Lasso amplió el estado de excepción: crece la movilización contra sus políticas
Eloy Osvaldo Proaño
Este martes se cumplió el noveno día de movilizaciones populares en Ecuador, tras el arribo a de Quito de miles de manifestantes, sobre todo del movimiento indígena. Las medidas de lucha se mantienen a pesar del avance represivo y el nuevo decreto de estado de excepción emitido por el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso y las nuevas amenazas militares.
Luis Lara, ministro de Defensa, en la mañana del martes 21, advirtió que las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional, alegando que detrás de la actividad violenta en las protestas está la mano del narcotráfico. Amenazante, dijo que la democracia de Ecuador “está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas, que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”.
En el noveno día de las protestas sociales a nivel nacional, se registran cierres viales en 13 provincias y suspensión de servicios públicos en Quito, la capital a donde siguen llegando nuevas delegaciones de las comunidades indígenas y se producen varios plantones de artistas a nivel nacional, mientras que la Asamblea Nacional exigió al Gobierno una propuesta al diálogo.
Las movilizaciones se iniciaron a la medianoche del lunes 13 de junio. La convocatoria la hizo la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) para solicitar que el gobierno del banquero Guillermo Lasso atienda una demanda de diez puntos. La respuesta del mandatario fue una dura represión con muertos, heridos y decenas de presos, tras lo cual decretó un estado de excepción el viernes 17 de junio y modificó ese decreto el lunes 20.
El Jefe de Estado consideró que no existe “razón que justifique la violencia” y manifestó que, si las movilizaciones se tornan violentas utilizarán “dentro del marco de la Ley, el uso progresivo de la fuerza”.
Quito, ahora epicentro de la protesta
Miles de campesinos e indígenas siguen llegando a Quito, donde son recibidos por estudiantes y trabajadores. La decisión del Ejecutivo de imponer un nuevo estado de excepción pone en jaque a la Asamblea Nacional, que tenía previsto tratar el estado de excepción original en su sesión plenaria del lunes. Varios legisladores, incluida la bancada más numerosa (UNES) anunciaron su intención de revocar la medida.
Varios vuelos nacionales e internacionales fueron suspendidos, y la Empresa Metropolitana de Pasajeros de Quito suspendió todas las actividades en los servicios de Trolebús y Ecovía. Los empresarios señalaron que en esos días de protesta, los sectores comercial y productivo perdieron (de ganar) unos 800 millones de dólares.
El nuevo estado de excepción presentado el lunes por Lasso estará también vigente por 30 días y deberá ser notificado nuevamente a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional (CC), para su control de constitucionalidad, trámite que no había llegado aún para el primer documento. Así el gobierno gana días para acentuar la represión.
Los movimientos populares criticaron el rol de medios hegemónicos de comunicación que, como en el estallido social de 2019, desinforman a la gente o transmiten dibujos animados a fin de ocultar lo que ocurre en el país, y alertaron a los quiteños de audios donde se habla de que los indígenas cortarán el agua y la luz, jugando psicológicamente con la población
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador reportó 39 vulneraciones de derechos humanos durante las jornadas del paro nacional convocado por la (Conaie), que incluyen 79 detenciones entre el 13 y el 19 de junio, 55 personas heridas por la represión policial, que allanó incluso la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.
Pero ni el estado de excepción dictado para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que este lunes por la tarde Guillermo Lasso amplió por decreto 459, a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, ni el allanamiento y ocupación policial de la Casa de la Cultura, ni la detención de manifestantes, ni los falsos llamados al diálogo por parte del Gobierno, logran frenar la movilización de 14 de las 24 provincias del país.
El decreto 455 (ahora derogado y cambiado por el 459) de estado de excepción, llegó de forma escandalosa a hablar de controlar el internet y el flujo de información -cuestión sobre la que el gobierno tuvo que retroceder- . El nuevo decreto ordena -al igual que el anterior- el uso progresivo de la fuerza, que incluye la fuerza letal.
El Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática, cerraron filas con Lasso y anunciaron que no apoyarían la derogación del decreto, haciéndose eco de la línea oficialista represiva de mano dura. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri (PSC) habló directamente de cercar la ciudad con ayuda de inteligencia del ejército, mientras que el alcalde de Quito estaba tramitando una medida cautelar para impedir que la Asamblea votara la derogación.
Por su parte, la UNES (coalición del expresidente Rafael Correa) y Pachakutik apoyan levantar la excepción y la convocatoria a una mesa de diálogo. Para el miércoles 21 está convocada una movilización nacional de organizaciones sociales y de trabajadores, que se sumarán a las manifestaciones que en varias provincias está protagonizando el movimiento indígena. La ampliación del estado de excepción también busca anticiparse a eso.
* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)