Procesaron al expresidente Macri por espiar a familiares del submarino hundido
Rubén Armendáriz
El expresidente neoliberal argentino Mauricio Macri fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al político y empresario de 62 años como “autor” de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017.
El procesamiento de Macri, incurso en distintos delitos de fraude y lavado de dinero de los que ha ido zafando por una justicia hecha a medida de los poderosos, esta vez por espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan no deja dudas: el juez Martín Bava consideró que es el máximo responsable de ese delito. En una resolución de 171 páginas, el magistrado fue categórico y remarcó que las prácticas ilegales del gobeirno macrista recuerdan lo que ocurría en “las épocas más oscuras” de la Argentina.
Luego de analizar la prueba y tomarle declaración, el juez Bava estimó que prima facie Macri es “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”. El fallo también establece que el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de Chile, donde fue recibido este miércoles por el presidente Sebastián Piñera y el candidato ultraderechista José Kast.
Además de sufrir un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos argentinos –aproximadamente 990.000 dólares– el exmandatario “no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”, establece el fallo.
El expendiente señala que Macri se reunió por primera vez con los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre de 2017, cinco días después de que desapareciera el submarino. Entre diciembre de ese año y fines del siguiente, las familias fueron víctimas del espionaje ilegal: seguimientos, infiltraciones, fotos y por esos hechos fue procesado.
Si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Cambiemos fueron múltiples, ésta es en la que, por primera vez, un juez federal le asigna responsabilidad directa al exmandatario. Según reconstruyó el juez, la AFI -desde su delegación Mar del Plata- se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares en marchas, reuniones e incluso misas, con el objetivo de anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba interés nacional e internacional.
“Estas personas no reclamaban otra cosa que justicia y no buscaban más que saber qué había ocurrido con sus seres queridos. No es posible considerar que sus reclamos representaban amenazas a la seguridad interior, a la defensa nacional o a la seguridad presidencial”, escribió Bava.
“La gravedad de los hechos aquí investigados constituye no solo una conculcación al sistema democrático y una violación a las garantías constitucionales, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado”, añadió.
El juez Bava, severamente cuestionado por Macri, quien lo acusó de actuar políticamente en la causa y de estar al servicio del kirchnerismo, consideró que el exmandatario fue responsable de “haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520”, sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre diciembre del año 2017 y finales del año 2018.
“El gobierno nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, escribió el juez Bava en la resolución.
¿Inimputable?
La causa en la que quedó procesado Macri se inició en setiembre del año pasado, a raíz de la denuncia de la actual titular de la Administración Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, sobre la aparición de documentos en la delegación Mar del Plata que daban cuenta de espionaje ilegal sobre los familiares del ARA San Juan. Por el mismo expediente, el juez procesó a principios de octubre al extitular de la AFI y a su segunda en la jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados.
Macri fue inicialmente llamado a indagatoria el 1 de octubre. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de octubre, cuando no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. Bava recién pudo indagarlo el 3 de noviembre. Ese día, Macri únicamente le entregó un escrito al juez y le dedicó un par de provocaciones: le dijo que no quería demorarlo así podía procesarlo antes de las elecciones legislativa del 14 de noviembre.
El procesamiento llegó casi tres semanas más tarde de las elecciones y después de que Bava haya sorteado una segunda recusación que planteó el expresidente para intentar correrlo de la causa. Ninguno de los argumentos de Macri se verificó: ni que el juez lo llamó a indagatoria con el calendario electoral en la mano, ni que se trataba de un magistrado “anti-PRO”.
Bava no dictó la resolución hasta recibirles declaración a los testigos que pidió Macri el 3 de noviembre. Pese a sus problemas judiciales, el expresidente siguió de viaje, esta vez, en Chile, adonde viajó para cumplir con compromisos en su rol de presidente de la Fundación FIFA (Fderación Internacional de fútbol Asociado), donde aprovechó para fotografiarse con Piñera y dar su apoyo al candidato ultraderechista José Antonio Kast.
Para Macri no está dicha la última palabra. En el entorno del expresidente dan por sentado que apelarán el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país. La defensa de Macri, encabezada por el exfiscal Pablo Lanusse, sostuvo como estrategia que los documentos hallados eran producto de las tareas vinculadas a la seguridad presidencial y en este sentido pidió que el juez indagara a funcionarios vinculados a esas gestiones.
En realidad, la meta última del expresidente es que la causa pase a los tribunales capitalinos de Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrismo. Días atrás, el camarista Martín Irurzum ordenó al juez federal Ariel Lijo que diga si debe investgarse allí el caso o seguir en los tribunales de la ciudad bonaerense de Dolores.
Si pasara a los tribunales capitalionos, la revisión del procesamiento quedaría en manos de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que aún dilata las definiciones sobre los 38 procesamientos por espionaje que dictó en febrero el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, antes de que le sacaran el expediente, en otro caso de lawfare en Argentina.
* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)