El gobierno uruguayo agranda las arcas de los de arriba y reparte palo para los de abajo
Nicolás Centurión
Si hay algo que se le puede reconocer al gobierno derechista liderado por Luis Lacalle Pou, es su coherencia. Ni la pandemia pudo frenar -y menos maquillar- su proyecto insignia de ajuste: la Ley de Urgente Consideración (LUC). Ni siquiera la caída en las encuestas sobre la valoración del presidente, de un 65% a un 50%… y sigue cayendo.
Esta semana varios hechos dan cuenta de este camino que ha optado el gobierno y que lo sigue a rajatabla. El destino es uno solo, la transferencia de recursos de abajo hacia arriba. Ello implica un fortalecimiento de la oligarquía uruguaya y el advenimiento de capitales extranjeros para que Uruguay siga siendo un país sin muchos obstáculos para los empresarios que traen sus negocios o a los capitales que vienen a especular.
Para que esto suceda, la clase trabajadora y el movimiento sindical deben de estar adormecidos, timoratos y 
desorganizados. La primavera progresista de quince años del centroizquierdista Frente Amplio hizo perder un poco de músculo a dicho movimiento. La pandemia generó incertidumbre. Pero como manda la historia y como dice el verso de la murga “Metele que son pasteles”, estuvieron a la talla.
La recolección de 800.000 firmas para derogar la LUC en marzo del año entrante hizo recular al gobierno en algunas medidas dispuestas por la propia LUC. Frenó dos subas de combustibles y de tarifas eléctricas porque vieron que era muy negativo para los números de las encuestas. Incluso algunos funcionarios del gobierno hablaron de “suspender” la aplicación de la LUC hasta después del referendo.
En los últimos días Lacalle comenzó a tratar de acercarse al centroizquierdista Frente Amplio (FA) y anunció una reforma para el Hospital de Clínicas que terminaría en 2030, un nuevo tratado de libre comercio (TLC) con Turquía y comentó que espera que el diálogo con la oposición avance con la presidencia del exdirigente sindical Fernando Pereira en el FA, y admitió que “quizás falte un poco de coincidencias y de acercarnos un poco, sobre todo en temas de largo plazo, como el país embarcándose en un TLC”
De igual manera, los reclamos de los trabajadores se siguen haciendo sentir. Unos 50 trabajadores agremiados en el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) cortaron, sentados en la calle, la circulación de vehículos en el acceso norte al puerto de Montevideo. Fueron reprimidos por la policía, en aplicación de la LUC. Allí sí la aplicación de la misma no está en suspenso. “Estas son las nuevas reglas de juego” aseguró el Prosecretario de Presidencia Álvaro Delgado.
Lo mismo sucedió semanas atrás cuando trabajadores del transporte cortaron la circulación en la terminal capitalina de ómnibus de Tres Cruces. La policía dispersó a los manifestantes con balas de goma. A los trabajadores de la empresa Copsa, por ejemplo, le llevan adeudados por dos años sus bonos, aguinaldos y licenciasy además su sueldo quedó congelado por el mismo tiempo de lo adeudado.
Los salarios y jubilaciones no acompañan el ritmo al que aumentan los precios y tarifas. Los jubilados han recibido un aumento de unos míseros 250 pesos (poco más de cinco dólares). Mientras el gobierno juega al achique del Estado, al ajuste y a la desinversión, por otro lado asiste al déficit que arrastra la Caja Militar desde hace décadas con 374 millones de dólares. Para los represores hay fondos, para los trabajadores, no.
Y mientras el Presidente sigue sin aparecer por las ollas populares, va a pasar navidad con el contingente militar uruguayo en el Congo. Obviamente, un hecho publicitario para centrar la atención en el primer mandatario y su extravagante elección, obviando claro, las denuncias sobre abusos de esos soldados.
En un contrapunto de realidades, muchos uruguayos y uruguayas siguen buscando empleo y pasando un fin de año magro. Por otro lado “el agro” festeja exportaciones records y una carga tributaria llegando al mínimo de los últimos cinco años.
Con estas pinceladas, se puede sacar en conclusión que dinero hay, que atención, tiempo y cámaras hay, que soluciones y políticas gubernamentales hay: todo depende de a qué sector perteneces. Si eres trabajador, pobre, estudiante, sindicalista, mujer, docente: la fila es larga. Quizá el 27 de marzo, con el referendo, se puedan cambiar las reglas de juego.
Hasta el referéndum del 27 de marzo, serán muchos los hechos cotidianos vinculados, en el debate público, con los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se someterán a consulta popular. El artículo 468 (impugnado) declara “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público”; y el también impugnado 469, habilita al Ministerio del Interior (MI) a adoptar “las medidas pertinentes” para “preservar” tales espacios.
Por otro lado, el impugnado artículo 392 dice que “el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”. Cada artículo tiene al comienzo, un resumen de su contenido, y el de este dice significativamente “Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa”, pero nada dice sobre el derecho de huelga.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)