Cobre, uranio, petróleo, gas, litio, las razones de EEUU para derrocar a Pedro Castillo
Claudio della Croce
En nombre de la democracia, el gobierno de Dina Boluarte y del general José Williams en Perú asesinaron a 60 personas, para satisfacer las demandas estadounidenses de reformas, que comenzaron con la destitución del presidente constitucional Pedro Castillo, y que tienen como telón de fondo asegurar a las empresas occidentales la explotación de los recursos minerales y energéticos del país.
Fue el propio secretario de Estado estadounidense Antony Blinken quien le brindó el respaldo a Boluarte para realizar “reformas” en medio de una grave crisis institucional, política, económica e institucional, temiendo la incursión de empresas china en la explotación de las materias primas y de los recursos estratégicos.
Perú fue presentado como un ejemplo exitoso del mundo neoliberal, pese (o gracias) a la corrupción probada de sus últimos presidentes, pero paulatinamente fue profundizando, también, sus relaciones con China Con una legislación permeable a los lobbies empresariales, hoy Perú recibe inversiones de España (petróleo y gas), Reino Unido, Suiza, Japón, Corea del Sur, e incluso de naciones latinoamericanas como Brasil, México, Chile y Argentina.
La fuerte presencia de empresas trasnacionales europeas y estadounidenses en sectores estratégicos de su economía, no impidió que Perú se abriera a la creciente influencia de China. Más allá de cualquier orientación ideológica, en 2010 Lima y Beijing firmaron un estratégico Tratado de Libre Comercio. Y en 2011, se convirtió China en el mayor socio comercial de Perú, por encima de Estados Unidos.
Pero las inversiones estratégicas provienen de Estados Unidos a través de empresas como Cerro Verde y Southern Copper Corporation, que operan en la explotación del cobre, mineral del que Perú es el segundo exportador mundial. Pero a las empresas estadounidenses se le sumó la canadiense Plateau Energy, que descubrió uranio en 2017 en el sur, en Macuyani . Mucho cambió con el hallazgo de litio por la canadiense American Lithium en Falchani, quizá el sexto yacimiento más grande en el mundo.
La realidad mostraba, con el gobierno de Castillo, que después de Brasil, Perú es el país de la región que recibe la mayor cantidad de inversiones chinas: más de 200 compañías chinas, cuyas inversiones ascienden a más de 30 mil millones de dólares. Pero para Washington, aquella redituable asociación comercial, devino en una estratégica relación establecida en términos geopolíticos.
En abril de 2019 se formalizó la incorporación de Perú a la Iniciativa de la Franja y de la Ruta, proyecto que plantea la reconstrucción de la antigua Ruta de la Seda y China incentivó una asociación mayor a partir de la construcción del megapuerto de Chancay, la principal obra en Latinoamérica financiada desde Beijing- construida por la poderosa empresa marítima china Cosco Shipping Co-, que busca convertirse en el más importante eje comercial entre Asia y Sudamérica.
Las implicaciones geopolíticas de una obra de esta naturaleza resultaron claras para los estadounidenses, ya que este incremento comercial se reflajará también en Chile, Ecuador y Colombia y la conexión con el eje multimodal Amazonas del corredor bioceánico nororiental también convertirá a Brasil en un partícipe clave de esta iniciativa.
Lo cierto es que la presencia económica de China se ha desplazado a otros sectores de la economía peruana, principalmente, al de la minería, con el complejo de Las Bambas, una mina de cobre a cielo abierto que, según Beijing, podría aportar hasta el 1% del PIB peruano. Las inversiones chinas alcanzaron al sector de la generación de energía eléctrica: en 2020 la China Yangtze Power International compró la empresa de distribución eléctrica más grande de Perú, a Sempra Energy, que prefirió concentrarse en sus negocios en Estados Unidos.
Para la diplomacia estadounidense, la destitución y prisión de Pedro Castillo frenó otros proyectos de relevancia impulsados por China, como el ferrocarril bioceánico entre Perú y Brasil, y con ramificaciones en Bolivia y Argentina, mientras EEUU logró frenar las inversiones en telecomunicaciones, en especial la red 5G.
Además, este año deben renegociarse varios contratos multimillonarios de compañías de extracción de gas y se debe actualizar el Tratado de Libre Comercio con China. Para ello, Dina Boluarte deberá resistir en el cargo y cumplir con las expectativas que la embajada de Estados Unidos y el “canciller” estadounidense Blinken pusieron en ella. Obviamente, a ellos no les inteesa si para eso haya que masacrar un pueblo.
*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)