Las cuentitas de colores “marca España”, el expolio y los negocios fraudulentos
Álvaro Verzi Rangel
La época de las carabelas no ha terminado. Quizá los galeones ya no se lleven diez mil toneladas de oro y plata robada a los salvajes americanos, pero sus empresas siguen expoliando la región. La única diferencia desde la llegada de Colón es que ahora las cuentitas de colores de la Conquista tienen estampada la “marca España”. Tras la retórica de la hispanidad se encubren negocios fraudulentos, comisiones, lavado de dinero, cuentas en paraísos fiscales y un sin número de ilícitos. Existe un estrecho vínculo entre las empresas trasnacionales españolas y los gobiernos de la monarquía.
Así hemos visto durante todos estas últimas décadas que siempre los viajes de presidentes y reyes españoles van acompañados por una nutrida delegación de empresarios ávidos de beneficios. Así, gobierno y empresarios impulsan reformas neoliberales en nuestra región a cambio de medallas otorgadas a presidente corruptos como Zedillo, Uribe, Piñera, Macri o Calderón. La lista es amplia.
El documento Una visión estratégica de España para América Latina y el Caribe: un impulso político para un tiempo de cambios, de la cancillería española (entonces, en 2019, a cargo de Josep Borrell) alertaba que en América latina y el Caribe se vivía un escenario de retorno generalizado de populismos, nacionalismos y soberanismos, con revisionismos que cuestionan el papel de España en la región.
El documento instaba a las autoridades españolas a intervenir usando a aliados de las políticas del gobierno español en la región mediante redes de amigos de España: líderes de opinión, profesionales, élites culturales y científicas que ayudaran a recuperar la buena imagen del país. Redes que se activaron en ambas riberas del Atlántico.
Nada diplomático, el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo declaró el primer día de este año 2022: “América Latina no es precisamente un lugar ajeno al modelo de sociedad en el que nos desenvolvemos las sociedades europeas, las sociedades llamadas del Primer Mundo (…) En América Latina se abusa mucho del concepto integracionista y se hace poco en realidad para llegar a integraciones reales entre las economías y los sistemas políticos”.
Como si de una reconquista se tratara, ahora por la vía empresarial, el gobierno de España equipara el interés nacional que guía su 
política exterior –sin cambios sustanciales quien gobierne– a la defensa de los negocios de sus grandes corporativos. España, cerril, se niega a cualquier mínimo atisbo de autocrítica, enrocándose con discursos que reproducen ridículas visiones imperiales, en la glorificación de un pasado hecho de presuntas gestas civilizatorias.
El riesgo que se corre es el de asociar la marca España a las cuestionables acciones de empresas denunciadas por abusos, corrupción o expolio. Por ende, interpretar las acciones soberanas de otros gobiernos como ataques a España es erróneo. No hay nada en las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que amenace los intereses del pueblo español, que no obtiene ningún beneficio de las ganancias de esas empresas, afirma Arantxa Tirado.
La combinación de corrupción y malinchismo (tendencia a preferir lo extranjero frente a lo nacional) tuvo en México como resultado que el pueblo, cada vez más empobrecido, superexplotado y con salarios de miseria, fuera ninguneado y desposeído de sus propios recursos. La nación, atada a los intereses de Estados Unidos por vía del antiguo TLCAN, quedó sin soberanía energética y sometida en asuntos clave como la seguridad.
En este escenario, como lleva denunciando López Obrador desde hace años, algunas de las grandes firmas españolas –OHL, Iberdrola, Repsol, Santander o BBVA, entre otras– lograron penetrar en el mercado mexicano usando el compadreo político. Presidentes, jefes 
de Estado y una diplomacia enfocada a la defensa activa de los intereses empresariales españoles en México fueron exitosos en posicionar a esas compañías en ámbitos estratégicos de la economía mexicana, en detrimento de los mexicanos.
López Obrador propuso hacer una pausa en la relación con España hasta el final de su sexenio, por considerar que empresas hispanas han actuado de manera ventajosa al amparo del poder político, y para que no se siga viendo a México como “tierra de conquista”.
Dijo que se trata de una acción encaminada a que se conozcan los acuerdos de arriba, de las élites. Desde que asumió el poder López Obrador ha tenido al frente del gobierno español al socialista Pedro Sánchez. En ese mismo lapso ha habido hasta dos cancilleres, Arantxa González Laya, y el actual José Manuel Albares.
