“Lawfare” contra Citgo

El reciente anuncio de la OFAC de que tendrá una “política de licencias favorable” para la venta de Citgo podría expresar el curso habitual de todo litigio comercial, pero la realidad es otra: se trata del último paso de una estrategia judicial dirigida a privar a Venezuela de su principal activo en el exterior. Este proceso comenzó en 2019 y ha estado conducido por intereses geopolíticos que han creado el marco y las condiciones en que se desenvuelve la demanda judicial.

Para lograr su objetivo, se ha recurrido al “lawfare”, una técnica que se usa con frecuencia en conflictos políticos y que en este caso es utilizada bajo un revestimiento de caso comercial. El “lawfare” es definido por el diccionario de Oxford como “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”.

En efecto, el “lawfare” es una guerra jurídica que utiliza las instancias judiciales para dar un manto de legalidad a actuaciones que se adelantan con fines distintos a los que enuncian y que se llevan a cabo sin respetar los principios de un juicio justo. Y es precisamente esto lo que está ocurriendo con Citgo. Se está utilizando el sistema judicial estadounidense para aprovecharse de la debilidad de Venezuela.

Por supuesto, en esta demanda a Citgo cada uno de los acreedores tiene interés recuperar la deuda que se le debe. Pero esta es solo una parte de la historia, la superficie, pero no es suficiente para comprender la totalidad de la cuestión. Estamos hablando de petróleo, ese obscuro objeto del deseo que ha llevado a guerras en todo el mundo.

Claro está, Pdvsa no tenía por qué recurrir al endeudamiento ni por qué emitir el bono 2020 garantizado con el 50.1% de las acciones de PDV Holding. La mala gestión, la corrupción y las decisiones erradas se han hecho crónicas en Pdvsa. Aun así, la petrolera venezolana tenía las condiciones para cancelar el endeudamiento y así se hizo hasta 2019. Los otros casos, como Crystallex o Conoco Philips, son improcedentes, porque no están atados a las acciones de Citgo.

No es casual que haya sido julio de 2019 que un tribunal confirmara un fallo a favor de Cristallex y que en agosto de ese mismo año los tenedores de bonos hayan iniciado el juicio contra Citgo, en lugar de buscar un arreglo. En ese momento, estaban creadas las condiciones para una estrategia de “lawfare”. Pdvsa no podía realizar transferencias de pagos y, además, se le prohibió vender petróleo, lo que obviamente le impedía generar los ingresos para pagar la deuda.

Los tribunales estaban enterados de la existencia del bloqueo petrolero y financiero, pero no se tomó en cuenta la situación de extrema desventaja y vulnerabilidad que se había creado para una de las partes.

La trama judicial contra Citgo llegó más lejos de lo que se podía pensar, ya que se utilizó la designación de un “gobierno interino” como herramienta para impedir que los representes legales de PDV Holding pudieran litigar en el juicio.

El tribunal admitió como supuestos representantes legales de la empresa a personas que no contaban con la debida autorización. De esta manera, ha tenido lugar una suplantación fraudulenta de identidad que ha favorecido la apropiación de los activos venezolanos e impedido acuerdos de conciliación.

El proceso judicial se ha realizado sin que PDV Holding haya podido ejercer su legítimo derecho a la defensa, lo que significa que las partes no han tenido las mismas oportunidades para presentar sus argumentos y pruebas.

En vista de estas circunstancias del “lawfare”, las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos deben incluir la revisión de los efectos de la estrategia de “cambio de gobierno” adoptada por Donald Trump, así como estudiar la reposición de varios casos y considerar reparaciones por los daños causados.

La verdad es que nadie cree en Estados Unidos que en algún momento Juan Guaidó fue presidente de Venezuela. Y este hecho tiene consecuencias. Es necesario tomar esto en cuenta para así reiniciar con pasos ciertos las relaciones de cooperación entre los dos países.