Los derechos laborales como derechos humanos: entre el discurso y la práctica
Eduardo Camin
Una declaración conjunta de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de ocho órganos de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas reafirma la importancia de los derechos humanos universales y las normas internacionales del trabajo para afrontar las crisis y promover el desarrollo sostenible.
La declaración se hizo pública en el tercer aniversario del Llamamiento a la Acción en favor de los Derechos Humanos del Secretario General de la ONU, el pasado 24 de Febrero de 2023 y reafirma la responsabilidad de los Órganos de Tratados de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión de Expertos de la OIT de promover “el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, especialmente para aquellos que corren el riesgo de quedarse atrás”.
La misma hace un llamamiento a todas las partes interesadas, sin excepciones, a que redoblen sus esfuerzos en pro de la aplicación efectiva de las recomendaciones de los Órganos de Tratados de Derechos Humanos y de la Comisión de Expertos.
Los presidentes de los Órganos de Tratados de Derechos Humanos y del Comité de Expertos también se comprometen a aunar sus esfuerzos para promover todos los derechos humanos -incluidas las normas internacionales del trabajo- mediante análisis conjuntos, acciones concertadas y reuniones temáticas periódicas.
Los comité que se suman a la declaración son: el para la Eliminación de la Discriminación Racial, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. el de los Derechos del Niño. el de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. y el subcomitéd para la Prevención de la Tortura.
La realidad en cifras
En 2020, solo el 46,9 por ciento de la población mundial estaba efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social (indicador 1.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); mientras que el 53,1 por ciento restante –4.100 millones de personas– estaba totalmente desprotegido.
Tras esta media mundial existen importantes desigualdades entre las regiones y dentro de ellas. Las tasas de cobertura en Europa y Asia Central (83,9 por ciento) y las Américas (64,3 por ciento) están por encima de la media mundial, mientras que en Asia y el Pacífico (44,1 por ciento), los Estados Árabes (40,0) y África (17,4 por ciento) se observan unas diferencias de cobertura mucho más pronunciadas.
Por otra parte, solo el 30,6 por ciento de la población mundial en edad de trabajar está legalmente cubierta por sistemas de seguridad social integrales que incluyen toda la gama de prestaciones, desde las prestaciones por hijos y familiares hasta las pensiones de vejez. Cabe señalar asimismo que la cobertura de las mujeres va a la zaga de la de los hombres en 8 puntos porcentuales.
Estas cifras revelan que la gran mayoría de la población mundial en edad de trabajar –el 69,4 por ciento, es decir, cuatro mil millones de personas– está solo parcialmente protegida o no lo está en absoluto.
El acceso a la atención de salud y a las prestaciones por enfermedad y desempleo ha cobrado especial relevancia durante la pandemia. Aunque casi dos tercios de la población mundial está protegida por algún tipo de régimen de salud, siguen existiendo importantes brechas de cobertura y adecuación.
Cuando se trata de la protección de los ingresos durante la enfermedad y el desempleo, las diferencias de cobertura 
y adecuación son aún más pronunciadas. Un tercio de las personas en edad de trabajar tienen sus ingresos protegidos por ley en caso de enfermedad, y menos de una quinta parte de los trabajadores desempleados de todo el mundo reciben prestaciones por desempleo.
Las brechas en la cobertura, la integralidad y la adecuación de los sistemas de protección social van asociadas a una importante falta de inversión en protección social, especialmente en África, los Estados Árabes y Asia. Los países destinan una media del 12,9 por ciento de su producto interior bruto (PIB) a la protección social (excluida la salud), pero esta cifra encubre variaciones impactantes.
Los países de ingreso alto gastan de media un 16,4 por ciento, a saber, el doble que los de ingreso mediano alto (8 por ciento), seis veces más que los de ingreso mediano bajo (2,5 por ciento) y quince veces más que los de ingreso bajo (1,1 por ciento).
Esta brecha de financiación para la creación de pisos de protección social ha aumentado un 30 por ciento desde el inicio de la crisis de la Covid-19, debido a la mayor necesidad de servicios de salud y medidas de seguridad de los ingresos y a las reducciones del PIB causadas por la crisis.
Para garantizar como mínimo un nivel básico de seguridad social a través de un piso de protección social definido a nivel nacional, los países de ingreso mediano bajo necesitarían invertir 362.900 millones de dólares adicionales y los países de ingreso mediano alto otros 750.800 millones de dólares al año, lo que equivale al 5,1 por ciento y al 3,1 por ciento del PIB, respectivamente.
