Ordenan la detención del expresidente Lenin Moreno por corrupción
Eloy Osvaldo Proaño
La Fiscalía de Ecuador solicitó arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno, al que acusó, junto con otras 36 personas, de corrupción por recibir sobornos de una empresa china a cambio del contrato para construir la mayor hidroeléctrica del país, en momentos en que la Asamblea Nacional recomendaba abrir un proceso de juicio político contra el actual presidente Guillermo Lasso, acusándolo de corrupción por negocios en empresas públicas.
La involucramiento activo de dos presidentes, el anterior y el actual, en casos de corrupción, muestran el fracaso de este modelo de democracia. En los últimos meses y días, sus ministros, los grandes medios de comunicación y los analistas comprometidos con el gobierno reclaman la “defensa de la democracia”, dónde la corrupción es el pan de cada día, y en nombre de esa democracia perdonar las grandes estafas al Estado perpetradas por Moreno y Lasso.
Moreno y Lasso han mostrado un manejo corrupto que va desde el usufructo y control corrupto de empresas públicas o sus gerencias a un particular o grupo; ¨concertar términos contractuales direccionados e ilícitos¨; el “direccionamiento” de contratos ¨a favor de un determinado oferente o proveedor¨; ¨la creación o utilización de empresas para participar en la contratación pública podría convertirlas en vehículos para el lavado de activos, operación que se concretaría en la provisión de bienes o servicios al Estado¨, según la Fsicalía.
¿Esa democracia es la que se llama a defender?, señala Stalin Vargas, expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes, quien recuerda que a esta democracia la ha penetrado el narcotráfico, que los bancos privados aumentaron el 48% sus ganancias el año anterior, 116 grupos económicos con integrantes domiciliados en paraísos fiscales sacaron sus capitales al exterior y evaden impuestos
La fiscal general, Diana Salazar, pidió “prisión preventiva para todos los investigados; sin embargo, debido a que 14 de ellos superan los 65 años (…) se pide el arresto domiciliario”, como en el caso de Moreno, y pidió autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.
También requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay desde 2021 de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
Moreno tiene 69 años y se moviliza en una silla de ruedas tras recibir un disparo durante un asalto en 1998. Los 37 indagados, entre los que están familiares cercanos del expresidente, “habrían recibido cerca de 76 millones de dólares en coimas”, que según la Fiscalía es “el monto más alto judicializado por actos de corrupción en Ecuador”.
En actitud injerencista, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió “respeto a la estabilidad de los períodos constitucionales” en Ecuador, después de que la Asamblea Nacional recomendara enjuiciar políticamente al banquero-presidente Guillermo Lasso, quien agradeció su pronunciamiento “en apoyo irrestricto al respeto de la democracia y de la estabilidad política e institucional”.
La derrota de Lasso en el referéndum sumada a denuncias de corrupción en su entorno agitaron el clima político en Ecuador. Los servicios de inteligencia de la Policía Nacional dividieron la situación en dos partes: la primera, es la denominada en las redes sociales del internet como el caso “Gran Padrino”, que involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente, y dos personas cercanas a Carrera, Rubén Cherres y Hernán Luque, actualmente buscados por la policía del Ecuador.
El proyecto hidoeléctrico
La presunta red de corrupción operó desde 2009 hasta 2018 en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, localizada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos (este), cuyo costo alcanzó los 2.345 millones de dólares y estuvo a cargo de la firma china Sinohydro.
La central hidoreléctrica funciona desde 2016 y tiene capacidad para cubrir el 30 por ciento de la demanda nacional de energía. Sin embargo, se han detectado daños en su infraestructura.
Durante el gobierno progresista de Rafael Correa (2007-2017), condenado a ocho años de cárcel por corrupción por el caso “Sobornos 2012-2016”, Moreno fue vicepresidente durante los primeros seis años y luego fue elegido presidente para el periodo 2017-2021.
Lenin Moreno, su esposa, hija, hermanos y cuñadas están salpicados dentro de la investigación, así como su amigo Conto Patiño, su familia y funcionarios de su empresa “Comercial Recorsa”, a través de la cual se repartirían los sobornos. También aparecen involucrados dos gerentes de Coca Codo Sinclair y un exembajador de China en Ecuador que posteriormente fue el representante legal de Sinohydro en este país.
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca. El informe periodístico reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa “offshore” INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador.
De acuerdo con la Fiscalía, el grupo familiar de Moreno habría recibido unos 660.000 dólares de la red de corrupción. Para determinar el monto, las autoridades indagaron la información bancaria de la empresa Ina Investment, vinculada con Moreno, a través de la cual se hizo la compra de un departamento en España y de muebles para una vivienda en Suiza.
La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares). El año pasado, la fiscalía abrió una indagación contra Moreno por un supuesto peculado relacionado con piezas patrimoniales presuntamente desaparecidas del Palacio presidencial de Carondelet.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)