La capital de Haití sigue controlada por pandillas criminales
Victoria Korn
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, terminó una visita oficial de dos días a Haití, subrayando la escalada de violencia de las pandillas en el empobrecido barrio de Cité Soleil en la periferia de la capital Puerto Príncipe y mostró su preocupación de que la situación en Haití no esté recibiendo la atención que merece en un contexto de múltiples crisis internacionales.
Promovidas por los políticos durante años, las bandas haitianas se han equipado con armas sofisticadas y controlan la mayor parte de Puerto Príncipe. Los enfrentamientos se han producido sobre todo en el Cité Soleil, donde viven unas 300.000 personas y es uno de los mayores barrios marginales del país, donde las bandas han ganado más influencia y mantienen el terror en los últimos años.
Los miembros de las bandas han destruido casas con excavadoras para ampliar su territorio, violando a mujeres y niñas y matando a ciudadanos al azar. Superado por las bandas, el Ejército parece incapaz de ejercer el control y contener la violencia.
La bandas no surgieron de improviso: durante años, las élites políticas de Haití las han utilizado para conseguir sus propios objetivos, silenciar a la disidencia y enfrentarse a sus rivales. Aunque la intervención de las organizaciones criminales en la política no es exclusiva de Haití, en la pobre nación caribeña ha alcanzado niveles sin precedentes, especialmente tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
Haití, con 11 millones de habitantes, fue una de las colonias francesas más ricas, y hoy padece una economía improductiva, en la que cerca de dos tercios de su PIB proceden del dinero que los emigrantes haitianos envían a sus hogares y de la ayuda internacional. Los ingresos fiscales del gobierno se sitúan en el 5,6 por ciento de su PIB.
Alrededor del 60 por ciento de la gente vive en la pobreza, con casi la mitad de la población con necesidad inmediata de ayuda alimentaria y 1,2 millones de personas que padecen hambre extrema, según el Programa Mundial de Alimentos. Entre 2016 y 2020, la violencia de las pandillas ha costado al país 4.200 millones de dólares al año, o el 30 por ciento de su producto interior bruto, según informe de septiembre de 2021.
El caos resultante también ha desalentado la inversión extranjera, ha bloqueado las rutas comerciales y ha perturbado el resto de la economía local, haciendo subir aún más las tasas de inflación y los alimentos y el combustible.
Bandas usadas por los poderosos
Poderosas familias empresarias de Haití le han pagado a las bandas para que velen por la seguridad de sus comercios. Así es como algunos de los grupos más grandes, como la G9, se han hecho con el control del puerto de la capital y han conseguido armas de guerra, más avanzadas que las que utilizan las fuerzas armadas haitianas.
En las últimas semanas, la G9 ha bloqueado el puerto por el que entran la mayoría de las mercancías importadas, lo que ha agravado la crisis de alimentos y combustible. La falta de un Ejército financiado y armado ha creado un vacío de poder que las seis principales bandas de Haití compiten por llenar. Hace más de cuarta siglo que Haití desmanteló su Ejército tras un golpe de Estado en 1995, después de décadas de motines e injerencia militar en la política.
El asesinado presidente Jovenel Moïse trató de reactivar a la tropa en 2017, pero solo consiguió reunir a unos 5.000 soldados, que no lograron igualar el creciente número de armas y hombres de las bandas criminales, cuto número se desconoce.
Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, se calcula que en Haití hay más de 90 grupos de este tipo actuando. Un informe de la ONU citaba una encuesta realizada por dos organizaciones locales dedicadas a la juventud, según la cual el 13 por ciento de los niños de un barrio marginado de Puerto Príncipe habían entrado en contacto con miembros de bandas armadas que intentaron reclutarlos.
El informe describe “cómo la población es acosada y aterrorizada por bandas criminales durante meses sin que el Estado pueda impedirlo” y señala que del 8 de julio al 31 de diciembre de 2022, fue responsable de 263 asesinatos en Cité Soleil, donde también hubo 57 violaciones en grupo de mujeres y niñas, así como secuestros y explotación sexual. Sólo el 8 de julio de 2022 asesinaron a 95 personas, incluidos seis niños.
Contra la población y colegios
La banda G-9 sembró el terror utilizando francotiradores que matan a cualquiera que entre a su campo de visión, cuyo balance de víctimas mortales asciende a una media de seis personas a la semana. Tras bloquear los accesos al barrio, sus miembros tomaron el control de la entrada de alimentos y servicios sanitarios.
Türk afirmó que “es hora de que la comunidad internacional ayude a las autoridades haitianas a recuperar el control para que este sufrimiento pueda detenerse”.
También los colegios se han convertido en un nuevo objetivo de las bandas armadas. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) los ataques de estos grupos se han multiplicado por nueve en los primeros cuatro meses del curso académico, incluyendo tiroteos, saqueos y secuestros. En total, 72 escuelas fueron atacadas, incluyendo al menos 13 colegios atacados por grupos armados, uno incendiado, un estudiante asesinado y dos docentes secuestrados.
Sólo en los seis primeros días de febrero se cerraron 30 escuelas por la violencia y una de cada cuatro ha permanecido cerrada desde octubre pasado. “El aumento de la inseguridad y los disturbios generalizados empiezan a paralizar el sistema educativo del país”, advirtió Bruno Maes, representante de Unicef, y aseguró que los colegios en Haití siempre habían sido considerados y respetados como refugios seguros, pero en los últimos meses se han convertido en blanco de la violencia.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el 60% de Puerto Príncipe está controlado por grupos armados. Cuando estas bandas atacan las escuelas, suelen saquear el material escolar, pupitres, pizarras, ordenadores y fotocopiadoras, sacos de arroz y maíz.
Muchos directores de colegio los cerraron para proteger a los niños de posibles ataques. El 26 de enero los niños se vieron obligados a evacuar las escuelas cuando las violentas protestas callejeras por el asesinato de 14 policías se extendieron por todo el país.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)