Los países de ingreso bajo tendrían que invertir 77.900 millones de dólares adicionales, a saber, el 15,9 por ciento de su PIB. Sin dudas que la Covid-19, revirtió los avances logrados en la reducción de la pobreza.
Y puso de manifiesto las marcadas brechas de protección que ya existían en todos los países, que ha imposibilitado que las personas responsables de la formulación de políticas pasen por alto los persistentes déficits de protección social que experimentan en particular ciertos grupos, como los trabajadores informales, los migrantes y los cuidadores no remunerados.
El cumplimiento efectivo de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales
Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023 señalaba que es probable que la actual desaceleración económica mundial obligue a más trabajadores a aceptar empleos de menor calidad, mal pagados y carentes de seguridad laboral y protección social, acentuando las desigualdades exacerbadas por la crisis de la COVID-19.
Se prevé asimismo que el empleo a escala mundial registre únicamente un aumento del uno por ciento en 2023, menos de la mitad del aumento registrado en 2022. Por su parte el desempleo a escala mundial aumente levemente en 2023, en unos 3 millones, hasta alcanzar 208 millones de desempleados (valor equiparable a una tasa de desempleo mundial del 5,8 por ciento). 
Ese moderado aumento previsto obedece en gran medida a la escasa oferta de trabajo en los países de altos ingresos. Ello invertiría la tendencia a la baja del desempleo mundial registrada de 2020 a 2022. En consecuencia, a escala mundial seguirá habiendo 16 millones de personas desempleadas más que en período de referencia previo a la crisis (valor con respecto a 2019).
En el informe también se señala que, además del desempleo, “la calidad del empleo sigue constituyendo una de las principales inquietudes”, y que “el trabajo decente es primordial para facilitar la justicia social”.
A raíz de la actual coyuntura de desaceleración, muchos trabajadores se verán obligados a aceptar empleos de peor calidad, con frecuencia insuficientemente remunerados, y, en ocasiones, sin contar con las horas de trabajo necesarias.
Por otro lado, habida cuenta de que los precios aumentan a un ritmo más rápido que los ingresos nominales por trabajo, la crisis asociada al coste de la vida podría aumentar el número de personas en situación de pobreza. Esto se suma a la amplia caída de ingresos registrada durante la pandemia, que en muchos países afectó en mayor medida a los grupos de bajos ingresos.
Empleo: necesidades no satisfechas
El informe, pone de manifiesto una nueva metodología para determinar exhaustivamente las necesidades no satisfechas en materia de empleo, a saber, el déficit mundial de empleo. Dicha metodología abarca tanto las personas desempleadas como las personas que desean trabajar pero que no buscan empleo activamente, ya sea por falta de motivación, o por tener que cumplir otras obligaciones, en particular responsabilidades asistenciales.
El déficit mundial de empleo registrado en 2022 fue de 473 millones de personas, alrededor de 33 millones de personas más que en 2019.
La situación de las mujeres y de los jóvenes en el mercado de trabajo es particularmente adversa. A escala mundial, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo alcanzó el 47,4 por ciento en 2022, frente al 72,3 por ciento de los hombres. Esa diferencia de 24,9 puntos porcentuales conlleva que por cada hombre económicamente inactivo haya dos mujeres en la misma situación.
Los jóvenes (de 15 a 24 años) deben afrontar graves dificultades para encontrar y mantener un empleo digno. Su tasa de desempleo es tres veces superior a la de los adultos. Más de uno de cada cinco jóvenes, a saber, el 23,5 por ciento no trabaja, no estudia, ni participa en algún programa de formación (jóvenes “nini”).
Cuando se contrastan la teoría, la legislación y la práctica de los derechos humanos, surgen sin dudas un sin número de cuestiones fronterizas que pueden contribuir al esclarecimiento de las contradicciones y paradojas, que muchos tememos que no sean más que las paradojas de una realidad capitalista que se eterniza en la ética de la democracia.
La promulgación solemne de los derechos humanos y laborales no es un simple gesto retórico sin consecuencias 
materiales como sostiene con frecuencia un cierto cinismo disfrazado de realismo. Por eso este ejercicio dialéctico de los organismos internacionales pone en evidencia las dos funciones del derecho; la instrumental y la simbólica.
Es decir, se constituye una distancia entre la realidad y la norma, entre la vida cotidiana y el horizonte valorativo y tal es la finalidad simbólica o ritual de este tipo de declaraciones. No bien contemplamos la suerte de la dignidad humana y de los derechos que de ella emanan en el mundo globalizado parece advertirse una relación inversamente proporcional entre el discurso y la práctica.
*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU). Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)