La primera fue quien respondió al mandatario mexicano que España no tenía previsto ofrecer una reparación de Estado a los pueblos originarios por la invasión de América, tal como le propuso López Obrador para conmemorar los 500 años de toma de Tenochtitlán.
El expolio bis
España es el primer inversor y socio comercial de la Unión Europea en América Latina y el Caribe. Uno de cada tres euros que 
invierten las empresas españolas se dirige a esta región preferente, donde las élites han encontrado un terreno propicio para la expansión de sus negocios gracias a la connivencia del poder político local, que les abrió las puertas privilegiadas de su economía.
Hoy las relaciones comerciales con Iván Duque, en Colombia; Alejandro Giammattei, en Guatemala; Sebastián Piñera, en Chile; Jair Bolsonaro, en Brasil; Guillermo Lasso, en Ecuador, y Mario Abdo, en Paraguay, cuentan con el adjetivo de seguridad jurídica para los inversionistas españoles.
Por el contrario, la expropiación de YPF-Repsol en Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue considerada un ataque a España. La prensa y el gobierno español calificaron la acción de “populismo izquierdista,” robo y una sinrazón política.
Una década más tarde, con el gobierno del neoliberal Mauricio Macri, Felipe VI decidió apoyar todos los programas de reforma en marcha, y los empresarios españoles volvieron a sonreir desde que Macri impulsó recortes salariales, despidos y exenciones fiscales a los empresarios españoles, para que pudieron repatriar sus beneficios y empobrecer a los argentinos.
Pero la corona española y esta “democracia” con monaquía, sólo recuerda el estribillo de que España cuenta con empresas punteras, competitivas, modernas e innovadoras, exponentes de la marca España, que representa calidad y excelencia.
Obviamente, a nadie le interesaba recordar –ni a la ultraderecha, ni a la derecha, ni a los socialistas, ni a la supouesta izquierda- el expolio y etnocidio en Chile, contra el pueblo Pehuenche, cometido por la empresa española Endesa en la construcción de la presa Ralco, constatado por el informe a la ONU redactado por Rodolfo Stavenhagen.
Tampoco recuerdan cómo los empresarios españoles compraron a precio de vaca flaca bancos, compañías de aviación, petrolras, tierras, ríos, bosques, construcciones, puertos. Siempre, la monaquía, con el viejo o con el nuevo rey, obtenía sus comisiones.
La marca España se caracteriza por realizar megaproyectos eólicos, mineros, de explotación turística, donde prima la destrucción medioambiental, la violación de los derechos humanos, la criminalización de las protestas y los movimientos de resistencia.
Sirva como ejemplo la actuación de ACS en Guatemala, en Alta Verapaz. Allí, han sido entubados 30 kilómetros del río Cahabón, equivalente a 80 por ciento del tramo que cubre las poblaciones de los pueblos mayas que habitan el entorno.
Los grandes militantes y periodistas ambientalistas españoles han invisibilizado el desastre ecológico y humano causado por el presidente de ACS, Florentino Pérez, un empresario “ejemplar”: nada escapa a la voracidad empresarial de la marca España.
Sin ruborizarse, extorsionan, desplazan población, pagan a bandas paramilitares, contaminan ríos, destruyen reservas naturales y violan los derechos humanos.
Gobierno, medios y políticos niegan, mienten y se escandalizan cuando provocan desastres medioambientales. Repsol, Iberdrola, Telefónica, BBVA, Santander, Endesa, Zara, Sacyr, ACS, Prosegur, Ferrovial y Meliá, son sólo la punta de iceberg, tras éstas, hay una pléyade de empresas que viven de esquilmar los recursos en América Latina.
Hasta que las élites españolas no cesen su voracidad extractiva y se desprendan del paternalismo, hasta que no entiendan que los pueblos del continente latinoamericano tienen el derecho a disponer de sus recursos de manera soberana, no terminará la insoportable actitud neocolonial que permea todos los discursos mediáticos y políticos sobre la región en España.
La diplomacia española haría bien en dejar su papel de lobista empresarial, apostar por una política no subordinada a los intereses económicos de una minoría y, de paso, aprender de la histórica política exterior mexicana de no injerencia, señala Arantxa Tirado.
La monarquía española (y sus súbditos en los sucesivos gobiernos) aún creen que los latinoamericanos somos pueblos salvajes y que se nos puede seguir expoliando. El 10 de noviembre de 2007, en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, Juan Carlos I se incomodó con las interrupciones del presidente venezolano Hugo Chávez, que dejaban mal parado al presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Como si fuera su súbdito le espetó: ¿Por qué no te callas?… AMLO tampoco calló.
*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)