Remembranzas y reflexiones sobre la corrupción vieja y nueva

Clodovaldo Hernández – La Iguana | 

Hubo una vez un señor llamado Gonzalo Barrios, gran gurú de Acción Democrática durante los años de esplendor de este partido, quien, en una declaración lapidaria, sentenció que “en Venezuela se roba porque no hay razones para no robar”.

En ese tiempo, los periodistas del área Política tenían una misión fija cuando les tocaba guardia dominical: caer a golpe de 11 de la mañana por la casa de Barrios, en Lomas de Las Mercedes, y sentarse en un murito, bajo la sombra de los árboles, a echar cuentos  y propagar chismes con los colegas hasta que al patriarca adeco le provocara salir a almorzar con alguno de sus amigos y attachés a algún restaurante de la zona. Al salir, el caballero, que tenía serios problemas de dicción (mi mamá, Carmen, decía que hablaba como quien tiene una papa en la boca), balbuceaba algunas de estas frases rebosantes de sinceridad o de cinismo -según desde dónde se le oyera- que se convertían automáticamente en titulares de la prensa del lunes.

La vez que dijo el apotegma mencionado arriba, causó estupor nacional. Recordemos que entonces el país estaba inmerso cotidianamente en escándalos de corrupción de la más diversa calaña, así que escuchar o leer al director espiritual del mayor partido político expresarse de esa forma era una razón para decir “el último que apague la luz”.

Ahora bien, de eso ha pasado mucho tiempo y ya es ocioso ponerse a recordar las fechorías de adecos y copeyanos y de sus socios de la burguesía nacional y extranjera, o a criticar las retorcidas justificaciones de un personaje tan brillante para sus adláteres y tan gris, según sus adversarios.

Lo doloroso, lo lacerante, lo deprimente de este recuerdo es que, si queremos revisar la historia más reciente con algo de neutralidad, tenemos que concluir que tampoco en los años que han corrido de la Quinta República ha habido razones para no robar.

Algunas de las causas de este estado de cosas (la falta de razones para no robar) son las mismas de aquellos años que ya parecen tiempos bíblicos. Pero otras son muy específicas de la actual realidad política.

Obviamente, hay motivos culturales, creencias implantadas, conductas aprendidas, deformaciones impuestas por la hegemonía capitalista y toda una serie de factores estructurales que darían para escribir extensos ensayos.

Un componente común, a simple vista, podría ser la inoperancia de los mecanismos de contraloría, un punto que seguramente muchos admiradores del sistema de Punto Fijo refutarán con argumentos aparentemente sólidos.

Dirán que en la Cuarta República había equilibrio de poderes, que la Contraloría General de la República era ejercida por un militante opositor o por un independiente de gran reputación; y señalarán que la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados era también reservada para un parlamentario adverso al gobierno.

Eso es cierto, aunque en términos de resultados no sirvió de mucho, pues la corrupción campeó de principio a fin de esa etapa política, al punto de que el célebre “doctor Barrios” llegó a decir una barbaridad como la reseñada y todo el mundo tuvo que darle la razón.

Analicemos acá el antes y el ahora de esas dos instituciones, la CGR y la Comisión de Contraloría (antes del Congreso de la República, ahora de la Asamblea Nacional).

La Contraloría General: informes para nada

En el tiempo del bipartidismo, en realidad, la Contraloría General estuvo a cargo de figuras opositoras y de algunos individuos que se habían ganado un sitial más allá del bien y del mal. Pero no pasaba de ser una especie de muro de los lamentos.

Cada año, el contralor llegaba al Congreso con unos libracos contentivos de su informe anual, un memorial de hechos delictivos grandes, medianos y pequeños. Infaltablemente, decía este funcionario que la corrupción había aumentado de manera alarmante y que estaba socavando los cimientos del Estado. Los parlamentarios pronunciaban declaraciones muy serias, se daban golpes de pecho, se rasgaban los vestidos… y luego se iban a comer a los restaurantes de caché y a seguir con sus vidas.

