El año electoral latinoamericano entre la calle, las urnas y la virtualidad
Paula Giménez
El año electoral para Latinoamérica comenzó en marzo del 2022 con elecciones parlamentarias en Colombia, para el periodo 2022-2026, continuó con la consulta popular que el pueblo uruguayo le arrebató al neoliberal Lacalle Pou, sobre el articulado de la Ley de Urgente Consideración (19.889) que sirvió de paraguas para ajustes y privatizaciones.
En mayo fue el turno de la primera vuelta de la disputa presidencial colombiana, que finalmente terminó en la victoria del Pacto Histórico el 19 de junio. En septiembre, el pueblo chileno fue a las urnas por el plebiscito constitucional “de salida” y al mes siguiente, para terminar octubre, el amplio frente político encabezado por Lula Da Silva, se impuso en Brasil con una reñida ventaja de votos, algo más de un millón y medio, en un país de más de 215 millones de habitantes.
Que el mundo y las reglas de juego geopolítico están cambiando vertiginosamente resulta un fenómeno indiscutible, expuesto con cierta dramaticidad por el quiebre histórico de la pandemia del covid 19. Las formas anteriores de organizar la sociedad han entrado en crisis incluso antes.
El sistema político-institucional, en términos globales expresa profundas contradicciones producto de un desajuste entre los emergentes estructurales -ligados a la digitalización de la economía- y las manifestaciones superestructurales en la vida social, que no alcanzan a acoplarse a tal proceso de desarrollo de las fuerzas productivas que se encuentran en plena revolución. En esta situación, las anteriores formas de organización de las relaciones sociales quedan subordinadas a las que tendencialmente se van imponiendo mediadas por la virtualidad, pero sin dejar de avanzar en profundidad y extensión.
Los Estados Nación, otrora actores centrales del concierto internacional, van quedando reducidos al papel de administradores de tensiones secundarias, y de garantes de las condiciones necesarias para la apropiación de la riqueza socialmente producida, por parte de la aristocracia financiera y tecnológica que teje, a lo largo y ancho del globo, un Estado Red Global, con sus organismos y centros de planificación estratégica donde se definen los pasos a transitar, hacia un nuevo orden mundial.
Los procesos políticos nacionales acontecen en este contexto que venimos caracterizando, siempre mediados por la lucha de los movimientos y actores sociales que no necesariamente toman la forma de partidos políticos, pero que alimentan las amplias alianzas que llevan a la victoria en las urnas, a las coaliciones electorales que los contienen en sus programas. Aunque no siempre el resultado es positivo y también el campo del pueblo sufre reveses en los resultados, ningún enfrentamiento sucede sin acumulación política.
Tal vez, uno de los más gráficos ejemplos sea el colombiano, que tras la derrota de Petro en 2019, por más del 10% de diferencia, resultó vencedor este año contra todo el aparato uribista y el narcoestado montado y financiado desde el exterior, en connivencia con la oligarquía local. O el caso hondureño que, tras más de una década de golpe militar seguido de fraude, comenzó el 2022 con la asunción de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, electa el 28 de noviembre del año anterior.
El gigante del sur, es otro ejemplo, donde luego del impeachment a Dilma Roussef y la guerra judicial contra Lula que lo llevó a estar casi dos años en prisión con una condena sin pruebas, retorna hoy a la presidencia.
La forma de la guerra también ha virado. Los enfrentamientos con ejércitos tradicionales y armamento físico ya no constituyen la principal expresión de la guerra intercapitalista. El fenómeno multidimensional que conjuga elementos financieros, energéticos, comunicacionales-mediáticos, tecnológicos, ciberespaciales, jurídicos y psicológicos, desdibuja los límites del ataque y la defensa, amplifica los efectos sobre la sociedad civil en su conjunto y pone en cuestión más que en cualquier otro momento, al sistema democrático en su conjunto.
La eficacia de este poder “blando” sobre la voluntad popular, junto a la pauperización económica de la clase trabajadora en la región más desigual del mundo, explica en parte, el avance de las derechas con tintes neofascistas en latinoamérica y la creciente polarización social en nuestros territorios, como así también el aumento de la violencia política y el disciplinamiento de líderes y lideresas políticas.
Las causas judiciales armadas en estudios televisivos o salas de redacción, repetidas sin cansancio ni pruebas en cada pantalla de los dispositivos a los que accede la población cada día, diseminadas sin filtro ni regulación en plataformas y redes sociales, actúan como artillería pesada en las conciencias. Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Argentina dan prueba de ello. Medios de comunicación, plataformas y redes digitales, partidos judiciales y mecanismos de endeudamiento ilegítimo son los brazos de maniobra del poder de facto en nuestramérica.
Las venas no pueden continuar abiertas
Los condicionamientos estructurales de la dependencia económica, con los grupos concentrados de poder rentistas, parasitarios, extractivistas, exportadores en Latinoamérica y El Caribe es, además, una real pesada herencia histórica que continúa operando en el estado de correlación de fuerzas regional, en este momento en que la provisión de alimentos y energía resultan clave en la geopolítica mundial, producto de la guerra entre Rusia y la OTAN.
Los cuantiosos recursos naturales estratégicos de los que dispone la región (agua, petróleo, gas), fundamentalmente los minerales como el litio, el cobre, el níquel, el cobalto, las tierras raras, entre otros, para la transición energética necesaria en la actual fase financiera y digital del capitalismo; su propiedad, explotación e industrialización son un factor clave que debe estar en el centro del debate de todo proyecto político popular que llegue a posición de gobierno, con pretensiones de redistribuir la riqueza socialmente producida y construir soberanía.
Como debe estarlo también, la propiedad hiperconcentrada de los multimedios que constituyen un espacio privilegiado de construcción del sentido que las sociedades le otorgan a los hechos de la realidad.
Si observamos el mapa regional encontramos que un puñado de empresas, generalmente favorecidas por los gobiernos dictatoriales para su expansión económica durante el plan cóndor y que, finalmente pasaron a controlar el sector fusionadas con capitales extranjeros a partir de las privatizaciones neoliberales de la década del 90 en Latinoamérica, hoy se encuentran operando en los mercados de todos los países de la región, controlando los 
servicios de provisión de telefonía fija y móvil, internet, televisión por cable y radio como así también la producción y distribución de contenidos audiovisuales, radiales y escritos.
Entre ellas, Globo, Televisa, Clarín y el grupo Cisneros. No debería llamarnos la atención que distinto es el caso de Venezuela y Bolivia, donde la participación estatal es predominante.
Es importante identificar con claridad a los titiriteros de poder concentrado en nuestros territorios, con sus aparatos de ejecución, para tomar y llevar adelante decisiones de peso desde los Estados, sostenidos y tensionados -en un juego dialéctico- por las organizaciones populares que dan cuerpo a la fuerza social subalterna en cada país.
Necesitamos acciones relevantes en la disputa del poder político y económico si queremos que este tiempo de crisis se torne verdaderamente en una oportunidad para que las y los latinoamericanos recuperemos y profundicemos una democracia participativa y una vida digna de ser vivida. Con el gobierno del Estado no alcanza, pero sin él tampoco es posible.
Batalla en las urnas, movilización masiva de calle, recomposición del tejido social y organización territorial y en las redes virtuales parecen ser algunas de las claves para el avance de los pueblos que luchan en nuestra región y en el mundo. La iniciativa política y la desobediencia a las recetas que encorsetan la lucha, son valores indispensables. Es ahora y tenemos con qué.
*Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Investigadora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).