Ayotzinapa, el difícil camino a la verdad
Luis Hernández Navarro |
Ayotzinapa es una herida abierta. Han transcurrido ocho años y medio de la atrocidad y el agravio no cicatriza. ¿Cómo va a cerrarse si la verdad no llega? ¿Si no hay justicia? ¿Si el daño no se repara?
El quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Una visión global sobre los hechos, los responsables y la situación del caso Ayotzinapa, el último, nos muestra, desglosados en 36 puntos, los enormes obstáculos para iluminar las tinieblas que se ciernen sobre la tragedia. Con evidencias probadas exhiben la imposibilidad de cerrar el caso.
El informe demuestra que distintas autoridades de nivel municipal, estatal y federal, incluyendo los servicios de información contra el narcotráfico, es decir, Ejército, Policía Federal, estatal, Cisen y policía municipal de Iguala, supieron, en tiempo real, sobre la llegada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y su intención de tomar autobuses para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Las declaraciones de testigos protegidos y los documentos hallados por el GIEI dibujan un retrato aterrador sobre el narcoestado existente en Guerrero. Existía colusión de integrantes de las corporaciones e instituciones de seguridad de ámbito municipal, estatal y federal con la delincuencia organizada de Iguala y ciudades cercanas. No obstante se sabía sobre el trasiego de drogas en autobuses de pasajeros, los expertos no han localizado reportes sobre salidas de estos camiones ni sobre los filtros de entrada a la ciudad por parte de grupos de narcos.
Militares estaban coludidos con el narcotráfico, según se deduce de las escuchas de Chicago (intervenciones telefónicas de la DEA, de conversaciones de integrantes de Guerreros Unidos) responsables del 27 y del 41 Batallón, en las que se habla de pagos a, al menos, un comandante y un capitán. Testigos protegidos han confesado que recibían periódicamente dinero para permitir los negocios de Guerreros Unidos.
Los normalistas rurales no fueron capturados todos al mismo tiempo, en un solo operativo. Fueron atacados con armas de fuego en siete momentos distintos, en diferentes lugares, a lo largo de cuatro horas. La información sobre los acontecimientos fue conocida en tiempo real por el C4. A pesar de saberlo y de la brutalidad de las agresiones, ninguna autoridad gubernamental de ningún nivel hizo algo para evitarlo.
Pese a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de permitir el acceso pleno de los expertos a información fundamental, la Secretaría de la Defensa Nacional la oculta. Las declaraciones de mandos y el personal del 27 Batallón de Infantería, con base en Iguala, se han modificado según avanzan las investigaciones. Sus integrantes han mentido una y otra vez. Por ejemplo, ocultaron su presencia en barandillas o dijeron, falsamente, que esa noche permanecieron en sus cuarteles.
Un soldado observó, a través de medios técnicos, tres camionetas de la policía municipal. En la de en medio, eran transportados civiles. Sin embargo, esta evidencia no ha sido entregada a Fiscalía General de la República (FGR).
Inexplicablemente, pese a las evidencias en su contra y de tener todo el sustento legal, las órdenes de captura contra numerosos militares que participaron en los hechos fueron canceladas por la fiscalía en septiembre de 2022. Seis de ellas, prioritarias para el GIEI, no se han reactivado.
Como parte de una lógica contrainsurgente, el Ejército infiltró como estudiantes en Ayotzinapa a tres soldados. Conocidos como órganos de búsqueda y observación (OBI), informaban a sus superiores de los acuerdos y movimientos de los alumnos. Se comunicaban todos los días para dar cuenta de la situación. Uno quedó entre los 43 muchachos desaparecidos. Otro OBI se reportó el 27 de septiembre, después de los hechos, y anunció a sus mandos que suspendería la comunicación por asuntos de seguridad. El secretario de Sedena en aquel entonces señaló falsamente que el soldado desaparecido había suspendido la relación desde el 22 de septiembre. El 27, la secretaría tomó contacto con la familia del joven. “Todo esto –aseguran los expertos– fue ocultado en la investigación durante siete años, hasta que el GIEI encontró los documentos en los archivos de la Sedena tras la orden de acceso del Presidente de México.”
La secretaría supo en todo momento lo que se estaba haciendo a los normalistas rurales. A pesar de ello, no realizó nada para evitarlo, protegerlos o rescatarlos. Sin embargo, el Ejército lo niega, como también niega la existencia, comprobada con documentos, del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI), cuando se dio el ataque contra los jóvenes.
No fueron los únicos servicios de inteligencia del Estado que supieron lo sucedido en tiempo real. El Cisen tuvo agentes e información de lo que acontecía. Pero, esos reportes no se han dado a conocer.
Del informe del GIEI se desprende que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, un delito de lesa humanidad. Una atrocidad en la que están involucradas las más altas autoridades civiles y castrenses de la administración de Enrique Peña Nieto, con el poder suficiente para frenar y boicotear el esclarecimiento cabal de los hechos. Si la verdad de la noche de Iguala no aflora y si no se hace justicia a las víctimas, el fantasma de Ayotzinapa perseguirá sin piedad al país entero.
*Periodista y escritor mexicano, editor de la página de Opinión de La Jornada de México