Desdichadamente, esta conducta siguió reproduciéndose en los primeros años de la Quinta República. El contralor general de 1999 a 2011, Clodosbaldo Russián, y su sucesora, Adelina González (2011-2014) dejaron escritos unos informes dramáticamente reveladores del auge de las irregularidades administrativas. Ambos fueron voces clamando en el desierto o, más gráficamente, voces clamando en medio del ruidoso bonche armado por corruptos de toda laya.

Fui amigo de Russián (era uno de mis pocos tocayos) y he tenido una relación cordial con González. A ambos les preguntaba siempre por qué había que conformarse con reseñar las fechorías en un informe, pasar los casos a la Fiscalía e inhabilitar a algunos funcionarios. Y ellos, que eran técnicos de larga trayectoria en ese espinoso campo, me decían que hasta allí llegan las atribuciones constitucionales de la CGR. Cortar manos, fusilar o decapitar no es una posibilidad legal, aunque provoque.

Sobre el contralor Manuel Galindo (2014-2018) no tengo nada que decir, salvo que tuve que buscar su nombre en internet porque no lo recordaba y tampoco varias personas a las que suelo consultar cuando me falla la memoria. Mal síntoma para alguien que tuvo a su cargo la lucha contra la Hidra de Lerna de nuestro sistema político. En otros cargos es saludable pasar por debajo de la mesa, pero en este, no tanto.

Respecto al actual contralor, Elvis Amoroso, opino que se ha caracterizado por esa misma falta de presencia que mostró Galindo en un escenario tan candente, lo que ha quedado ahora en plena evidencia, cuando ha reaccionado (en lugar de accionar previamente) ante los primeros resultados de la Operación Caiga quien caiga.

Hace unos meses, la figura de Amoroso salió del letargo cuando su hijo, el reguetonero Jesús Amoroso, conocido por su nombre artístico “el Duke”, estuvo en la fiesta de cumpleaños de Manuel “Coco” Sosa, en un lujoso sitio de Las Mercedes.

Sosa es un actor de televisión que participó en la trama de corrupción de Petropiar, en la que se despojó a Pdvsa (es decir, a las venezolanas y los venezolanos) de 27 millones de dólares. Este ciudadano delató a sus cómplices y por ello fue favorecido con una sentencia sumamente benévola de cuatro años y cuatro meses de arresto domiciliario y una multa de 40 % del daño patrimonial causado.

Cuando lo criticaron por haber estado en la megarrumba de un condenado por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir, siendo su papá el contralor general de la República, “el Duke” reaccionó con un video viral en el que, con un tono muy irreverente (repito: es reguetonero), hizo ostentación de su vida de celebridad hollywoodense.

Quienes no habían reparado en la existencia de este joven, pudieron constatar entonces que ha estado (al menos, según las fotos que él mismo publica) rodeado de lujos muy parecidos, por cierto, a los de la camada de presuntos corruptos que ahora han sido descubiertos: automóviles de alta gama, aviones privados, yates, viajes internacionales y compañías femeninas de anatomía explotada.

[En esa oportunidad, publiqué un hilo en mi cuenta Twitter, en el que decía que esa no era la mejor propaganda para el señor contralor, por aquello de que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Recibí entonces el reclamo (muy decente, hay que acotarlo) de una persona de los altos círculos oficiales. Me dijo que Jesús Amoroso es mayor de edad y tiene un oficio conocido (reguetonero, insisto), del cual se presume que obtiene sus ingresos, así que no es justo responsabilizar a su padre por sus costosos gustos ni por los amigos que tenga o las fiestas a las que asista.

Es verdad, admití, pero estamos hablando de percepciones políticas y cuando un familiar tan directo de un funcionario alardea obscenamente de riquezas, no se puede esperar que los receptores de ese mensaje razonen fríamente y separen al funcionario del pariente. En fin, no nos pusimos de acuerdo, cada quien sostuvo su criterio. Pero ese es, definitivamente, otro tema].

Una gallera célebre

En cuanto a la Comisión de Contraloría, digamos que era un lugar muy divertido, algo así como una gallera donde las apuestas se referían a quién presentaba la denuncia más sensacional, quién le propinaba los mejores espuelazos al adversario político y quien lograba acaparar más tiempo de televisión y radio y centímetros-columna en los periódicos.

