Los orígenes del lawfare, su motivación disciplinaria y su aplicación en América Latina y el Caribe
Jorge Elbaum |
El último jueves, el legislador trumpista Ted Cruz, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, exigió al secretario de Estado, Anthony Blinken, que Cristina Fernández de Kirchner sea catalogada como corrupta y que se le impida a ella y a sus familiares el ingreso a Estados Unidos. La semana pasada, ocho meses antes de las elecciones en Paraguay, el candidato a Presidente Hugo Velázquez –actual vicepresidente del país– fue catalogado como “significativamente corrupto” por el embajador en Asunción, Marc Ostfield, motivo por el cual renunció a su candidatura.
La criminalización política desplegada en Latinoamérica y el Caribe desde hace dos décadas es una decisión geopolítica resuelta por Washington, para darle continuidad al control del denominado “hemisferio occidental”, luego del desgaste de los golpes militares genocidas ejecutados durante todo el siglo XX y parte del anterior.
El dispositivo –que de todas formas no descarta de plano la asonada policial-militar, como quedó demostrado en Bolivia en 2019– tiene como soportes primordiales a los medios de comunicación acólitos y a fracciones de los poderes judiciales, cooptados por (y para) el entramado neoliberal. Las causas judiciales que impulsan suelen originarse en denuncias domésticas o pueden apalancarse utilizando soportes corporativos de información, que orientan a la opinión pública con datos falsos o tergiversados, aptos para iniciar el escándalo imprescindible para traducirse en una posterior persecución penal.
La ofensiva contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue iniciada a nivel local pero ya cuenta con diversos amplificadores en el norte, todos ellos con vinculaciones con prohombres asentados en Comodoro Py. El director del Argentina Project del Wilson Center –una fundación encargada de hacer lobby a favor de los empresarios estadounidenses e impedir los lazos de Buenos Aires con Beijing– consideró que el cuestionamiento de Alberto Fernández al fiscal que acusa a Cristina, Diego Luciani, “no tranquiliza a las inversores”.
El Wilson Center mantiene como afiliado a su Centro a Mariano Borinsky, uno de los magistrados de casación que deberá recibir la posible apelación de los defensores de la Vicepresidenta en el caso de que el Tribunal Oral Federal 2 decida fallar en su contra.
El alegato del fiscal federal Luciani y la réplica difundida por Cristina Fernández de Kirchner generaron repercusiones internacionales, sobre todo en América Latina y el Caribe. Algunas de esas reverberaciones fueron distribuidas por la tupida red de corporaciones comunicacionales asociadas a los criterios instituidos por el Departamento de Estado, cuyo lema injerencista más utilizado, luego del denominado consenso de Washington, se rotula “lucha contra la corrupción”.
Las primeras evidencias del uso sistémico de la Justicia como herramienta para la defensa irrestricta del modelo neoliberal se registran a principios del siglo XXI, cuando el esquema de los golpes militares quedó expuesto con toda crudeza con sus cifras de aniquilamientos, desapariciones y la correspondiente pérdida del Estado de derecho. Desde fines de la centuria pasada, las fundaciones y los centros de estudio de diversas universidades estadounidenses articulados con think tanks propusieron innovadores modelos destinados a sostener la hegemonía de Washington.
El objetivo estratégico de esas propuestas consistía en darle continuidad a la maximización de beneficios de las empresas trasnacionales y el mercado financiero asociado intrínsecamente a ellas. Se buscaba suplir el formato de la Doctrina de la Seguridad Nacional, por otro sistema apto para responder a los mismos intereses geoestratégicos, orientados a garantizar el unilateralismo.
A partir de 2007, se suceden tres lustros de criminalización política destinados a condicionar a gobiernos de cariz soberanista y a hostigar a dirigentes populares refractarios a las lógicas neoliberales. En ese año, el Presidente hondureño Manuel Zelaya fue sometido en tiempo récord a un juicio político impulsado por las elites locales, en connivencia con los CEOs de las empresas transnacionales y la delegación diplomática de Estados Unidos en Tegucigalpa. Un año después se inició en la Argentina el hostigamiento jurídico-político contra Cristina Fernández de Kirchner, por parte de una alianza entre sectores terratenientes y mediáticos, avalada por las corporaciones empresariales ligadas a Washington.
Durante ese mismo año se produjo una intentona golpista contra el mandatario boliviano Evo Morales impulsada por las empresas energéticas extranjeras, disgustadas por las nacionalizaciones en curso. La ofensiva incluyó la denuncia de una paternidad que la Justicia desechó luego de llevar a cabo los análisis de ADN respectivos.
Espionaje
En 2008, también, el Presidente paraguayo Fernando Lugo fue sometido a un juicio de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Sucesos similares, en gestiones presidenciales guaraníes previas o posteriores, no fueron abordados con el mismo tratamiento.
En 2016, después de una persistente ofensiva de judicialización político-legislativa –atizada por propaladoras comunicacionales– la Presidenta brasileña Dilma Rousseff fue destituida. Algunos de los argumentos utilizados por los diputados en las sesiones del impeachment fueron obtenidos de escuchas ilegales provistas por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. La confirmación de dichas hipótesis se produjo años después, en 2015, con la publicación de las escuchas por parte del portal WikiLeaks.
