postergaba el problema y porque las condiciones del banco estatal eran más rigurosas que las de muchos bancos privados.

En el gobierno de Lacalle Herrera (padre del actual mandatario) en los 90 se le otorgaron a los canales 4, 10 y 12 el permiso para transmitir por cable en Montevideo.  Estos tres canales controlan el 95,5% del mercado. Esto significó una facturación de 82,5 millones de dólares durante el año 2010.

De este 95,5%, el 88,1% es el poder de mercado que representan sus canales de televisión abierta de Montevideo, pero a través de la Red Uruguaya de Televisión S. A. (Rutsa) y de otros canales del interior de su propiedad controlan el restante 7,4% de la audiencia y la facturación, afirma el economista y Doctor en Comunicación Gustavo Buquet. Como dijo el propio presidente Lacalle sobre su padre, el fruto no cae lejos del árbol.

El año pasado, Lacalle presentó un proyecto de ley que en uno de sus artículos planteaba derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como “Ley de Medios”, una de las principales normas aprobadas en 2014 durante el gobierno del progresista José Mujica. Dejaba cuatro de los 202 artículos originales, los cuales refieren al lenguaje de señas y a las transmisiones deportivas en instancias definitivas de las selecciones de fútbol y básquetbol.

Además, el gobierno incluyó un artículo que indica que el Poder Ejecutivo podrá incluir otros eventos a esta modalidad. Este punto, que estaba en la ley original, había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

La ley aprobada en el segundo gobierno del Frente Amplio abarca temas vinculados a la regulación de la prestación de los servicios de radio, televisión y servicios de comunicación audiovisual; plantea la defensa de la libertad de expresión y el pluralismo; establece principios de transparencia, no discriminación, y normas referidas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, la publicidad y los servicios públicos.

También en 2022 tomó medidas que benefician a los tres grandes canales privados del Uruguay: Canal 4, Canal 10 y Teledoce.. Habilitó que puedan brindar servicio de internet y, por otro, la empresa estatal de telecomunicaciones Antel firmó un acuerdo con los tres canales por el que les paga 12 millones de dólares por un año para poder pasar sus transmisiones en la plataforma digital estatal Vera TV.

Mucho se habla del blindaje mediático. Hablar de blindaje es hablar de algo infranqueable donde no penetran las balas. El dispositivo mediático viene funcionando hace décadas como vimos. Están en juego intereses, no hay un blindaje, pero el cerco medíatico está cada vez más robusto, no hay dudas.

Un cerco que los gobiernos progresistas no pudieron debilitar y tampoco construyeron los suyos. Y la derecha mediática sigue entrando a los hogares de la gente día a día, 24 horas en cada dispositivo. Es una batalla desigual, pero también es hora de asumirla.

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)