Cada cierto tiempo, la gallera mutaba en algo así como el Caesars Palace de Las Vegas y presentaba esos combates de peso completo que eran las interpelaciones a ministros, presidentes de empresas públicas, banqueros y burgueses caídos en desgracia.

Ah, pero otra vez estoy rememorando el pasado, con un cierto toque de nostalgia, debo admitirlo, porque eran eventos muy comunicacionales. Pero, subrayo, esos floridos espectáculos no sirvieron de mucho para contener la expansión del virus de la corrupción. Solo eran efectivos para proyectar la ilusión de que se luchaba contra ella.

De hecho, siempre se supo que algunos de los grandes Torquemada de esa comisión eran, en realidad, hábiles cobradores de comisiones y consumados extorsionistas. Hubo escándalos dentro de otros escándalos, investigadores investigados, cazadores de corruptos que eran peores que sus presas, en fin, una colección de vergüenzas que ayudaron a forjar la pésima fama de adecos y copeyanos (y del algunos masistas muy pantalleros) como gente que no tenía compón.

¿Qué ha pasado después de 1999? No sé si como reacción a la farsa de los años anteriores o tal vez por estrategia de los corruptos supuestamente revolucionarios, la Asamblea Nacional declinó su competencia contralora en períodos cuando el partido de gobierno tuvo mayoría y en tiempos en los que estaban ocurriendo varios de los peores desfalcos de estos 23 años, como los protagonizados por el ahora muy despreciado y acusado Rafael Ramírez.

Luego, cuando la oposición logró imponerse en las elecciones legislativas de 2015, uno de sus proclamados planes era poner de nuevo a funcionar la Comisión de Contraloría, pero lo único que hicieron, en honor a la verdad, fue restablecer la gallera y los mecanismos de vacuna y extorsión.

Los jovencitos fachos, herederos de los diputados de los años 80 y 90, llegaron allí con la idea fija de llenarse los bolsillos chantajeando a funcionarios y empresarios. Se cumplió aquello que se decía mucho en la era adeca: perro que come manteca, mete la lengua en tapara.

Y así llegamos a este tiempo, luego de la recuperación de la AN por las fuerzas revolucionarias, en el que, hasta ahora, tampoco habíamos visto interés explícito de los parlamentarios por meterle el ojo a las muy denunciadas irregularidades ni a las conductas abiertamente sospechosas de muchos funcionarios.

Ni siquiera los casos depravados de corrupción cometidos por el llamado gobierno interino han motivado que los diputados investigaran como es debido. Mucho menos han escudriñado en los chanchullos de los funcionarios del gobierno constitucional. El recurso de las interpelaciones ya no se usa.

Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas: las peleas de gallos y los rines de boxeo de la Comisión de Contraloría de la antigua Cámara de Diputados eran puro fuego fatuo, pero la inacción total no es la respuesta a eso.

Esta semana hemos visto que se designó una comisión mixta de la que formarán parte diputados de las comisiones permanentes de Política Interior y Contraloría, no para investigar estos asuntos (que ya parecen suficientemente investigados por la Policía Contra la Corrupción y el Ministerio Público), sino para promover reformas al tinglado jurídico anticorrupción. Una de ellas, como se desprende de tantos informes gordos e inoficiosos, debería ser dotar a la CGR de poderes sancionatorios más severos y efectivos.

Parece una buena señal, que podría marcar el inicio de una nueva etapa en la que el Poder Legislativo ejerza a cabalidad sus funciones de control, como lo establece el numeral 3° del artículo 187 de la Constitución Nacional Bolivariana.

Lástima que, una vez más –en mi opinión, claro- se haya pifiado en el asunto de las vocerías, cuando apareció el diputado Pedro Carreño haciendo el anuncio de esta comisión mixta.

Hubiera sido mucho más coherente (o conveniente, si queremos decir algo más banal) poner como portavoz a alguien que no pueda ser cuestionado por su estilo de vida y sus veleidades en el vestir, el calzar y en sus gustos automovilísticos. Y aquí vale repetir las dos frases célebres: la relativa a la mujer del César y la del perro, la manteca y la tapara.