El programa de espionaje había incluido el propio teléfono de la Presidenta y otros 28 celulares de altos funcionarios, ministros e incluso empresarios. La tentación macrista por escuchar conversaciones ajenas parece tener innovadores previos.
La saga de criminalización continuó con Luiz Inácio Lula da Silva. Se lo detuvo en abril de 2018 y fue liberado en noviembre de 2019. Se buscó en forma denodada su proscripción política, pero los responsables de las imputaciones no pudieron lograr su cometido. Tanto el fiscal de la causa, Deltan Dallagnol, como el procurador general que habilitó la imputación, Rodrigo Janot, fueron condenados por 
malversación de fondos y obligados a devolver 550.000 dólares empleados para supuestos gastos y viajes durante el proceso acusatorio a Lula. El primero de ellos, Dallagnol, además, fue penado por el Superior Tribunal de Justicia el 22 de marzo de 2022 a indemnizar al ex Presidente por daños morales.
Desde el año pasado, diversos analistas mexicanos advierten que el modelo injerencista jurídico empezó a desplegarse también en los tribunales aztecas, donde la oposición tramita amparos contra iniciativas llevadas a cabo por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Presidente denunció el 11 de agosto que la Embajada de Estados Unidos y otras agencias gubernamentales de ese país aportan recursos para grupos de la oposición que negocian con jueces y fiscales la paralización de importantes obras de infraestructura que limitan el poder de las empresas extranjeras.
La triada discursiva del relato neoliberal pos Consenso de Washington ha sido la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos y la criminalización de los referentes populares, caracterizados como enemigos del globalismo por defender proyectos nacionales. Para imponer ese programa, el Departamento de Estado dispone de un presupuesto de 44.000 millones de dólares que utiliza en la formación, cooptación y compra de voluntades en los cinco continentes.
La especialidad de la agencia es el adiestramiento de periodistas, organismos de seguridad y operadores todo terreno de la Justicia. Eso incluye el costeo de viajes para participar en seminarios internacionales, y bases ideológicas y cognitivas orientadas a propagandizar las ventajas del modelo estadounidense.
Capacitación
En Latinoamérica y el Caribe existe un agencia que depende del Departamento de Estado, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por su sigla en inglés), con sede en la capital de El Salvador desde 2008, el mismo año en que se profundizó la criminalización política en la región.
La Academia presume de haber capacitado a miles de operadores de la Justicia, agentes de servicios de seguridad e inteligencia (públicos y privados) en programas compatibles con las demandas instrumentales que requiere la criminalización política. En varios de los seminarios y cursos han participado profesionales argentinos que son invitados incluso sin que sus responsables funcionales estén al tanto de las actividades a desarrollar. Entre las propuestas para este año –en el cual hay inscriptos argentinos– figuran: Investigaciones Financieras por Corrupción Pública y el taller sobre Corrupción Internacional, ofrecido por el FBI.
La primera sede de ILEA se estableció en Budapest, en 1995, luego en Bangkok en 1999 y Botswana en 2001. El centro global de la Academia funciona en Roswell, Nuevo México. Entre sus objetivos, propone:
- Apoyar la creación de instituciones de justicia penal regionales y locales, y la aplicación de la ley.
- Mejorar la coordinación, fomentar la cooperación y, según corresponda, facilitar la armonización de las actividades de aplicación de la ley dentro de las regiones, de manera compatible con los intereses de los Estados Unidos.
- Construir vínculos entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley de Estados Unidos y el futuro liderazgo de la justicia penal en los países participantes, y entre los participantes regionales entre sí.
La persecución a Cristina se vincula con un cuádruple objetivo: en primer término se busca la condena de la Vicepresidenta y su proscripción. En segundo lugar, se pretende el quiebre de su representatividad, basada en su vínculo vehemente con los sectores más desposeídos de la sociedad. Como tercer propósito se intenta volver a coligar al peronismo –como ya se intentó con Juan Domingo Perón, a quien se le iniciaron 119 causas– al sambenito de la corrupción. Por último, se desea liquidar el pluralismo democrático (efectivo) para dar lugar a un bipartidismo bobo en el que se compita por nombres propios –o imágenes– dejando de lado los debates estratégicos sobre proyectos de nación.
El investigador Alejandro Medici caracteriza la criminalización política como una guerra jurídica asimétrica ligada al dispositivo de posverdad jurídica que supone procesos judiciales basados en una “presunción de culpabilidad”. Las evidencias y las conexiones entre los delitos y sus ejecutores son sustituidas por “toneladas de pruebas” que no pueden detallarse ni explicarse en forma causal con evidencias empíricas o testimonios válidos.
Los dos libros del Talmud hebreo fueron redactados entre el siglo III y el V de nuestra era. Son textos recopilados en los que se debaten reglas de convivencia, costumbres y el vínculo de la especie humana con lo trascendente. Una de sus máximas profetiza que será “desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”. Quien parece haber comprendido el mensaje fue Bertolt Brecht, quien agregó: “Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)